¿Por qué la minera afirma que sí hay contrato?
El fallo de inconstitucionalidad es contra la ley, no contra el contrato, y juristas importantes y exmagistrados como Molino Mola han dicho que los fallos de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo. Por eso, el contrato y los derechos adquiridos se mantienen vigentes.
Exmagistrados pagados por la mina…
Sí, algunos sí. Otros, como Paco Carreira, han dicho lo mismo sin yo conocerlos.
Si el contrato es válido, ¿por qué están negociando uno nuevo?
Porque el gobierno decidió aumentar los beneficios fiscales y la mina accedió.
Si Ernesto Pérez Balladares lo firmó en 1997, ¿por qué ahora lo cuestiona?
En ese momento -y todavía- los contratos de concesión daban muchos beneficios para atraer la inversión. Lo correcto sería garantizar la seguridad jurídica de las inversiones que se atrajeron. Pero igual, si lo cuestiona no hay punto, porque vamos a tener un nuevo contrato.
El 17 de enero usted firmó aceptando la oferta del gobierno y acordando las condiciones. ¿Qué pasó después?
Estamos honrando los términos generales propuestos, luego de haber negociado los aspectos ambientales y laborales. Eso era pagar mínimo $375 millones al año, de 12 a 16% de regalías sobre las ganancias y el fin de las llamadas vacaciones fiscales, con lo que pagaríamos más que los $375 millones. Y nadie dice que, además, el proyecto con sus colaboradores genera una cuota obrero patronal de entre $100 y $125 millones anuales al Seguro, adicionales a los mínimos $375. Es decir, aportaríamos más de $500 millones.
¿Cuánto pagarían cuando apliquen todas las deducciones como créditos fiscales y agotamiento de la mina?
No te puedo decir exactamente cuánto, pero al final son $375 millones o más.
Según el gobierno están conversando, no negociando. ¿Cuál es la diferencia?
Quedaron pendientes. Lo que propusieron eran términos generales. En la parte económica faltaban detalles que ahora se están discutiendo, y no se incluía en lo absoluto la falta de seguridad y estabilidad jurídica, que cobran muchísima relevancia ahora dada la incertidumbre jurídica en la que se puso la inversión privada más grande del país. Eso no pasa desapercibido ante los ojos de los inversionistas afuera. Eso no es bueno ni para la empresa ni para el país, que quiere venderse como un destino de inversiones.
¿Cuál es el punto de la discordia? ¿Por qué no se ha firmado el acuerdo?
Nosotros estamos listos para firmar, pero en ningún régimen fiscal, de ningún país y para ninguna industria, alguien tiene que pagar un mínimo de impuestos. Tiene que haber un balance. En las épocas de bonanza el gobierno va a recibir más de $375 millones. Cuánto más es el punto de la discordia.
O sea que como hay un mínimo, ustedes quieren que haya un tope…
Más que un tope es un balance. Para poder ahorrar para la época de vacas flacas.
¿Y sí hay tope en otros países?
No sé. Pero mínimos no hay.
¿Qué protecciones piden ustedes?
Acordamos protecciones para cuando los precios del cobre bajan dramáticamente y se afecta la capacidad de producción de la mina de manera que no sea posible cumplir con los $375 millones. El gobierno quiere, además de ese monto, establecer un régimen muy alto, tomando en cuenta que estamos garantizando un mínimo. Eso es único y atípico.
¿Y ustedes qué proponen?
Crear un balance. Si hay un mínimo garantizado, el régimen fiscal no puede ser excesivamente alto porque compromete la continuidad de la operación. El gobierno no se puede llevar todo el beneficio de la oportunidad si no comparte el riesgo.
¿Y el recurso con su riesgo ambiental?
Estoy hablando del riesgo financiero.
First Quantum dijo que estaba a punto de cerrar, y el gobierno contestó que tienen desacuerdos importantes sobre temas clave. ¿Quién miente?
Nosotros hemos sido transparentes y nuestro CEO hizo énfasis en los avances de lo acordado, mientras el gobierno se enfocó en los pendientes. Nosotros cotizamos en la Bolsa de Valores de Toronto y estamos estrictamente regulados en cuanto a lo que decimos y dejamos de decir. Queremos firmar un acuerdo justo.
¿Y el gobierno?
Tendrías que preguntarles a ellos…
¿Qué consecuencias tendría el plan de cuido y mantenimiento?
Para el país, la empresa, nuestros 40 mil colaboradores y sus familias, 2 mil proveedores y las comunidades vecinas. Solo ejecutaríamos ese plan si el gobierno persiste en llevarnos hacia allá...
¿Por qué cree que insisten?
Creo que están mal asesorados por sus asesores internacionales.
¿Y ustedes, que trajeron a la firma extranjera Sullivan and Cromwell, vinculada al tratado Bunau Varilla?
Es asesora de nuestra casa matriz desde antes de invertir aquí. Pero nuestros abogados negociadores son dos firmas panameñas: Morgan y Morgan y Alcogal.
Consecuencias para el país de un arbitraje internacional.
Lucro cesante, daños y perjuicios, pérdida de empleos, impacto negativo en el PIB… Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y el daño reputacional.
First Quantum tiene como accionistas a China y a Singapur. Y en Minera Panamá, Corea del Sur es dueña del 10%. ¿La Constitución no prohíbe a gobiernos extranjeros tener dominio sobre recursos de nuestro país?
La Constitución permite que los recursos sean dados en concesión y las modificaciones al Código de Recursos Minerales entre 2011 y 2012 permitieron la inversión de empresas estatales en el desarrollo de recursos naturales. El dominio y propiedad siguen siendo del Estado.
En Zambia pagan más por menos producción. ¿Allá tuvieron mejores negociadores o fueron menos congos?
Depende cómo lo veas. Ellos tienen más de 10 años sin nuevas inversiones mineras por haber establecido regímenes tan onerosos. Panamá siempre ha querido atraer inversión extranjera. Para eso hay que crear condiciones favorables.
El ministro de Ambiente dijo que ustedes quieren flexibilizar las regulaciones ambientales. ¿La minera no era tan sostenible como decían?
No queremos flexibilizarlas. De hecho, el nuevo contrato establece mantener o aumentar los estándares ambientales.
¿Por qué tienen, según Ambiente, tantos hallazgos ambientales?
Eso es apenas el 1% de incumplimiento. Y los hemos atendido.
Anati les negó el permiso para usar 7 mil 500 hectáreas de bosques. ¿Por qué igual se las tomaron para las tinas?
No lo negaron. Sencillamente aún no lo han aprobado. Y la alternativa fue ejercer el derecho de uso de terrenos nacionales establecido en el contrato de 1997.
¿Pidieron permiso como por cortesía?
Para tener el papel.
¿Quién fiscaliza que lo que reportan es lo que de verdad extraen?
La Dirección de Recursos Minerales del Mici. Les damos toda la información de las ventas y acceso a las instalaciones.
¿Les dicen, ellos les creen… y ya?
Nosotros cotizamos en la Bolsa, somos transparentes.
¿Las comunicaciones del acuerdo no se han dado en conjunto por decisión de ustedes o del gobierno?
Sería importante que existiera una mejor coordinación entre ambas partes… eso evitaría esta zozobra tan innecesaria.
¿Quién está negociando con quién?
De parte del gobierno, el ministro de Comercio, Ebrahim Asvat y sus abogados extranjeros. Por la minera, Inocencio Galindo, Aníbal Galindo y yo.
Errores que han cometido ustedes.
Debimos ser más proactivos antes con divulgar los avances alcanzados.
¿Se han reunido con Cortizo?
Por Zoom, apenas el 14 de diciembre de 2022, cuando se vencía el plazo para llegar a un acuerdo. Personalmente, nunca. Y el equipo negociador tampoco ha ido a la mina. Si lo hicieran, hubiera menos pendientes que resolver. Pero dicen que vendrán cuando cerremos el deal.
¿Y con los presidentes anteriores?
Varias. La relación era fluida.
¿Han financiado campañas políticas?
No.
¿Les han pedido coimas?
No.
¿Hay políticos locales accionistas de First Quantum o Minera Panamá?
De Minera no. De First Quantum cualquiera puede ser accionista.
¿Richard Fifer está vinculado a Broadway, la empresa que anunció el gobierno que invertiría para reactivar petaquilla con el Estado como socio?
No los conozco y no es de las grandes mineras conocidas. Y es importante que el desarrollo de la industria esté en manos de empresas con trayectoria y capacidad financiera y técnica comprobada.
Como panameño, ¿qué piensa de que una minera pague 2% de regalías, con tantos incentivos y sin impuestos?
El 2% se debió respetar por seguridad jurídica. Esas eran las reglas del juego. Pero si se pagará 10 veces más, es una gran noticia... para todos los panameños.
¿Cuándo van a cambiarsu planta de carbón a gas, como lo anunciaron?
No hay fecha exacta; será paulatino. Ya estamos comprando 60 y tantos mega watts adicionales de energías renovables para cubrir la demanda del proyecto.
Su respuesta a quienes alegan que ‘Panamá vale más sin minería’.
Vengan a la mina. Somos un motor importante de la economía y aplicamos altos estándares socioambientales.
¿En qué tiene razón Raisa Banfield?
No se me ocurre nada.
¿Qué piensa de que el contrato deba renovarse automáticamente sin negociación, auditorías ni consultas?
Que si la empresa cumple con sus obligaciones contractuales debe poder continuar su operación sin someterse a la burocracia y la discrecionalidad.
¿Por qué siempre responden sobre su trabajo comunitario cuando se les cuestiona sobre las regalías, si una cosa no tiene nada que ver con la otra?
Es más tangible para el país la contribución económica y social que el pago de impuestos. Eso pone plata en la calle.
¿No deberían pagar por el agua, recurso clave para su operación?
En el nuevo contrato se pagará.
¿Cuánto?
Una suma millonaria.
¿Qué le dice a quienes afirman que si ustedes no usaran tanta agua el Canal podría resolver su falta de agua?
Una cosa no afecta la otra. Pero pudiera haber oportunidad de ayudarlos a resolver su problema. Estamos analizándolo.
¿Qué siente cuando dicen que usted negocia contra los intereses de su país?
Queremos un acuerdo justo. Eso no es negociar contra los intereses de mi país.
Perfil
Abogado. Gerente de Asuntos Legales y Proyectos Comerciales de Cobre Panamá desde hace 13 años y negociador del nuevo contrato minero entre la empresa y el Gobierno.
