El expresidente Ricardo Martinelli anunció acciones penales contra el diario La Prensa, el mismo día que este periódico informó que la Dirección General de Ingresos investiga un puñado de sus empresas y que el Federal Bureau Of Investigation (FBI), de Estados Unidos, alertara a Panamá sobre presuntas operaciones de evasión fiscal, en especial, de Importadora Ricamar, S.A.
Martinelli desmiente estos hechos y ha dicho que la publicación de La Prensa tiene “el único fin de atacarme políticamente”.
La ex primera dama Marta de Martinelli también avisó que procedería legalmente contra el diario. “Allí les va su demanda y a todos sus compinches replicados”, escribió.
Las demandas son una práctica sostenida por parte de Martinelli. Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala que el expresidente ha presentado 16 denuncias y querellas contra La Prensa (de las cuales 14 se cerraron provisionalmente), en las que reclama un resarcimiento de $41 millones. La SIP ha dicho que estas maniobras legales tienen el propósito de imponer la autocensurar a los periodistas.
Piden mayores controles contra la evasión fiscal
Una serie de reacciones en pro de mayores controles tributarios provocó la publicación en La Prensa de la investigación Empresas de los Martinelli, señaladas de evasión fiscal, basada en documentos a los que tuvo acceso este diario, incluida una supuesta declaración jurada y voluntaria del gerente de contabilidad de las empresas del Grupo Martinelli —cuya autenticidad el expresidente Ricardo Martinelli niega— así como a documentos de inteligencia del FBI, que señalan supuestos manejos de evasión fiscal de la empresa dueña de los Súper 99, Importadora Ricamar, S.A.
Dicho documento, con la supuesta firma y huella digital del contador Marcelino Velásquez, quien todavía labora en la empresa de la familia Martinelli, señala que “entre el año 1999 aproximadamente y el año 2014 se dieron una serie de hechos irregulares, encaminados a la evasión de impuestos...”, a la vez que hacía referencia a situaciones “irregulares”, que él habría avalado como encargado de la contabilidad de la empresa.
“Elaboré y autoricé muchos de los registros siendo consiente [sic] que los mismos eran irregulares, sin obtener ninguna ventaja personal, tan solo el poder conservar mi cargo en la compañía”, indica la declaración jurada.
Como ejemplo de esto, el contador se refirió a hechos ocurridos en octubre del 1998, en donde Empresas Martinelli, S.A. habría adquirido dos sociedades extranjeras, en Islas Vírgenes Británicas, con el fin de aumentar los costos de las operaciones de manera ficticia y así poder reducir el pago de impuestos sobre las ganancias generadas.
La declaración también hace referencia a la firma de auditores externos KPMG, la cual, según Velásquez, “fabrica los documentos a través de sus empleados para ayudar a legalizar las estrategias tributarias que ellos mismos diseñaban, sugerían y asesoraban, a pesar de que las mismas son propias de evasión de impuestos”.
Reforzar mecanismos
En 2019, Panamá incluyó la defraudación fiscal en el Código Penal, en el artículo 254-A. Mayra Rodríguez, asesora especialista de World Compliance Panamá en temas de prevención de blanqueo de capitales, delitos financieros y tributarios, señala que el país todavía debe hacer un esfuerzo para difundir y capacitar tanto a los contribuyentes, como a los propios contadores públicos autorizados, sobre cuáles son las formalidades y sanciones que se pueden generar por la defraudación fiscal.
“Panamá es muy nuevo en esto; no tenemos una cultura tributaria definida, el compromiso o el ser solidarios en el pago de nuestros impuestos. Todavía pensamos en cómo no pagar”, dijo.
Según Rodríguez, cuando Panamá es evaluado como país y preguntan sobre los aspectos tributarios, no se pueden dar resultados, porque no los hay. “Es una de nuestras debilidades como país, y creo que hay que hacer un trabajo arduo desde el profesional contador a los contribuyentes en la línea del marco ético”, añadió.
A su vez, el presidente del capítulo panameño de World Compliance, el abogado Tabaré Albarracini, sostiene que se debe continuar en la lucha contra la evasión y defraudación fiscal en todas sus modalidades.
“Ese es el punto principal a cumplir como país en temas de defraudación fiscal, y es una tarea que tienen varias instituciones, tanto la Dirección General de Ingresos [DGI] como el Ministerio Público, a la hora de poder llevar a cabo las investigaciones y sustentar los casos que después deben trasladarse ante un juez para determinar si hubo defraudación o no”, sostuvo.
Alarma
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, resalta que, a pesar de las naturales consideraciones políticas, ya que se trata de las empresas de un expresidente, esto debería ser una alarma.
“En lugar de quejarnos por lo que nos pide el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Unión Europea para salir de sus listas gris y negra, respectivamente, casos como este deben ser la alarma para entender que el problema también es doméstico y no solo internacional, y que subsanar nos beneficiará a todos en el país”, dijo De Obaldía.
“Adicionalmente —explicó— los supuestos esquemas no son extraños a nadie que conozca el poco cumplimiento en el pago de impuestos que caracteriza a cierta parte del sector privado panameño”.
Piden investigación
El presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, Carlos Barsallo, afirma que este caso requiere una investigación profunda de las autoridades competentes, como la Dirección General de Ingresos y el Ministerio Público. Además, indicó, se debe considerar si es una operación que también otras empresas pudieran estar realizando de manera similar y no concentrarse exclusivamente en un caso que podría ser extremadamente mediático por tener un componente político.
“Es una oportunidad para revisar y asegurar que todas las empresas cumplan con las reglas de gobierno corporativo, que no es solo teoría, sino que tiene contenido importante que asegura un menor riesgo en temas de cumplimiento en muchas áreas tributarias. Todo el sector privado y los profesionales que asesoran tienen que hacer cumplir la normativa y ahora es una exigencia cada vez más notoria y por eso tenemos que insistir”, concluyó Barsallo.
