“El uso de fuerza excesiva, la indiferencia y el dolo” con el que actuaron los funcionarios de la Policía Nacional el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, donde se quemaron siete menores, de los cuales cinco murieron, fueron algunas de las razones por las que la Fiscalía Primera Superior se opuso a los recursos interpuestos por la defensa de algunos de los uniformados y que, al final, fueron rechazados por el Segundo Tribunal Superior.
En concreto, el Segundo Tribunal rechazó incidentes de controversia presentados por los abogados de los agentes Eduardo Barreno, Maikol González y Joel Rodríguez, que buscaban anular los cargos por los delitos de homicidio y vejámenes contra menores de edad.
En ese mismo fallo, los magistrados concedieron el incidente a la ex directora del centro Iris Cedeño.
Al sustentar su oposición, la fiscal Geomara Guerra de Jones citó el caso específico de Barreno, quien fue acusado por Maribel Flores, funcionaria del reclusorio, de ser uno de los policías que disparó perdigones a los adolescentes encerrados.
En el caso de los agentes González y Rodríguez, de Jones precisó –con base en los videos– que estos funcionarios fueron quienes arrojaron las bombas lacrimógenas (dentro de la celda seis) que, a su vez, provocaron el fatal incendio.
Además, enfatizó que la conducta de González fue dolosa, pues sabía que algunas celdas estaban cerradas y ello demuestra un despliegue de fuerza excesiva. “Los menores no representaban peligro”, dijo la fiscal.
