Una semana antes de que terminara la pasada administración gubernamental, se empezó a difundir entre los transportistas que se estaban vendiendo, de manera clandestina, más de 500 certificados de operación en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Estos trámites masivos que se estaban ejecutando en la entidad, sin que mediaran los requisitos establecidos por ley en el Resuelto No. 167 de 29 de junio de 1993 (vea tabla), fueron detectados por la directora de la ATTT, Sandra Escorcia.
La funcionaria, quien confirmó la irregularidad, dijo que la semana pasada ordenó suspender los trámites que se adelantaban para la expedición de certificados de operación e inició una investigación del hecho.
Escorcia dijo no poder adelantar más del tema, hasta que avance la investigación. Sin embargo, informó que al cuestionar sobre el particular al ex director de la ATTT Heraclio Batista, éste respondió que durante su gestión no se tramitaron esos documentos.
No obstante, la posición de Batista discrepa con la opinión de varios transportistas que conocen cómo se dio la operación, la cual está suspendida actualmente.
El dirigente transportista Hugo Polo dijo que el “mercado negro” que se desató en la ATTT tenía precio y responsables, empezando por “el ex director de la ATTT”.
Según Polo, los beneficiados fueron los transportistas del interior de la República, pues sus certificados de operación cuestan “en el mercado negro” cuatro veces más que los de la ciudad capital.
Como ejemplo, detalló que el certificado de un bus de la ruta Panamá-David cuesta, aproximadamente, 165 mil dólares; el de Arraiján, 5 mil dólares; y el de Colón, alcanza los 50 mil dólares.
Los taxis no se quedaban fuera de esta jugada, aduce, ya que los certificados para los conductores que operan en la ciudad costaban 500 dólares. “En la ciudad hay muchos taxis, por eso se devaluó el precio para la capital. Esto hizo que el ex director [Heraclio Batista] apostara a los concesionarios del interior de la República”, acotó Polo.
El dirigente transportista sugiere que la investigación debe ir orientada a clasificar cuántos certificados de operación, en trámite, eran conformes a la ley, y cuántos los había tomado el ex director de la ATTT para “tramitarlos directamente con las concesionarias interesadas [gremios o piqueras] para beneficio propio”.
Mariano González, secretario del Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios de Panamá, que está integrado por unos 600 transportistas, mostró a este diario los chats que recibió en su celular que avisaban de la tramitación corrupta que se estaba ejecutando en la ATTT, cuando era administrada por Heraclio Batista.
Opina González que muchos transportistas acudieron al llamado, y ahora, reclaman que culmine el trámite que los tiene parados.
“Cuando se tiene el documento de que se está tramitando el certificado de operación, se puede circular por un tiempo, pero a la larga, los policías te paran porque hay que tener el documento en regla”, sostuvo González.
