Ana Matilde Gómez se convierte hoy en la segunda procuradora de la era posdictadura militar que es separada del cargo y enjuiciada. El otro fue Rogelio Cruz, en 1992.
Hace casi un año, la Procuraduría de la Administración declaró abierta la investigación contra Gómez, al admitir una denuncia que presentó Arquimedes Sáez, el ex fiscal de La Chorrera que en 2005 había sido sorprendido en su residencia recibiendo una supuesta coima en medio de una operación encubierta. Gómez lo destituyó en el acto.
Sáez adjuntó a su denuncia, como “prueba sumaria” , el fallo de la Corte Suprema del 17 de julio de 2007, que declaró “inconstitucionales” las escuchas telefónicas que ordenó Gómez, como parte de la operación encubierta seguida al ex fiscal. Ese fallo de 2007 contiene una vista del procurador de la Administración, Óscar Ceville, desfavorable a Gómez: Ceville opinó entonces que su colega de la Procuraduría de la Nación no era “autoridad judicial” para aprobar la intercepción de las comunicaciones privadas.
Precisamente por esa opinión de 2007, Ceville se declaró “impedido” para acoger la denuncia contra Gómez que presentó Sáez. En su lugar, como procurador encargado, actúa su secretario general Nelson Rojas.
Pero habría otras consideraciones para que Ceville se abstuviera de investigar a Gómez: en la institución que dirige también se dieron “pinchazos”.
Sucede que, por lo menos desde 2008, conocía de unas intercepciones a los teléfonos y computadoras de varias funcionarias cercanas a su antecesora en el cargo, Alma Montenegro de Fletcher, y al ex secretario general Víctor Benavides, hoy magistrado de la Corte Suprema.
Los “pinchazos” fueron realizados por Jorge Ábrego, ex jefe de seguridad de Ceville. Ábrego declaró públicamente que Ceville le encomendó la tarea y le entregó casi mil dólares en efectivo, para que comprara los aparatos para escuchar y grabar. Ceville replicó con una denuncia contra Ábrego, por supuesta “extorsión”.
¿Tiene la Procuraduría de la Administración alguna autoridad para investigarla a usted?
Desde el punto de vista legal, tiene la facultad. Pero desde el punto de vista moral, pierde cualquier fuerza moral para llevar una acusación de esta naturaleza contra mi persona. Porque el señor Ceville aceptó públicamente que él conocía esa situación y nunca la denunció. Entonces, si yo fui abusiva, él fue omisivo. Es el mismo tipo penal, o sea, la misma norma. El abuso de autoridad, por la extralimitación o la omisión a los deberes. Yo de una forma y él por la otra. Ceville manifiesta que esto él lo conoció en el 2008. ¿Por qué no lo denunció?
Pero nadie ha procedido contra el procurador Ceville. ¿Acaso son más graves los “pinchazos” autorizados por usted, que los supuestamente ordenados por Ceville?
Mucho más grave. Sin embargo, al señor Ceville nadie lo va a tocar, porque el Presidente salió a decir que le parecía que no había por qué pedir la separación de Ceville. Este es un tema en el que debió abstenerse de opinar, porque de todas maneras, a favor o en contra, es una injerencia del Ejecutivo en este proceso. Porque para eso hay un procurador suplente [Giuseppe Bonissi], que es el único que tenía la facultad de pedirle a la Corte algo con respecto a Ceville.
¿Por qué a usted sí y a él no?
Pareciera que este procurador tiene una misión que terminar de cumplir. Y es terminar conmigo.
¿Es lo mismo hacer escuchas telefónicas para recabar pruebas en un proceso penal, que para averiguar la vida privada de los subalternos?
En absoluto. Eso es bochornoso, deleznable y completamente ilegal. La escucha de la conversación privada con fines aviesos a esa escucha no tiene ninguna razón de ser. Mi autorización, en cambio, se dio dentro del contexto de una investigación penal y la persecución de un delito grave que está probado. Que no lo hayan llevado a juicio no sé si es parte de los acuerdos dentro de toda esta patraña que se armó contra mí. No puedo entender cómo ese ex funcionario –el ex fiscal Arquimedes Sáez– no ha ido a juicio todavía, porque es un delito que está probado y hay un llamamiento a juicio desde hace tiempo.
Este ex fiscal muy probablemente acuda al juicio y se siente en la sala de audiencia como una persona libre, mientras usted es juzgada. ¿Cómo se siente eso?
Como una gran burla. Y eso para mí es el rostro de la justicia que tenemos. Eso desdibuja el sistema de administración de justicia. ¿Cómo es posible que haya tanto desparpajo? ¿Cómo el sistema permite que cosas como éstas ocurran?
¿Usted ya anticipó que la van a condenar?
Todo ha ido encaminado hacia allá. Así lo reconocen los salvamentos de voto que ha habido. El auto de llamamiento a juicio tampoco me deja muchas posibilidades. Entonces, sería como no querer ver la realidad procesal que me están planteando o la forma en que me está tratando el tribunal que me está juzgando. Yo entiendo lo que me están diciendo desde el día uno.
¿Cuál es su plan frente a una más que evidente condena?
Yo no estoy peleando con el derecho procesal, yo estoy peleando contra el sistema, entiendo el juego de las fuerzas de poder, cómo se han valido del sistema establecido para poder arrinconarme. Yo lo único que espero es poder resistir, para comenzar una batalla que para mí es mucho más importante, que es la de demandar al Estado panameño por lo que ha sido una gran violación de los derechos humanos, empezando por el debido proceso.
¿Cree que irá a la cárcel?
Esto es un delito que tiene pena de 6 a 18 meses de prisión, y también tiene días multa. Ellos pueden decidir el reemplazo de la pena. Buscarán algo que me castigue sin que me victimice. Tomarán cualquier decisión que les permita mantenerme fuera del puesto, porque en la ‘agenda del poder’ no está que pueda volver al cargo.
¿Alguna vez conoció de algún interés del Presidente por sacar al procurador Ceville de su cargo?
Recuerdo una conversación con el Presidente. Estaba el señor [Jimmy] Papadimitriu, él y yo, en la oficina de él. ¿A quién yo puedo usar como testigo de esa conversación? El me dijo que al primero que iba a sacar era ‘al que está en la Procuraduría de la Administración’. Le dije al Presidente que no podía hacer eso, que si se metía con Ceville se estaba metiendo conmigo, con la Corte, con el Tribunal Electoral, con todos los funcionarios que tenemos períodos fijos constitucionales. Dijo ‘ah, sí... Que se quede ahí, pero Papadimitriu: sácale todo lo que tiene en la Caja de Ahorros’. Yo viví ese momento. Por eso sé que estoy fuera del sistema por la voluntad del Presidente, aunque en la forma haya usado a la Procuraduría de la Administración y a la Corte. Yo no le tengo miedo a Martinelli. Por el poquito tiempo en que tuvimos que relacionarnos como procuradora y Presidente, yo sé que estoy fuera por culpa de él. Su estilo de gobierno y sus decisiones, conmigo ahí, no hubieran sido de la misma manera. Yo me habría manifestado en contra de la ley 9 en 1 en la Asamblea, y contra la Ley 32, también. Ceville lo sabe, porque yo fui donde él a decirle esto. Le dije: ‘Conmigo no hubieran contado nunca para hacerle daño a usted’. Ahora yo sé que él también es enemigo mío.
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Una condena anticipada
Juan Antonio Tejada, del equipo de abogados de Ana Matilde Gómez, consideró que existen muy pocas probabilidades de un resultado favorable para su cliente, durante el juicio que se inicia hoy por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Tejada habló de una clara predisposición de algunos magistrados de la Corte Suprema en condenar a su cliente, decisión “que parece no depender de las constancias que están dentro del expediente, sino a circunstancias extrajudiciales”.
Ahora mira hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentará una denuncia por denegación de justicia y violación de los derechos humanos de su cliente.
Aseguró que resulta paradójico que el proceso seguido a Gómez se haya ventilado en los despachos judiciales mucho más rápido que la investigación contra el ex fiscal Arquímedes Sáez, sindicado por el delito de concusión. La investigación contra Sáez –que está libre bajo fianza– empezó en 2005, y en 2008 un Juzgado en San Miguelito dictó llamamiento a juicio. Recientemente, el proceso fue trasladado a La Chorrera.
En el caso de Gómez, por el contrario, hay una inusitada celeridad: la denuncia fue presentada en julio de 2009, y hoy acude a juicio.
La audiencia de hoy será encabezada por el presidente de la Corte, Aníbal Salas, y estarán presentes los restantes magistrados que conforman el pleno, con excepción de José Abel Almengor, que será reemplazado por su suplente, Wilfredo Sáenz, quien además actúa como ponente.
