El diputado independiente Augusto Tuto Palacios presentó nuevas solicitudes a dos entidades gubernamentales para clarificar y fiscalizar los contratos entre el Estado y las empresas que utilizan tierras públicas, como parte de su cuestionamiento sobre los pagos de alquiler por terrenos que pertenecen al país.
El pasado 3 de diciembre, Palacios envió una nota al administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert, en la que solicitó información detallada sobre los contratos y acuerdos celebrados con Panama Canal Railway Company (PCRC) desde 1998. Palacios destacó la necesidad de analizar los términos de la prórroga contractual aprobada en 2023, pero publicada en septiembre de 2024 en la Gaceta Oficial, subrayando la importancia de garantizar la transparencia en el manejo del patrimonio estatal.
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“Entiendo la relevancia que estas concesiones y sus respectivas prórrogas tienen para el manejo de los fondos públicos y la administración del patrimonio del Estado. Es por ello que, en ejercicio de mis facultades y en aras de garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos del país, considero indispensable conocer con claridad los parámetros legales, los procedimientos seguidos y los términos bajo los cuales la anterior administración extendió la relación contractual con la mencionada empresa”, expresó el diputado del circuito 4-1, David, Chiriquí.
Ese mismo día, envió una carta a Soraya Valdivieso, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, en la que propuso realizar un recorrido conjunto por las instalaciones arrendadas a PCRC. Según argumentó, esta visita permitiría evaluar de manera más precisa las condiciones actuales de las estructuras y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
Por año, Aduanas paga $700,363.45 a PCRC por el uso de varios locales ubicados en Curundu, corregimiento de Ancón, terrenos otorgados en concesión a la compañía que opera el ferrocarril desde 1998. La Ley 15 de 17 de febrero de 1998, que otorgó la concesión para la construcción, desarrollo, operación y mantenimiento del Ferrocarril de Panamá, establece que la empresa tiene derecho exclusivo de uso sobre el área de terreno y las mejoras construidas en la misma.
Recientemente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partidas a Aduanas por $3,5 millones, para pagar varios meses de alquiler a PCRC.
El caso del Metro de Panamá S.A.
Pero Aduanas no es la única institución estatal que paga por terrenos que, paradójicamente, son propiedad del Estado. El Metro de Panamá, S.A., destina millones de dólares anualmente en pagos de alquiler por terrenos bajo la concesión de PCRC. Este contrato se encuentra vigente desde 2013, cuando la operación estaba a cargo de la Secretaría del Metro, y se mantiene desde 2015 bajo su estructura actual.
El contrato incluye el arrendamiento de tres lotes en Curundu, donde funcionan oficinas, patios y talleres de la Línea 1. El monto total asciende a $2.9 millones, con renovaciones automáticas cada dos años mediante adendas aprobadas por el Consejo Económico Nacional. Esto implica que, por año, se pagan más de $1.4 millones, y entre 2013 y 2024, el total destinado superará los $15 millones.
“Estamos concesionando para luego pagar alquileres. En 25 años únicamente nos dieron $55 millones y ahora nosotros tenemos que pagarles $3.5 millones en alquileres. Esto es un atraco”, cuestionó el diputado de la bancada Vamos.
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