Dos instituciones del Ejecutivo, ambas con un altísimo perfil político, están en la lista de 27 entidades que serían beneficiadas con un presupuesto adicional al recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el 2023, un año preelectoral.
Se trata de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y la Dirección de Asistencia Social (DAS), que reemplazó al extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), despacho que cerró en 2015 luego de múltiples escándalos.
La descentralización
A la AND, a cargo de Edward Mosley Ibarra, el MEF le recomendó un presupuesto de $278.8 millones para el próximo año, pero la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional pidió al Ejecutivo que le otorgue otros $64.3 millones. Si el Consejo de Gabinete le da el visto bueno a lo propuesto por la Asamblea, la AND contaría con $343.1 millones en el año previo a las elecciones generales de 2024.
Aquí sobresale un detalle importante. El pasado 7 de octubre, cuando Mosley Ibarra acudió a la comisión a sustentar los millones con los que pretende trabajar el próximo año, no se quejó de la cifra que le recomendó el MEF. Tampoco pidió más fondos, ni mucho menos explicó qué programas estarían en peligro por falta de dinero. Su intervención fue una de las más cortas, duró alrededor de 12 minutos, y eso porque al final pidió que se le permitiera poner un video de promoción de la entidad. Ese día nadie le pidió cuentas de los dineros asignados a la institución. Su paso por la Comisión de Presupuesto fue expedito.
¿Sin política?
El pasado 7 de octubre, día en que expuso el presupuesto ante los diputados, Mosley Ibarra, quien reemplazó a Francisco Vigil en la AND luego de su repentina salida de ese despacho, días previos a las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró que su institución asigna los recursos “sin distinción de partidos políticos”.
La Autoridad Nacional de Descentralización es la entidad del Estado a la que ley le corresponde otorgar fondos a las 679 juntas comunales y 81 municipios del país. En 2021, cuando estaba en manos de Vigil, decenas de millones de dólares fueron transferidos a juntas comunales y alcaldías controladas por el PRD, sobre todo en Colón y Bocas del Toro. Vigil nunca explicó cuál era el objetivo de esas transferencias, a pesar de las reiteradas consultas que le realizó este medio.
La DAS
La DAS está bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, entidad a cargo del también vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. De acuerdo con los ajustes que sugirió la Comisión de Presupuesto el pasado jueves al Ejecutivo, tendría $21.6 millones adicionales a los $11.4 millones recomendados por el MEF para esta oficina. El 28 de septiembre cuando Carrizo y su equipo de trabajo fueron a la Asamblea a sustentar el presupuesto para el año próximo, informó que al Ministerio de la Presidencia le recomendaron $213.5 millones, de los que $148.8 millones serán para funcionamiento y $64.8 millones para inversión.
El director del DAS es Francisco Israel Rodríguez, quien en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) fue el director del antiguo Fondo de Inversión Social.
¿Por qué se le quiere dar al DAS $21.6 millones más, si la entidad solicitó $16 millones adicionales?, se preguntó el diputado independiente Juan Diego Vásquez. Si la Comisión de Presupuesto no atendió la mayoría de los pedidos de aumento expresados por distintos jefes de entidades, ¿por qué de pronto le está dando al DAS $5 millones más de lo que está solicitando?
Vásquez también cuestionó los $64.3 millones adicionales para la Autoridad Nacional de Descentralización. Dijo que la Ley 37 de 2009, que rige la entidad, solo contempla dos traslados: el de bienes inmuebles y el de obras y servicios, fondos que son transferidos a los municipios y juntas comunales. “Esta Autoridad de Descentralización está haciendo traslados adicionales, antojadizos y a voluntad (...) Quisiera entender, ¿cuáles son esas juntas comunales? ¿A qué partido pertenecen? Aunque yo me atrevería a adivinar (...)”, aseguró mirando directamente a Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Vásquez también recordó que “lo primero” que hicieron los alcaldes y representantes con los fondos de la descentralización, fue asignarse gastos de representación y movilización. De hecho, la ley de descentralización ha sido modificada para permitir que los gobiernos locales utilicen esos fondos en funcionamiento.
Robinson defendió los fondos para la descentralización. Dijo que es una autoridad que se acaba de crear y que no se limita a los programas de los gobiernos locales. Sustentó que tiene “programas definidos” en los municipios como el de las cámaras de vigilancia en Chiriquí y Colón. Añadió que los ajustes no fueron arbitrarios, que allí estuvo presente el MEF y que los cambios se basaron en “rejuegos” de fondos que entidades no ejecutaron.
En las giras
La DAS es una de las entidades que está presente en las giras comunitarias del presidente Laurentino Cortizo. En esas actividades reparte distintas “ayudas”. Por ejemplo, el pasado 5 de agosto, en una gira en el corregimiento de Soloy, distrito de Besikó, comarca Ngäbe Buglé, entregó mil 300 pares de botas para niños, mil 300 pares de botas para adultos, 30 andaderas, 30 bastones y mil filtros de agua.
De acuerdo a información disponible en su página web, por estos días tiene una lista de compra para suplir a alcaldías y juntas comunales.
En la lista están, por ejemplo, el suministro de materiales para construir una vereda de calle en el corregimiento de Veracruz, Arraiján, por $33 mil 204, y pintura para donar al proyecto “patrimonial, cultural y arquitectónico de la playa Silver City”, por $41 mil 863. Este último proyecto está ubicado en Puerto Armuelles, Chiriquí.
El misterioso traslado
El mismo jueves que se analizaron los ajustes al presupuesto de 2023, la Comisión de Presupuesto sorpresivamente avaló un traslado de partida por $11.9 millones para la propia Asamblea. Sin embargo, el trámite se realizó sin la presencia del presidente de ese órgano del Estado, Crispiano Adames.
Esta suma elevaría el presupuesto del Legislativo para el presente año 2022 a $212.4 millones. Esto es así porque hasta septiembre pasado, la Asamblea tenía un presupuesto modificado de $200.5 millones.
Hasta ayer en la tarde, el Legislativo no había explicado en qué usaría esos $11.9 millones.
