Las millonarias contrataciones directas acapararon el último Consejo de Gabinete que realizó el Ejecutivo.
Durante el más reciente Gabinete se aprobó el contrato directo entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa Aerotocumen, S.A. para la ejecución del proyecto de ampliación de la plataforma principal y nuevas calles en la terminal área, por 26.4 millones de dólares.
Ese mismo día, el Ejecutivo dio el visto bueno al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que contratara de manera directa a la firma forense Arnold & Porter Llp para la prestación del servicio de asesoría legal externa al Gobierno, por un monto de 4.7 millones de dólares.
Además, el Consejo de Gabinete autorizó a la Caja de Seguro Social (CSS) contratar directamente a la Coordinadora Nacional de la Salud (Consalud) para la financiación de los servicios médicos hospitalarios y de segundo nivel de atención a la población asegurada de la región de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, por 3.2 millones de dólares.
Las tres contrataciones directas suman 33.3 millones de dólares.
Cabe mencionar que aunque Martinelli cuestionó esta manera de hacer transacciones públicas durante la campaña, su administración en un año ha otorgado unos 200 millones de dólares en compras directas.
Entre las principales contrataciones directas que ha realizado el gobierno de la Alianza por el Cambio se cuentan: las otorgadas a la constructora Odebrecht para encauzar el río Caldera (Chiriquí): $11 millones, y otra para realizar la segunda fase de la cinta costera, $52 millones. Igualmente dio un contrato a Mer Security & Communication Systems (Branch Panamá) para instalar cercas perimetrales en La Joya y La Joyita, por un valor de $3.3 millones
La censura pública a las compras directas obligaron, incluso, a que el MEF impulsara cambios a la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Ahora, por ejemplo, la convocatoria para la licitación de los contratos que excedan los $5 millones se hace en un período de entre 10 a 40 días calendario. No obstante, para que esto suceda, la institución contratante debe probar que se trata de un caso urgente de interés social.
Y si el monto del contrato es menor a los $5 millones y mayor a $175 mil, la convocatoria se hará en un período menor a los ocho días hábiles.
