En sus primeros 16 meses de gestión, el gobierno de Ricardo Martinelli ha realizado 3 mil 500 contrataciones directas que representan un monto de $490 millones de dólares.
Las anteriores cifras, que se desprenden del portal PanamáCompra, dan cuenta de que las entidades autónomas y semiautónomas realizan, en promedio, 218 contrataciones directas cada mes, lo que les representa un gasto de $30 millones.
A pesar de que Martinelli cuestionó en campaña a su antecesor Martín Torrijos, por este tipo de actos públicos, las compras directas siguen su curso.
Incluso, las proyecciones reflejan que Martinelli podría superar a Torrijos una vez termine su período presidencial, en el año 2014.
En los últimos cuatro años de su gestión (2005-2009), Torrijos celebró compras directas por el orden de $540 millones. En tan solo 16 meses, Martinelli casi llega a los $500 millones. El mandatario se ha defendido de la lluvia de críticas por este tema, argumentando que una licitación demora meses y se requieren soluciones urgentes.
La legislación vigente (Ley 22 de Contrataciones Públicas) establece que para hacer una contratación directa, la entidad debe probar que se trata de un caso urgente de interés social.
Eso no se cumple en todas las instituciones. El mes pasado, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas contrató la empresa Excellence Art, por $71 mil, para la confección de un carro que se usará para los desfiles navideños que realiza la Alcaldía de Panamá.
En agosto, el Consejo de Gabinete aprobó adquirir de forma directa seis helicópteros, un sistema de vigilancia costera y un sistema de cartografía digital. La negociación se realizó con las empresas italianas Agusta Westerland, Selex Sistema Integrati y Telespazio, por un monto de $200 millones.
Las autoridades justificaron la polémica compra señalando motivos de seguridad pública. Esa ha sido la contratación directa más elevada en lo que va de la administración Martinelli.
El Ejecutivo también autorizó al Servicio Aeronaval (Senan) celebrar una contratación directa con la empresa M&M Consulting, S.A. para la adquisición de botas, overoles de vuelo, mochilas y uniformes de gala por un monto de $1.4 millón.
En junio, el Consejo de Gabinete dio el visto bueno al Aeropuerto Internacional de Tocumen y a la empresa Aerotocumen, S.A. para la ejecución del proyecto de ampliación de la plataforma y nuevas calles en la terminal área, por $26.4 millones.
El Consejo Económico Nacional también ha autorizado a los ministerios e instituciones descentralizadas la excepción del acto público. Por ejemplo, avaló que la Empresa de Generación Eléctrica, S.A. contratara directamente por $3 millones a la compañía Chevron de Panamá, S.A., para el suministro de mil 300 galones de combustible para su planta de gas en Betania.
Pero el problema no es individual: ni las contrataciones directas son realizadas por pocas instituciones ni las empresas beneficiadas son elegidas en solamente una ocasión. Una muestra de ello es que el Gobierno ha celebrado varios actos públicos con la empresa Odebrecht, sin licitación. Entre ellos están el de los trabajos para encauzar el río Caldera (Chiriquí) por $11 millones y otro para realizar la segunda fase de la cinta costera, por $52 millones.
Alfredo Prieto, secretario de Comunicación del Estado, dijo que las contrataciones directas son permitidas por la ley y son una solución en momento de crisis. “Los contratos los hemos hecho de forma correcta y por el bien del país”, puntualizó.
