‘Yo fui a ser ministro, no a obedecerle a otro’. José Raúl Mulino

El exfuncionario ha justificado la compra de los radares en entrevistas televisivas, réplicas a este diario y cartas públicas.

José Raúl Mulino fue el ministro de Seguridad Pública durante toda la era del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Presentó, sin embargo, una renuncia “irrevocable” el 15 de marzo de 2012, aunque la misma nunca fue efectiva.

Como “amigo” acompañó a Martinelli durante todo su mandato. Y como copartidario estuvo presente en la cúpula del entonces gobernante Cambio Democrático, llegando hasta la vicepresidencia del partido.

Fue también quien, en representación del Estado panameño, firmó en agosto de 2010, dos de los tres contratos que el gobierno Martinelli pactó con el conglomerado Finmeccanica, por cerca de $250 millones.

Fue por el contrato con Selex, que por $125 millones se adquirió un sistema de radares fijos, que la Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó su detención preventiva. El juez Enrique Paniza, sin embargo, decretó el cambio de dicha medida, acción que fue apelada por la fiscalía.

El contenido de estos contratos fue secreto de Estado durante toda la administración Martinelli. Se alegaba razón de seguridad nacional.

Conforme se han ido dando a conocer los mismos, así como las investigaciones judiciales han ido desvelando los enigmas detrás de la millonaria transacción, los argumentos del exministro también han ido variando.

“Sí firmé, ¿y qué?”. “Yo fui a ser ministro, no a obedecerle a otro” – dijo enfático el exministro Mulino en su primera entrevista con Telemetro, luego de haber abandonado el cargo. “Yo fui ministro, yo no fui un ordenanza... yo respondo por todo lo que tramité y firmé. Yo mandaba en mi ministerio y tengo un privilegio: soy abogado con 32 años de experiencia”.

En su entrevista con Álvaro Alvarado, la mañana del 10 de diciembre de 2014, Mulino hacía referencia a declaraciones ofrecidas días antes por su sucesor en el Ministerio de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, en las que este dijo que había encontrado sobrecostos en varios contratos, “incluyendo los de Finmeccanica”.

La severidad de su postura fue suavizándose con el tiempo. “Yo firmé siguiendo órdenes del Gabinete”. Intentando tomar distancia del contrato de los radares, sus declaraciones empezaron a mezclar dos documentos distintos, el Memorándum de Entendimiento entre Italia y Panamá, y el contrato con Selex.

“El acuerdo lo negoció la Cancillería de Varela, de país a país”, alegó seis meses después. “La historia tú no la puedes cambiar”, dijo a Sabrina Bacal en TVN el 10 de agosto de 2015.

Sin embargo, resulta que el Memorándum lleva las firmas de Silvio Berlusconi y Ricardo Martinelli. En dicho documento, que según Mulino “le obligaba” a contratar con Finmeccanica, no aparece tal obligación.

El Memorándum establece que las partes se comprometen a trabajar conjuntamente en un sistema “que podrá desarrollarse” a través de diversas actividades.

Entre ellas, en el documento que ahora Mulino alega que “negoció Varela”, se mencionan, además de la instalación de radares, otra serie de equipos que no fueron adquiridos, como servicios satelitales, sistemas de tráfico aéreo, aeronaves de patrullaje y la implementación de un sistema de celdas modulares.

El Memorándum no tiene fuerza vinculante. Podía ser terminado por cualquiera de las partes con seis meses de preaviso. Así lo ha indicado claramente la fiscal Zuleyka Moore.

Lo que sí es vinculante, y firmó José Raúl Mulino luego de solicitar autorización al Consejo de Gabinete, son los contratos con Selex y AgustaWestland. Estas compras fueron hechas sin que existiera un estudio previo ni términos de referencia ni licitación.

EL ESTUDIO DE ‘MCKINSEY’

El exministro ha tratado de justificar la compra de los radares por varios frentes, especialmente se ampara en un informe técnico que sostenía amparaba las compras a Finmeccanica.

“La estrategia existe, se diseñó desde agosto de 2009 y se pagó a una consultora de alto prestigio”, dijo Mulino en una entrevista en TVN el 2 de septiembre de 2015. “Yo volé el país entero con ellos”, refiriéndose a los expertos en seguridad.

Refutando unas declaraciones hechas días antes por el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, quien afirmó que no había aparecido estudio técnico alguno que respaldara las compras hechas a Finmeccanica, Mulino dijo: “Son temerarias las afirmaciones de este señor”. El documento, sin embargo, no dice lo que el exministro afirma.

El exministro de Seguridad Pública asegura que los contratos que suscribió Panamá con el conglomerado italiano Finmeccanica se hicieron basados en las recomendaciones en materia de seguridad elaboradas por la consultora McKinsey & Co.

Pero el informe preparado por McKinsey & Co. no hace alusión alguna a la compra de radares. Tampoco recomienda compras a Selex, la filial de Finmeccanica.

El informe de 57 páginas se empezó a elaborar en junio de 2009, un mes antes de que Mulino asumiera el cargo.

Seis meses después –el 11 de diciembre de 2009–, fue entregado oficialmente al gobierno de Ricardo Martinelli. Este informe se elaboró, al menos, siete meses antes de que el exministro Mulino firmara los contratos con Selex y AgustaWestland.

“El tema de radares sí formaba parte de nuestra estrategia de seguridad, ya desmontada por el gobierno actual”, enfatizó Mulino también durante la misma entrevista concedida a TVN.

Al día siguiente de esa entrevista, el exfuncionario aseguró en Nextv que “el concepto de radares, lanchas y helicópteros era un paquete que se complementaba uno con otro”. Sin embargo, no volvió a mencionar el informe McKinsey.

ALCANCE DE LOS RADARES

En una carta abierta, con fecha del 21 de febrero de 2016, titulada La Verdad sobre las Mentiras, aseguró que “por caprichos politiqueros no tendremos radares para proteger la entrada de drogas a nuestras costas”.

En la misiva, Mulino pasó por alto que el sistema de radares no cumple con la función por la cual el gobierno de Martinelli dijo haberlo adquirido.

Tampoco mencionó algo que fue evidente una vez el contrato con Selex se hizo público: en el texto no aparece que el objetivo del contrato es la detección de las pequeñas lanchas utilizadas por los narcotraficantes. Ni siquiera se menciona el tráfico de drogas.

Solo en un anexo toca el tema, sin que sea el requisito fundamental como se le quiso vender al país.

En la propuesta técnica se establece que Panamá está comprando un “sistema de vigilancia marítimo” que tendrá funciones de seguridad costera (“reducir” el tráfico ilícito de drogas, proteger infraestructuras, reducir inmigración) y de gestión de tráfico marítimo. Nada se establece sobre las pequeñas embarcaciones que invaden nuestras costas cargadas de droga.

Ya antes Mulino había afirmado: “¡La narcoguerrilla tomó champaña!”. Lo dijo cuando el gobierno actual decidió suspender unilateralmente el contrato con Selex.

Pero hay más: por tratarse de un sistema de radares fijos, una vez detectada la ubicación de estos equipos, los narcotraficantes utilizarían otras rutas para pasar desapercibidos.

Aprovecharían los huecos dejados por las enormes distancias entre uno y otro radar, incapaces de cubrir una fracción mínima de los 3 mil 543 kilómetros de costas.

Los radares, además, una vez instalados solo detectaron lanchas en un rango de 10 millas náuticas. Con esta distancia las autoridades tienen una capacidad de reacción mínima si se dedicaran a la detección de una lancha rápida utilizada por narcotraficantes.

Cabe destacar que Selex no tenía experiencia previa en la captura de naves de narcotraficantes mediante sistemas integrados.

El ex director comercial del conglomerado, Paolo Pozzessere –imputado por corrupción internacional–, aseguró en el juicio que un sistema que integraba varios productos de defensa (radares, helicópteros y mapas digitales) era novedoso y serviría como modelo para ofrecerse a otros países.

Mulino, que siendo ministro fue advertido por los oficiales del Senan de estas pruebas, ha indicado que se trataba de un problema de “calibración”, y que había que poner a funcionar el sistema completo. “El tema de los radares se va a resolver sin ningún problema”, dijo en su primera entrevista a Telemetro.

Según la fiscal Moore, Mulino “era conocedor del resultado de las pruebas en cuanto al objetivo y el incumplimiento del sistema de vigilancia costera, pero no hizo referencia a ello ni dejó constancia por escrito que, al practicar las pruebas en los siete radares ya instalados, no se cumplía con el contrato, había incluso reportes de daños que el proveedor no atendía desde el mes de mayo de 2014”.

Finmeccanica ha aceptado retirar los radares ya que el sistema ha resultado inadecuado para los requisitos de seguridad panameña, en sus esfuerzos por detectar pequeñas embarcaciones.

“FUE ELLA QUIEN ORDENÓ LOS PAGOS”

El 28 de febrero pasado escribió otra misiva. En esta, el exfuncionario cuestiona el ahorro de $100 millones anunciado por el presidente Varela, luego de alcanzar un acuerdo con Finmeccanica que incluye el retiro de los radares, y advierte de los pagos hechos por el gobierno actual a Selex.

“A mí no me salen los números y reconozco que soy abogado huyéndole a estos. Este Gobierno pagó $68 millones a Selex. La viceministra [Eyda] Varela de Chinchilla, cuyo testimonio me negó el fiscal, estuvo al frente de este pago. Cuando este pago se da, ya el Gobierno había roto unilateralmente el contrato, quedando al descubierto todas las cláusulas que protegían al Estado y las garantías de los equipos”.

Los pagos de los que habla Mulino se gestionaron desde que él era ministro de Seguridad. Desde 2011, la empresa presentó facturas bajo el esquema de cuentas de pago parcial (CPP). Sin embargo, durante la administración Martinelli no se realizó ningún desembolso.

De acuerdo con el contrato firmado por el propio Mulino, una vez presentadas las facturas y aceptadas por Panamá, se emitía una CPP a favor de la empresa, que, a su vez, las cedía a un sindicato de bancos liderado por Citibank Londres.

Las CPP se convierten en obligaciones incondicionales del Estado una vez entregadas al banco.

El exministro Mulino ha cuestionado en sus cartas públicas que, por estas gestiones de cobro, no le pueden señalar a él particularmente la supuesta comisión del delito de peculado, porque los pagos se hicieron efectivos en la gestión de su sucesor en el Ministerio de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.

Sin embargo, fue él quien dejó obligado a pagar al Estado panameño justo antes de abandonar el cargo.

El 14 de mayo de 2014, pocos días después de pasadas las elecciones, Mulino firmó todas las CPP atrasadas y las envió a la Contraloría para su refrendo. Eran más de $68 millones en favor de Selex, el primer y único pago hasta ese momento asumido y cedido a los bancos. Apenas inició el nuevo gobierno, los bancos conminaron a Panamá a pagar, so pena de ser declarado en “default”.

AGAFIA

La existencia de una “comisión oculta” en favor de la sociedad Agafia, fue siempre para Mulino “un problema entre italianos”.

No importa las veces que los medios de comunicación, en base a los hallazgos de los fiscales italianos, indicaron al exministro panameño que la sociedad se beneficiaba de los pagos hechos por Panamá, Mulino siempre desechó el tema.

“Tú eres libre de contratar con quien te dé la gana y darle comisión a quien te dé la gana”, dijo a TVN el 2 de septiembre de 2015.

“Como abogado que soy entendía que no estaban en mis facultades como ministro desconocer un contrato, porque ustedes y otros medios informaban de los problemas de las empresas en Italia que han terminado de confirmar que ese era un tema entre ellos y no del Gobierno panameño”, escribió el 1 de febrero en una carta a La Prensa.

Conforme al acuerdo alcanzado entre el gobierno actual y el conglomerado Finmeccanica se confirma que, en efecto, existían contratos entre las tres filiales italianas y la sociedad Agafia (que, según los fiscales italianos, los accionistas son Ricardo Martinelli y Valter Lavítola).

Al momento de establecerse el precio de los contratos ya la “comisión” a Agafia había estaba incluida. Si bien Finmeccanica ha reconocido este hecho, insiste en que la comisión al final no se pagó. Panamá no solo probó la existencia de la “comisión”, sino que consiguió que Finmeccanica devuelva lo que considera fue un sobrecosto.

Ahora Mulino pretende cambiar el argumento: había comisión, pero no se pagó. Por lo tanto, no hay delito.

UN CONTRATO SIMPLE

Las obligaciones asumidas por Panamá con Selex están contenidas en un contrato de 18 páginas, más 2 anexos que cuentan con más de 144 páginas.

Mulino, durante su permanencia en el cargo, aprobó dos modificaciones, una de ellas dos semanas antes del cambio de gobierno, extendiéndole a Selex la vigencia del contrato. Un contrato que para entonces había sido fuertemente criticado por las deficiencias técnicas y por la “comisión oculta” en favor de Agafia.

Paralelo a los tres contratos originales, se pactó otro concerniente al financiamiento con el sindicato de bancos liderado por Citibank.

Sin embargo, para el exministro José Raúl Mulino, en declaraciones dadas antes de su detención, el contrato con Selex “era un contrato simplista”. El contrato de financiamiento, firmado por el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, era “el difícil”.