“Soy una del gran grupo de sorprendidos. Me pareció aberrante”. Así se expresó la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, al anunciar el inicio de una investigación por la licitación convocada por esa entidad, a través de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas), cuyo monto es de $4.6 millones, a fin de adquirir diez vehículos potabilizadores de agua.
Berrío afirmó que, tras leer la investigación de La Prensa, solicitó al director de Contrataciones Públicas (DGCP), Raphael Fuentes, suspender el acto público convocado para este lunes. “Hemos solicitado que se suspenda el acto público para poder hacer una investigación sucinta de la situación y poder entender qué es lo que está ocurriendo con ese acto público y así responder al país”, resaltó la ministra Berrío.
Las declaraciones de la funcionaria se dieron en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, cuestionada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, sobre el costo de estos carros por encima del precio comercial, tal como reveló la investigación de este medio. “Me tranquiliza y tranquiliza al país y eso es lo que debemos hacer… Qué bueno que tenga el interés de investigar y entender para cuidarse usted y las finanzas públicas sobre todo en este momento delicado”, dijo Vásquez.
Viceministra Berrío explica las razones por las que fue pospuesto una cuestionada licitación para adquirir vehículos potabilizadores.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/njDQOMmsBm pic.twitter.com/k2NizcfTSz
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 26, 2022
Suspensión
A través de una resolución, el director de la DGCP, Raphael Fuentes, ordenó al Minsa remitir el estudio de precios de mercado que sustenta la forma en que se estimó el precio de referencia para el acto público convocado para este lunes.
La nota ordena, además, la suspensión del acto púbico, y advierte que no cabe recurso alguno, de acuerdo con la Ley 22 de 2006, que regula el tema y que lo faculta a exigir la sustentación de precio.
Fuentes resaltó que, a su juicio, “los cambios técnicos introducidos por la entidad licitante, a través de la Adenda 1, disminuyen algunas exigencias técnicas que los equipos a ser contratos, ameritan exigir a la entidad licitante sustente ante esa Dirección”.
Mencionó, por ejemplo, el kilometraje que, de solicitar vehículos con 0 kilómetros, ahora permitirá que tengan hasta 500 kilómetros de recorrido. La eliminación de la exigencia al contratista de entregar los manuales de mantenimiento, disminuir la profundidad mínima de succión de la bomba y la altura mínima de expulsión de la bomba que integra el sistema de bombeo del vehículo. Los puntos señalados por Fuentes coinciden con los hallazgos de la investigación de La Prensa.
El presidente de Raditek, Alejandro Carrizo, interpuso una acción de reclamo ante la DGCP, al considerar irregularidades en el pliego de cargos de la entidad. En el documento publicado en PanamaCompra se observa que Carrizo describió que, al preguntar a Alvarado sobre la procedencia de las especificaciones técnicas de los vehículos solicitados para el acto público, este le indicó que “lo sacamos de internet”.
Cambios
Hora y media antes de que comenzara el acto de licitación, el Minsa emitió una adenda al acto público, posponiéndolo sorpresivamente para el 19 de octubre.
Algunos de los empresarios interesados en participar en la licitación expresaron a este medio su sorpresa, ya que se enteraron poco antes de que se cumpliera el término para entregar por vía electrónica sus propuestas a la entidad de salud.
Señalaron que se enteraron por PanamaCompra, toda vez que la Ley de Contrataciones Públicas indica que las notificaciones deben realizarse a través de esa vía. Sin embargo, coincidieron en que los actos públicos deben permitir el mejor monto para el Estado y no para el empresario.
Uno de los comerciantes consultados señaló que le parece “ridículo y exagerado” el precio estimado de estos vehículos para transformar agua cruda en potable. “No puede ser posible que los fabricantes tengan un precio y acá en Panamá quieran aprovecharse de la necesidad de la gente para hacer el negocio millonario”, dijo.
Una investigación de este medio reveló que el Minsa estaría dispuesto a pagar $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren a precios que oscilan entre $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.
Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría el monto antes señalado por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado en la licitación al principio, cuando pedían vehículos “0 kilómetros”.
También se detectó que este tipo de sistema se viene utilizando, desde noviembre de 2021 por el Minsa para suministrar agua en tierras altas en Chiriquí y Bocas del Toro, de acuerdo con informes de la entidad.
Entre las 10 empresas interesadas en participar en el acto público se encuentra Galmobile, pero el Minsa no corroboró a este medio si se trata de Galmobile América, S.A. o Galmobile, S.A., únicas sociedades con nombres similares en el Registro Público.
El 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. con supuestos fondos públicos.
Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria), fue inscrita un año después. Lancini y Orozco aparecen también con los mismos cargos en la sociedad Grupo Betco Zona Libre, que tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi.
El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a este medio ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? y ¿qué institución o empresa realizó el estudio de mercado? La solicitud de información se hizo desde el pasado 9 de septiembre, sin que se haya recibido una respuesta hasta el momento.
