Procuradores, fiscales, secretarios de despacho, delegados, informantes y miembros del Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos se encuentran en la mira del crimen organizado que opera dentro y fuera de Panamá.
El pasado 12 de junio, la DEA, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá, realizó un operativo para desarticular una banda de cinco sicarios colombianos que tenía como objetivo asesinar a uno de sus agentes que labora en Colombia, pero que se encontraba de visita en Panamá.
Esa operación tomó de sorpresa a las autoridades del Ministerio Público, quienes confirmaron el hecho, pero prefirieron no brindar mayores detalles. Por su parte, la DEA, en Nueva York, señaló que los sicarios fueron contratados por el cartel del Valle del Norte.
No es la primera vez que la DEA sale en defensa de los suyos en Panamá. Aunque esta vez tuvo suerte, el 2 de agosto de 2002 fue diferente. En esa fecha, fue secuestrado y asesinado el informante panameño Ramón González.
Los carteles de la droga también han atentado contra funcionarios panameños. De eso puede dar fe José Abel Almengor, actual secretario de Seguridad de la Presidencia de la República, quien recibió amenazas de muerte cuando fue fiscal antidrogas.
En el tiempo que ejerció como fiscal (de finales de 2006 a mayo de 2009), le tocó desarticular una pandilla de siete sicarios que tenía la misión de matar a funcionarios en Panamá. Aquello ocurrió en octubre de 2007.
Rogelio Cruz, ex procurador de la Nación, contó que el primer atentado contra los organismos de seguridad en el país luego de la intervención militar estadounidense, se realizó el 5 de noviembre de 1992, cuando estalló una bomba en la sede del Ministerio Público, en avenida Perú. La explosión dejó un saldo de 12 heridos.
Para Cruz, mientras existan delincuentes por perseguir, los investigadores recibirán amenazas y sufrirán atentados.
A raíz de esa y otras situaciones, el Ministerio Público reforzó la seguridad, instaló equipos, como barras detectoras de metales y cámaras de video, explicó James Bernard, fiscal primero superior.
El funcionario actualmente investiga el atentado contra Armando Guitten, asistente de una fiscalía en Colón, que el 16 de septiembre de 2006 recibió seis tiros. Se cree que a Guitten lo balearon porque lo confundieron con su jefe.
Ese mismo año, pero el 19 de julio, falleció Franklin Brewster, jefe de la Unidad Sensitiva de la Policía Técnica Judicial (hoy, DIJ). La DEA se llevó muestras y tejidos del cuerpo de Brewster. Así se supo que murió envenenado.
Las actuales instalaciones del Ministerio Público se han convertido en otro dolor de cabeza. Ahí convergen fiscales, delegados, asistentes, aseadores, secretarias y delincuentes. Todos utilizan las mismas puertas, baños, escaleras y elevadores.
Bernard ha aprendido a convivir con el miedo. A su personal le dice que si tienen algún temor, es mejor que cambien de trabajo.
Hace tres años, la procuradora, Ana Matilde Gómez, solicitó al Ejecutivo un crédito para reforzar la seguridad en las instalaciones y perímetro del Ministerio Público. La petición le fue negada.
