El contrato minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá deberá pasar ahora por la Contraloría General de la República, luego que el Consejo de Gabinete aprobara las modificaciones al documento esta semana.
Ante las interrogantes de este medio, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, subrayó que el contrato debe ser firmado por las partes y sometido a la revisión y fiscalización de la Contraloría.
“Una vez refrendado, será sometido a la Asamblea Nacional, para su aprobación o no”, puntualizó.
Como se recordará, el Ejecutivo anunció el pasado martes que se eliminaron del contrato las cláusulas relacionadas con la expropiación de tierras.
Además, el Gobierno asegura que la empresa solo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos (Colón).
En un comunicado, el Ejecutivo también informó que se eliminó el derecho de la empresa de solicitar el acceso restringido de los beneficiarios finales y que esta información está sujeta a la ley general de Panamá.
Como última modificación se eliminó que la empresa restrinja el espacio aéreo.
Se trata de las recomendaciones que hizo, en su momento, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, luego de un proceso de consulta pública que incluyó visitas a los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, así como La Pintada, en Coclé.
En ese contexto, Alfaro señaló que sostuvieron conversaciones con la empresa para acordar las modificaciones al contrato.
“En todo contrato, las partes deben negociar y acordar los cambios. Efectivamente, se sostuvieron reuniones con la empresa para atender las preocupaciones de la población y acordar los cambios”, acotó.
Sobre cuándo el nuevo documento podría estar llegando nuevamente a la Asamblea, el funcionario mencionó que una vez sea refrendado, entonces será sometido a la Asamblea Nacional.
Reacciones
El anuncio del Gobierno ha generado reacciones relacionadas con las modificaciones al contrato minero.
Por ejemplo, la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecamaras) planteó que son conscientes de la importancia de que el desarrollo de cualquier sector de la economía debe en primera instancia realizarse de manera sostenible, protegiendo el medioambiente y los derechos de las comunidades, por lo que debe ser actualizado el Código Minero acorde a las mejores prácticas globales para la industria.
También consideran necesaria una “moratoria” sobre nuevas actividades mineras hasta tanto no se actualice el Código Minero.
Además, reconocen la significativa inversión realizada por Minera Panamá, por lo que consideran conveniente proseguir con la concesión, modificando ciertos términos negociados y teniendo en cuenta el mejor interés del país, la generación de empleo, los aportes a las comunidades, su impacto en la economía y las contribuciones al Estado panameño.
“Vemos con mucha preocupación el que grupos con posiciones extremas, sean estas a favor o en contra, recurran a métodos inapropiados para expresar sus posturas, en lugar de propiciar un ambiente conducente a la búsqueda de la solución más conveniente y equilibrada en los mejores intereses del país”, indicó la organización empresarial en un comunicado.
Por su parte, la Alianza Pueblo Unido por la Vida también se pronunció ayer miércoles señalando que la población ha expresado claramente estar en contra de la minería a cielo abierto. De hecho, convocaron a una marcha para hoy jueves a las 4:00 p.m., desde el Parque Porras hasta la Presidencia de la República.
La postura de esta alianza que integran organizaciones ambientales y sindicales es que se cierre la mina, se aplique una moratoria minera y se realice una consulta a la población y mediante referéndum se decida si se quiere o no un país minero.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) también anunció que estaría participando de esta marcha.
Cortizo defiende contrato
Por su parte, el presidente de la república, Laurentino Cortizo, reiteró ayer miércoles que el contrato con Minera Panamá, con sus respectivas modificaciones aprobadas por el Consejo de Gabinete, “es bueno para el país”, ya que representa, entre otros beneficios, la entrega al Estado panameño de cerca de $800 millones.
“Este contrato es bueno para el país, para los más de 114 mil jubilados y pensionados; es bueno para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte; es bueno para los tres distritos colindantes con la mina, cuyos corregimientos son muy vulnerables, y es bueno para mejorar la calidad de la educación, porque se destinan $20 millones para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador”, sostuvo el presidente durante una gira en Veraguas.
Al igual que Alfaro, manifestó que las modificaciones aprobadas por el Gabinete, luego de que se consideraron vinculantes las opiniones de la población durante el primer debate del proyecto en la Comisión de Comercio, pasará ahora para refrendo de la Contraloría y, posteriormente, a los respectivos debates en el Legislativo.
Mientras que Minera Panamá mencionó que con la aprobación del contrato por el Consejo de Gabinete se “garantiza la estabilidad jurídica” de una inversión que supera los $10 mil millones, asegurando así la estabilidad de sus colaboradores, comunidades, proveedores y accionistas.
“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de avanzar de manera sostenible y responsable en beneficio de Panamá”, concluyó la empresa.
