Una mora de 10 años tiene Panamá en el cumplimiento de tres de las cuatro sentencias dictadas contra el Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El primer fallo data de 2001 y fue el resultado del proceso impulsado por Ricardo Baena y otros.
En este caso, la Corte IDH condenó a Panamá a reparar el perjuicio de 270 trabajadores del privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, despedidos en 1990 tras participar en una protesta laboral.
Además, le ordenó pagar 100 mil dólares como reintegro de gastos generados por las gestiones de las víctimas y sus representantes, y 20 mil dólares como reintegro de costas causadas en los procesos internos y en el proceso ante el sistema interamericano de protección.
En mayo de 2010, la Corte emitió una resolución de revisión de dicha sentencia y recordó a Panamá que este caso seguirá abierto hasta que concluya el pago a las víctimas. Ya se han hecho dos pagos y faltan otros dos.
La segunda sentencia fue dictada en 2008 por el caso del asesinato, en 1970, del dirigente Heliodoro Portugal, y aún el Estado tiene pendiente tipificar en el Código Penal los delitos de desaparición forzada y tortura; que las víctimas reciban tratamiento médico y sicológico; y que los responsables del hecho sean condenados.
La tercera y más reciente condena fue dictada en noviembre de 2010 por el caso de la detención y encarcelamiento ilegal del inmigrante ecuatoriano Jesús Vélez Loor, en 1992, por el cual Panamá debe pagar cerca de 59 mil dólares, y tiene un año de plazo para hacerlo.
Hay una cuarta sentencia contra Panamá, la del caso del abogado Santander Tristán Donoso, cuyas comunicaciones fueron violadas en 1996, la cual incluía el pago de 30 mil dólares a la víctima, y ya fue cumplida.
El canciller Juan Carlos Varela dijo este lunes que Panamá tiene la buena fe de cumplir las sentencias.
