Mulino intenta restarle poder a la Asamblea en el manejo del presupuesto ¿Cómo lo hará?

Mulino intenta restarle poder a la Asamblea en el manejo del presupuesto ¿Cómo lo hará?
El presidente, José Raúl Mulino. Elysée Fernández


El presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó clara su postura respecto al dominio del presupuesto: “Yo no voy a renunciar a la facultad que tiene el Ejecutivo de controlar el presupuesto de la Nación”.

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Proyecto de ley busca devolverle al Ejecutivo el manejo de los traslados de partidas

El mensaje de ayer jueves 18 de julio estaba claramente dirigido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que en los últimos quinquenios se ha convertido en un espacio donde los diputados miden fuerzas con el Ejecutivo por el control de los recursos estatales. El pulseo se da cada vez que algún ministerio solicita el traslado o la asignación de una partida presupuestaria.

A través del Consejo de Gabinete, encabezado por el mandatario, se aprobó el pasado martes 16 de julio una propuesta legislativa que modifica artículos de la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024.

La iniciativa le permite al Ejecutivo el manejo de los traslados de partidas hasta un monto de $5 millones, lo que queda de este año 2024.

Según se informó, la medida obedece a que el Ejecutivo fue perdiendo gradualmente en el tiempo esa potestad, puesto que a partir de la vigencia de este año, el manejo de los traslados de partidas quedó en manos de la Comisión de Presupuesto al 100%.

De hecho, la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024, indica que los traslados de partidas de “cualquier monto” debían pasar por la Comisión de Presupuesto para su aprobación o rechazo.

Un año antes, por medio de la Ley 336 del 14 de noviembre de 2022, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2023, se estableció que los traslados de partidas por encima de los $200 mil debían ir a la Comisión de Presupuesto para su aval.

En otras administraciones, como las de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), el monto establecido por ley que requería aprobación de los diputados era de $300 mil o más. Al menos, así está establecido en las respectivas leyes de presupuesto de esas gestiones gubernamentales.

Las explicaciones de Mulino

Durante el conversatorio con los medios de comunicación, Mulino dijo que la vieja Comisión de Presupuesto le quitó la potestad que tiene el Órgano Ejecutivo de hacer su presupuesto y ejecutarlo como corresponde.

El mandatario recordó que la ley actual obliga que desde un dólar en adelante esa comisión es la idónea para establecer las transferencias de partida. “Eso es inaceptable. El ministro [Juan Carlos Orillac] presentará, creo que el lunes, un proyecto de ley que le autorizó el Gabinete a volver a poner la ley como era”, acotó.

También le envió un mensaje a la Comisión de Presupuesto: “Yo no voy a renunciar a la facultad que tiene el Ejecutivo de controlar el presupuesto de la Nación de manera responsable. Solamente un gobierno secuestrado por una Asamblea Legislativa como la que pasó [2019-2024] puede permitir semejante barbaridad. Este gobierno no lo va a permitir”.

Propuesta bajo la lupa

Para el diputado de la coalición Vamos, Betserai Richards, aunque la propuesta busca corregir el mecanismo “chantajista” de la Comisión de Presupuesto anterior, es importante que no pasemos a un punto de excesivo descontrol del gasto público con traslados millonarios sin justificación.

“Debemos llegar a un punto medio que apele a la sensatez y que, a su vez, procure el buen uso de los recursos del Estado, con la fiscalización necesaria”, puntualizó.

En esa misma línea se refirió el diputado Ernesto Cedeño, quien calificó la propuesta como una “intromisión” del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. “Así como estoy en contra que por un dólar la Comisión de Presupuesto vea los traslados de partidas; no puede ser que se quede sin funciones porque el poder Ejecutivo así lo determina”, concluyó.

Así las cosas, mientras Mulino defiende la necesidad de recuperar el control sobre el presupuesto para garantizar una gestión más eficiente y menos burocrática, los diputados insisten en la importancia de mantener su capacidad de fiscalización para evitar un posible descontrol del gasto público.

Este enfrentamiento marcará un hito en la dinámica política del país y definirá el rumbo de la administración financiera durante el resto del año fiscal.


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