El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 445 de 28 de octubre de 2024, que modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal con el objetivo de establecer límites al déficit anual hasta el año 2030.
Esto ocurre horas después de que la ley fuera aprobada este mismo lunes en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el objetivo de esta propuesta es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo las presiones sobre la deuda sin comprometer las funciones esenciales del Estado.
La iniciativa establece un límite del 4% para el déficit en el balance fiscal del sector público no financiero en el año 2025; un 3.5% en 2026; un 3.0% en 2027; un 2.5% en 2028; un 2.0% en 2029; y un 1.5% a partir del año 2030 en adelante.
Esta propuesta reforma tanto la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal, como la Ley 38 de 2012, que rige el Fondo de Ahorro de Panamá. De acuerdo con los nuevos parámetros establecidos, se ha definido una reducción progresiva del déficit permitido. Para el año 2025, se fijará un límite del 4%, que disminuirá paulatinamente hasta alcanzar un 1.5% en 2030. Este cambio busca ajustar las metas fiscales a una proyección realista, brindando un margen que permita estabilizar las finanzas públicas sin generar presiones excesivas.
Las autoridades del MEF, representadas por la viceministra de Economía, Eida Gabriela Saiz, y el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, subrayaron el compromiso con un manejo fiscal disciplinado.
En su intervención durante el tercer debate, señalaron que sin esta modificación la ley habría sido incumplida, dado que el déficit fiscal a junio de 2024 alcanzaba un 4% del PIB nominal, sobrepasando el límite establecido de 2%. Esta modificación, explicaron, no solo busca cumplir la ley, sino también asegurar la confianza de los mercados y la ciudadanía.
El presupuesto
La reciente aprobación de esta reforma ha sido un paso esencial para el avance del presupuesto general del Estado, actualmente en revisión por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Esta ley es, de hecho, un requisito indispensable para la viabilidad del presupuesto.
A esto hay que agregar que esta semana se presenta como un momento decisivo para la aprobación del presupuesto general del Estado de 2025, ya que el próximo 31 de octubre marca el final del período de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional.
Como se recordará, con las modificaciones recientes al proyecto de ley, la cifra total del presupuesto se eleva a $30,111 millones, lo que representa un incremento de $3,276 millones respecto a los $26,835 millones que se habían propuesto el 15 de octubre.
