Que renuncien inmediatamente y que sean investigados de forma exhaustiva. Esto es lo que piden para el contralor general de la República y los ministros que impulsaron el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., que adoptó la Ley 406 y que fue declarado inconstitucional por el pleno por la Corte Suprema de Justicia.

Dirigentes de la sociedad civil y analistas políticos cuestionan el proceder del contralor Gerardo Solís, que refrendó el contrato establecido en la Ley 406 y de los ministros de Comercio e Industria, Federico Alfaro; el ministro de Ambiente, Milciades Concepción y el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. A este último lo acusan de un posible conflicto de interés con la mina y falta de transparencia.

“La renuncia de los titulares de esos cargos es una condición imprescindible para que el Gobierno pueda recuperar un mínimo de credibilidad”, manifestó el analista político, José Stoute sobre Alfaro, Sabonge, Concepción y Solís.

Los andares

Las quejas contra Alfaro, el principal negociador del contrato, se deben a que en su momento aseguró que el acuerdo minero beneficiaba al país y estaba blindado tras la elaboración de abogados internacionalistas.

Precisamente, ayer miércoles el abogado Ernesto Cedeño presentó ante la Fiscalía General de Cuentas una denuncia administrativa para que se investigue el manejo de los fondos asignados para la asesoría y redacción del contrato minero.

Alfaro solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional $5.9 millones para sufragar los gastos de redacción del contrato.

A ello se suma que Alfaro y su antecesor Ramón Martínez de la Guardia le solicitaron al procurador de la Administración, Rigoberto González, que mantuviera “en reserva” todas sus opiniones sobre la renegociación y aprobación de la Ley 406, a pesar de que éste le advirtió, por escrito, cuáles fueron los errores cometidos con la concesión otorgada en Donoso, en 1997, y les previno de no incurrir en las mismas faltas en el nuevo contrato con la minera, como la “falta de licitación pública”.

Desde su cartera, Concepción respaldó los estudios de impacto ambiental de la mina de viaja data, pese a los cuestionamientos de los ambientalistas.

Sabonge, en tanto, avaló, con su voto el contrato minero en el Consejo de Gabinete, pese a tener negocios personales con la empresa Minera Panamá. Saboge tiene nexo con la empresa Grupo Urbe, que construye un proyecto residencial de Minera Panamá (Casa Pintada), en Coclé.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, señaló en un comunicado, que se hace necesario separar del servicio público a los funcionarios que estén involucrados en posibles actos de corrupción o falta de transparencia, como son los casos graves, revelados por investigaciones periodísticas, pero además señaló que situación como la del ministro Sabonge evidencia la inoperancia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en su rol de vigilancia del cumplimiento de la ley de conflictos de intereses y su efectividad.

Más allá, Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de la Fundación, señaló que no solo es investigar a los funcionarios, sino los fondos públicos que fueron otorgados en contratos directos para publicitar y defender un contrato sobre el cual ya el procurador de la Administración había advertido que chocaba con Ley y la Constitución.

¿Contralor, juez y parte?

Cedeño pidió en su denuncia que el contralor inicie una auditoría de los fondos usados para la asesoría y redacción del contrato, pero De Obaldía, se plantea la pregunta: ¿cómo y quién va a investigar el uso de los fondos públicos para promover el contrato minero?

Ello tomando en cuenta que la ley orgánica de la Contraloría (Ley 351 de 22 diciembre 2022), que se encuentra demandada por la Fundación, le da “total discrecionalidad” al contralor para “cerrar investigaciones”.

Por su parte, el analista Edwin Cabrera recordó que los cargos en el Ejecutivo siempre están a disposición del presidente de la República. Pero indicó que tras el fallo de esta naturaleza en otros países el Gabinete en pleno habría renunciado, lo cual le daría al Presidente un espacio de maniobra ante la opinión pública. “Pero en Panamá eso no ocurre. Ni renuncian individual ni colectivamente”, dijo.

“Al final esto es un tema de conciencia entre los ministros y el Presidente”, puntualizó. El martes, tras conocerse la decisión de la Corte, el presidente Laurentino Cortizo no habló de posibles cambios en su gabinete, ni hizo un mea culpa, solo se limitó a señalar, entre otras cosas, que “de inmediato” se procedería a la publicación del fallo en la Gaceta Oficial y se “iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina”.

La transición

Sobre la posible participación de los ministros Alfaro y Concepción en el proceso de transición del cierre de la mina, Stoute planteó que sería prudente crear una autoridad, de forma inmediata, para asumir la compleja transición para el cierre y saneamiento de las mina.

“Debe nombrarse una Junta Directiva integrada por especialistas de la sociedad civil”, precisó.

Aminta Bustamante

Reportera Política.