El cierre de la mina de cobre, ubicada en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, Colón; formó parte de la agenda del Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino que se desarrolló el pasado 16 de julio.
El mandatario pidió a los ministros vinculados a los temas de desastres y asuntos afines que se preparen para los meses que se pronostican intensas lluvias. Las palabras de Mulino surgieron a raíz de que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la zona está en riesgo debido a los taludes, material a la intemperie y otros componentes que podrían causar daño ambiental al área y a las comunidades cercanas.
En los últimos días, Navarro ha insistido en que el concentrado de cobre que permanece en Minera Panamá debe ser removido “a corto plazo” del área.
“Hay un riesgo enorme con el concentrado de cobre que está en la mina, hay que llevárselo lo antes posible. Ese concentrado tendrá que volver a molerse, según han explicado los expertos técnicos; no he podido hablar con la gente de la mina. El presidente Mulino dijo que este tema se tocará el año entrante, pero a corto plazo se está por aprobar un plan de gestión presentado por la empresa para que se mantenga de forma segura lo que está en el área”, manifestó Navarro a finales de julio pasado.
Auditoría
En la reunión de Mulino con sus ministros, Navarro también informó que requieren contratar auditores para la evaluación que harán en la mina y explicó que ya se reunió con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para establecer un programa para la auditoría.
A inicio de este año, el procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que las 132 mil toneladas de cobre que están almacenadas en la mina, deben ser vendidas para financiar parte del programa de Preservación y Gestión Segura (PSG) que se implementará durante el cierre de la concesión de 13 mil hectáreas.
Al igual que Navarro, Moltó abogó para que se tome una decisión sobre el material (concentrado de cobre) y añadió que hay instituciones internacionales que están dispuestas a participar en este proceso.
Otro que se unió a la conversación fue el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Manifestó que enviará un equipo para que inspeccione el área, con el propósito de constatar la advertencia de las comunidades sobre posible contaminación en la zona.
Mulino insistió en que hay que adelantarse a cualquier cosa que pueda pasar en el área. Preguntó: ¿Cuánto tiempo dura la auditoría?
El ministro de Ambiente respondió que entre tres a seis meses. Anunció que solicitará una veeduría ciudadana en la que participarían organizaciones “de prestigio”. Al inicio de la reunión Navarro comentó que hay sectores que abogan por el cierre definitivo de la mina y otros por la reapertura.
Sobre este último asunto opinó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Dijo que “gran parte” de la comunidad “apoya el cierre”.
Sin embargo, añadió, existen “peligros de diferentes tipos”. Además del ambiental, mencionó la minería ilegal, que según dijo “ya existía”, pero que se ha incrementado.
Otros temas
El martes 16 de julio de 2024, Mulino y sus ministros también debatieron sobre el presupuesto que tendrá la Autoridad del Canal Panamá (ACP) para el 2025, monto que asciende a $5,623.5 millones, es decir, 17.7% más que la cifra presupuestada en su año fiscal 2024. José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal sustentó la cifra frente al presidente Mulino y sus colegas ministros.
Ese día también se le dio cortesía de sala a Ilia Espino de Marotta, subadministradora de la ACP.
Por su parte, el ministro de Comercio, Julio Moltó, puso a consideración del gabinete el proyecto de resolución 64-24 que acuerda el nombramiento de un director de la junta directiva del Fondo de Promoción Turística.
Mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman sustentó el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023 que dicta el presupuesto general del Estado.
Actas del gabinete son públicas
Toda esta información se desprende del acta del Consejo de Gabinete del pasado 16 de julio. El gobierno de José Raúl Mulino comenzó a publicar dichas actas desde 2019 en adelante.
El pasado 9 de julio, a pocos días haber asumido su mandato, Mulino anunció que dejaría sin efecto la Resolución de Gabinete No. 71 del 4 de agosto de 2021, que declaró restringidas esas actas por un periodo de 10 años. El documento de la controversia fue firmado por José Gabriel Carrizo, quien fungía como ministro de la Presidencia en ese momento. También fue avalado por Carlos García, el viceministro de la Presidencia de la época.
