La renuncia de Harley Mitchell Dale como secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia ha permitido el ascenso de Nelson Rojas Ávila, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Legal, también en Presidencia.
Como jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Rojas ganaba un salario de $5 mil mensuales, pero ahora que ocupará el cargo que era de Mitchell, recibirá $6 mil al mes: $3 mil en salario y $3 mil en gastos de representación.
La Presidencia no ha informado por qué renunció Mitchell, precisamente en momentos en que al mandatario Laurentino Cortizo le corresponde decidir qué hacer con cuatro proyectos de ley que han dividido a la opinión pública: el que permite la reelección de Etelvina de Bonagas como rectora de Unachi; el que modifica la composición de las juntas directivas de los patronatos de los hospitales públicos; el que nacionaliza la profesión de historiador, y el que reforma el procedimiento de revocatoria de curul de los diputados.
La Presidencia también se encuentra inmersa actualmente en la renegociación del contrato de Minera Panamá, cuyas regalías e impuestos se utilizarán para hacer aportes al programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) y aumentos a las pensiones de los jubilados. El hijo de Mitchell, el abogado ambientalista Harry Mitchell Morán, públicamente ha manifestado su desacuerdo con la minera y escribió en Twitter que, con el nuevo contrato y la propuesta de aportar las regalías a la CSS, “el gobierno camina dando tumbos hacia el maquiavelismo político, evadiendo a toca sota cualquier asidero legal existente. Indicio de inconveniencia absoluta para el país”.
Sobre Nelson Rojas (La Chorrera, 1944), en su hoja de vida consta que ya ha ocupado cargos en la Presidencia, durante administraciones perredistas. Con Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) fue asesor legal y, en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), fue director de Asesoría Legal; alguna vez quedó encargado como viceministro de la Presidencia.
Pérez Balladares lo designó secretario general de la desaparecida Sala Quinta. Ahí coincidió con Óscar Ceville, uno de los tres magistrados de aquella Sala. Cuando Torrijos nombró a Ceville como procurador de la Administración, Rojas ejerció como su secretario general.
Precisamente desde esa entidad, le tocó desempeñar un rol clave en la suspensión, condena y destitución de Ana Matilde Gómez como procuradora de la Nación, en el año 2010, cuando el presidente de la República era Ricardo Martinelli.
En ese proceso, Rojas actuó como procurador encargado de la Administración y ejerció el rol de investigador, porque Ceville se declaró impedido, ya que previamente había opinado sobre las interceptaciones ordenadas por la entonces procuradora Gómez, como parte de una operación encubierta seguida a Arquimedes Sáenz, quien era fiscal en aquella época.
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