Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha rechazado los señalamientos de Panamá y pide reconocer el asilo y otorgar el salvoconducto para que Ricardo Martinelli pueda viajar a ese país, lo que en la práctica implicaría que evada la condena que le fue impuesta por lavado de dinero, de 128 meses de prisión.
Panamá ha enviado varias notas a Nicaragua desde que Martinelli se refugió en la embajada nica, en La Alameda, el pasado 7 de febrero. En una de ellas, enviada el 14 de marzo, Panamá protestó porque Martinelli utiliza la sede diplomática para actividades político partidistas, lo cual constituye “una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del Gobierno de Nicaragua”.
Pero este 18 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, le escribió cuatro páginas a la Cancillería panameña, para rechazar “de manera categórica” el contenido de aquella nota del 14 de marzo.
Moncada señala que que no reconocer el asilo otorgado por su país y negar el salvoconducto a favor de Martinelli constituye una violación a las convenciones sobre asilo de 1928, “que establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo, podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible; obligación en estricto apego a la Convención que sigue sin cumplirse de parte de la República de Panamá”.
Acto seguido, Moncada recuerda que su país concedió asilo a Martinelli, a quien considera un perseguido político y cuya vida, integridad física y seguridad -asegura- se encuentran “en riesgo”.
Moncada no se refiere en ningún momento a las constantes quejas de la Cancillería panameña, respecto a la injerencia de su país en temas internos de Panamá.
Al menos en cuatro ocasiones (el 9 y el 27 de febrero y el 8 y el 14 de marzo), Panamá ha enviado notas a Nicaragua, objetando el asilo concedido a Martinelli. En la última de esas notas, protestó formalmente por la “actitud permisiva del gobierno” de Nicaragua, al contravenir de manera “abierta” y desafiante el desarrollo de su embajada.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza que al amparo de una supuesta protección, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, continúe utilizando la sede diplomática nicaragüense Panamá, con fines político-partidistas, con el silencio de sus autoridades, lo cual, para los efectos, es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del gobierno de Nicaragua”, se lee en el documento del pasado 14 de marzo.
En consecuencia, la Cancillería panameña, a cargo de Janaina Tewaney, le exige a Nicaragua “observar su obligación internacional de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.
Martinelli se metió en la embajada el 7 de febrero, cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que la Sala Penal no había admitido un recurso de casación presentado por Martinelli y otras cuatro personas condenadas a prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el denominado caso New Business.
Desde entonces, Martinelli ha remodelado y amoblado la sede de la embajada, en La Alameda. Nicaragua tuvo que mudar sus oficinas consulares al dúplex de al lado, ya que Martinelli ocupa todos sus aposentos. Desde la embajada, Martinelli se reúne con sus familiares, copartidarios y candidatos de su partido, Realizando Metas (RM), incluyendo a José Raúl Mulino, quien lo reemplazó como candidato presidencial. Además, constantemente escribe mensajes de contenido político partidista en sus redes sociales y en una ocasión, por lo menos, organizó una reunión del directorio de RM.
