A pesar de la oposición de los abogados del ex presidente Ricardo Martinelli, la Audiencia Nacional de España ha acordado extender por seis meses más las diligencias que, por soborno internacional y blanqueo de dinero, se tramitan en el Juzgado Central de Instrucción No. 2
El expresidente está imputado por su presunta participación en la trama de corrupción mediante la cual se le adjudicaron en Panamá millonarios contratos a la empresa española FCC durante su mandato (2009-2014), a cambio del pago de “comisiones” ilegales.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa contratista inflaba el costo de las obras y este sobreprecio era posteriormente canalizado, mediante un entramado de sociedades y testaferros, a cuentas bancarias, tanto en Suiza y Andorra como en Panamá.
En el proceso también está imputado el abogado panameño español Mauricio Cort, como presunto mediador y testaferro en la estrategia para el presunto blanqueo de los fondos.
El caso debía concluir el pasado 2 de mayo. Pero el juez instructor, Ismael Moreno, ha accedido a la solicitud de prórroga presentada por la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez y por la acusación particular, en cabeza de la Fundación Internacional contra la Impunidad Baltasar Garzón (Fibgar), ya que aún faltan pruebas y evidencias por completar.
En abril de 2021, la Audiencia Nacional imputó a Martinelli tras admitir un recurso interpuesto por Fibgar por ser el presunto beneficiario principal de la trama de corrupción y blanqueo de dinero. Hasta ese momento, el expresidente se mantenía fuera del proceso que en España ya tenía imputados a ejecutivos de la constructora como a los presuntos cómplices.
La actuación de la Fiscalía Anticorrupción no se ha detenido. Por ello, el juez Moreno ha prorrogado el caso por seis meses adicionales, con el fin de permitir la práctica de las diligencias solicitadas por la fiscalía y la acusación particular y que ya fueron acordadas por el juzgado y se encuentran pendientes de practicar en el exterior.
Una de estas diligencias es tomarle declaración a Evelyn Vargas, la abogada interna de la familia Martinelli, que llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia panameña por su participación en los casos Odebrecht y Blue Apple.
Vargas firmó los documentos mediante los cuales se compró un valioso inmueble en Madrid, a través de una sociedad anónima, a solicitud expresa de Ricardo Martinelli Linares, el hijo mayor del expresidente, quien acaba de obtener la suplencia de una curul de diputado luego de que el partido de su padre lo postulara en las elecciones del pasado 5 de mayo. También se abrieron cuentas bancarias en España utilizando sociedades anónimas.
Se presume que los fondos utilizados para la compra del inmueble, así como las canalizadas a las cuentas bancarias, procedían del pago de sobornos.
El paradero de la abogada Vargas es ahora desconocido, según dio a conocer este medio el pasado 29 de mayo luego de que quedara en firme una condena de 80 meses de prisión por su participación en los casos de corrupción Odebrecht y Blue Apple.
El lío de faldas
El ex presidente Martinelli no solo enfrenta procesos judiciales en España por pagos ilegales y blanqueo de fondos. Lo persiguen también acusaciones de acoso y seguimiento en perjuicio de una de sus amantes.
En marzo de 2022 se dieron a conocer las denuncias interpuestas por una ciudadana española, cuyos movimientos estaban siendo seguidos por varios sujetos mientras estaba en la isla de Mallorca y que resultaron que habían sido contratados y pagados nada menos que por el expresidente.
Se trata de Indira Brunot, una mallorquina vinculada al mundo del arte con una galería en Miami, donde presuntamente conoció al ex mandatario e inició una relación sentimental el año que vivió en aquella ciudad tras huir de Panamá al concluir su mandato presidencial y antes de ser arrestado y extraditado por Estados Unidos.
Según reportaron medios españoles, los hechos tuvieron lugar durante las vacaciones veraniegas de 2020, cuando el expresidente contrató a un grupo de miembros de la Guardia Civil española para que vigilaran a la mujer con la que mantenía un romance en ese momento.
Ella notó que estaba siendo vigilada constantemente y puso varias denuncias ante las autoridades de la isla sin sospechar que se trataba de personas contratadas por Martinelli.
“Contrató a varios guardias civiles para que llevaran a cabo labores de seguimiento a su entonces pareja, con el objetivo de averiguar si la mujer tenía amantes en la isla. Para ello, habría urdido una red de espías y acoso a través de la cual sus integrantes habrían vigilado, las 24 horas y en cualquier lugar en el que ella se encontrase, cada uno de los movimientos de la víctima”, según narró eldiario.es
Según ha reportado eldiario.es, “las pesquisas en torno al exmandatario por presuntamente encargar la vigilancia de la mujer se iniciaron a raíz de dos denuncias interpuestas por la mujer, asediada por el miedo y la preocupación por su integridad física y emocional.
Las denuncias, junto a las entradas y registros efectuados en el marco de estas investigaciones y las evidencias halladas en el teléfono de uno de los guardias, motivaron el arresto de cuatro efectivos del Instituto Armado. Según las indagaciones llevadas a cabo, todos ellos aceptaron la misión de Martinelli a cambio de una “remuneración económica.”
Todos los oficiales de la fuerza pública española perdieron sus puestos y fueron sancionados por su conducta delictiva de espiar a la mujer. El expresidente sería responsable por la comisión de los delitos de organización criminal, revelación de secretos y acoso.
La actuación de Martinelli causó la apertura de dos causas en los juzgados de Palma de Mallorca: una ante un juzgado penal y la otra ante uno de violencia contra la mujer.
En el proceso ante el juzgado de Violencia de Género de Palma el expresidente se mantuvo “ilocalizable” por más de dos años. Consecuente con sus estrategias legales en los procesos que enfrenta, sus abogados comparecieron el año pasado solicitando la prescripción del caso.
En efecto, solicitaron no ser interrogado, ya que el plazo de instrucción había concluido y “tomarle declaración ahora vulneraría sus derechos”, reportó el Diario de Mallorca el 15 de marzo de 2023.
Martinelli buscó refugio a principios de febrero pasado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, luego de que quedara en firme una condena de más de 10 años de cárcel por lavado de activos en el caso New Business. Desde entonces, allí se mantiene, alegando que es un “perseguido político”.
