El penúltimo informe a la Nación del presidente Laurentino Cortizo empezó a las 12:17 mediodía de este sábado 1 de julio, día en que el poder Legislativo renovó su junta directiva.
El mandatario empezó su discurso recordando lo que ya ha mencionado repetidamente desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial por la covid-19: que este fue el mayor reto que ha enfrentado un gobernante panameño, en toda la historia republicana. También volvió a mencionar que al tomar posesión, el 1 de julio de 2019, encontró al país con un déficit de $2,101 millones y cuentas por pagar que ascendían a $1,836 millones. Reiteró que encontraron mil 108 obras abandonadas, que en su mayoría han rescatado: carreteras, la Ciudad de la Salud, el hospital Amador Guerrero, hospital del Niño… Nada nuevo. Cortizo insiste que es importante “recordar” todo eso, aunque ya han transcurrido sus cuatro primeros años de mandato y solo le queda uno más. En un año ya se habrá ido del Palacio de las Garzas.
El Gafi
“Tuvimos que enfrentar graves problemas heredados del gobierno anterior. Uno de ellos fue la inclusión de Panamá en la lista gris del Gafi en junio de 2019, un mes antes de mi toma de posesión como presidente de la República”, recordó. Como ya se sabe, como resultado del cumplimiento de los 15 puntos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera (Gafi) por parte de su administración, en septiembre próximo, una delegación de este organismo vendrá a Panamá. “Esta es, sin duda, una noticia positiva para Panamá”, manifestó.
Panamá Solidario
Luego retomó el tema de la pandemia, a la que catalogó como “la amenaza más grande que hemos enfrentado como Nación”. Con la pandemia vino el programa Panamá Solidario, iniciativa que permitió entregar bolsas de alimento a la población, y los denominados “vales digitales”. Solo en vales digitales, el Gobierno ha gastado $2,127 millones, mientras que se entregaron 12 millones de bolsas de comida.
Este programa fue motivo de escándalo a raíz de que la fiscalía anticorrupción encontró 509 bolsas de Panamá Solidario, el 12 de junio de 2021, en la casa de Julio Caballero, quien en ese momento era funcionario del Ministerio Obras Públicas. Otras tres personas (algunas también funcionarios de este gobierno) imputados por este caso.
Durante los primeros meses de este programa, una auditoría realizada por la Comisión de Justicia y Paz detectó personal poco competente para entregar las ayudas; falta de un protocolo para atender las quejas; listas tachadas y discrecionalidad al momento de entregar las bolsas y bonos. Igualmente, se ha denunciado que en algunas comunidades estas ayudas se entregan con criterio político.
Cortizo también resaltó que su gobierno nunca suspendió los subsidios, rubro en el que se han gastado $2,530 millones. También habló de giras comunitarias, patrullaje doméstico y de lo que él llama “la sexta frontera”.
“Hemos logrado reducir los índices de pobreza y pobreza extrema en el país”, aseguró ante un pleno que lo aplaudía en cada pausa. Cortizo citó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que indica que la pobreza extrema en Panamá se redujo de 6.6% en 2019 a 5.7% en 2021.
“Además, como dije anteriormente, según el último informe del Banco Mundial, la tasa de pobreza en Panamá en 2020 habría sido 3.6% más alta si no hubiésemos ejecutado el Plan Panamá Solidario. Ese mismo informe señala que la ejecución focalizada del Plan Panamá Solidario continúa siendo fundamental para la reducción de la pobreza y la eficiencia del gasto. Es un hecho que hemos reducido la pobreza, pero aún tenemos mucho por hacer”, añadió.
Negó que los beneficios de los programas sociales se entreguen bajo un criterio político. “Para nuestro gobierno no hay bandera política que esté por encima de las necesidades de ningún panameño”, aseguró.
Transparencia
Se jactó de la transparencia de su administración. Mencionó la plataforma “Cotización en Línea”, “un sistema de compras y contrataciones públicas 100% en línea, transparente, accesible al escrutinio y análisis de la ciudadanía”.
Habló de la rendición de cuentas de sus ministros, entre otros. También destacó el reciente Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice de CCC), donde Panamá pasó del puesto 10 al 6, por las mejoras en su capacidad legal, según él.
“El informe confirma que nuestro país ha logrado mejoras significativas en su capacidad legal y destaca instrumentos jurídicos promovidos por nuestro gobierno para hacer frente a la corrupción. Para mí, la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia”, aseguró.
Dijo que tiene la satisfacción de haber cumplido su compromiso de campaña, al designar seis nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, “a través de un proceso transparente, e inédito en la historia de nuestro país”.
“Son los fiscales, jueces y magistrados quienes fortalecen la institucionalidad, garantizan la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Les reitero: nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, manifestó.
Minera Panamá
Tildó de “justo” el contrato con Minera Panamá. “El nuevo contrato es mucho más beneficioso que el anterior”, señaló. Recordó que el país recibirá un aporte de $375 millones anuales, “diez veces más que lo que se recibía antes”.
“El 50% de la anualidad —alrededor de unos 190 millones de balboas— por año será destinado al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social”, manifestó.
Pero estos aportes serían insuficientes para rescatar la entidad: la CSS desembolsa aproximadamente $2,000 millones en el pago a los jubilados y pensionados, cifra que va creciendo a medida que la población que forma parte de este programa envejece y llega a la edad de su retiro laboral.
Reiteró que el gobierno está preparado para participar en el diálogo por la CSS, pero añadió que es respetuoso de la Ley 51 de 2005, que es la ley orgánica de la CSS, que en su artículo 2 dice que es una entidad autónoma del Estado. También citó el artículo 22 que establece que los órganos superiores de la CSS son la junta directiva y el director general.
“Con independencia de lo antes señalado, respetuoso de la autonomía de la Caja de Seguro Social, el Gobierno Nacional ha dispuesto en el nuevo contrato con Minera Panamá asegurar para el sostenimiento del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, un aporte no menor a 190 millones de balboas por año durante 20 años. Esto, además de mantener los otros aportes anuales del Gobierno Nacional a la Caja de Seguro Social”, prometió.
Cortizo no hizo mención a otros graves problemas nacionales, como la descentralización paralela o el aumento del flujo migratorio irregular por Darién.
Y del aumento de la deuda pública, dijo que eso es consecuencia de los gastos que tuvo que afrontar, producto de la pandemia.
Con Cortizo llegaron varios ministros y el vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, que ahora también es el candidato presidencial del PRD.
