El expresidente Ricardo Martinelli invoca el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, como una causal para no ser procesado en Panamá. Así lo hizo apenas el pasado martes, cuando acudió a la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los sobornos de Odebrecht, donde se negó a ser indagado, porque dice no haber “renunciado” al referido principio.
Pero Estados Unidos -una vez más- ha dicho que ese principio ya no aplica a Martinelli.
Esta vez, en boca de Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que este jueves dijo, en una entrevista con el periodista Edwin Cabrera, que “Panamá tiene libertad de llevarlo a juicio, sin obtener una excepción de esa regla”.
“Bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción. Es una cuestión ahora del derecho panameño. Si las autoridades quieren hacer algo con el señor Martinelli, pueden hacerlo. Si eligen no hacerlo, esa fue su elección y no tiene que ver con Estados Unidos”, dijo Kozak en la entrevista, transmitida por Radio Panamá.
El principio de especialidad, contemplado en el tratado bilateral de 1904, se refiere a que un individuo solo puede ser procesado por aquella causa por la que fue solicitado en extradición. En el caso de Martinelli, sería por el caso pinchazos, por el que fue declarado “no culpable” hace un año, por un tribunal de tres jueces (la sentencia está en apelación). En diciembre pasado, el Departamento de Estado estadounidense advirtió que Martinelli ha viajado al extranjero desde septiembre de 2019, lo cual es una de las causales de excepción al principio de especialidad.
“La posición del Departamento de Estado no ha cambiado… Lo que suceda de ahora en adelante, depende de Panamá”, remarcó Kozak.
Martinelli invoca aquel principio para no ser indagado en varios casos de supuesto blanqueo de capitales, como el de Odebrecht y New Business, este último, sobre el presunto uso de fondos públicos para la compra de un grupo editorial.
Precisamente por Odebrecht, Estados Unidos solicitó a Guatemala la captura, con fines de extradición, de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los hijos del exgobernante, por cargos por presunto lavado de dinero y conspiración para blanquear.
Los Martinelli no se han referido a estas acusaciones y han centrado sus argumentos en demostrar que la detención de los vástagos es ilegal, ya que violaría la presunta inmunidad diplomática de la que gozan, como diputados suplentes del Parlacen, pese a que nunca fueron juramentados en dichos cargos.
“Cualquier organización multilateral debe evitar utilizar la inmunidad que se brinda a sus miembros, para darle inmunidad retroactiva a alguien que ha sido acusado”, señaló Kozak en Radio Panamá.
El 28 de julio, Kozak escribió en su cuenta en Twitter que: “a individuos dentro del Parlacen les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados. Hacerlo dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región”.
Según una queja criminal presentada por el FBI en una corte federal en Nueva York, los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”. La mayoría de este dinero se movió a través de bancos estadounidenses, principalmente en Nueva York.
Hay mucha gente de Latinoamérica que usó el sistema bancario de Estados Unidos, para mover la plata del escándalo de Odebrecht. ¿A toda esa gente la van a sentar en un juicio en Estados Unidos?, preguntó Edwin Cabrera.
“Va a depender de nuestro Departamento de Justicia decidir quién ha quebrantando las leyes en Estados Unidos… Si están lavando dinero, eso puede ser encausable en Estados Unidos. Las personas que han usado nuestro sistema financiero, pueden quedar sujetas a sanciones no criminales, sino que sus activos pueden ser congelados. Se pueden aplicar otras medidas”, respondió Kozak
Una de esos instrumentos sancionatarios es la Lista Clinton, de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro. Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos o empresas tengan trato -financiero, comercial, mercantil…- con aquellos individuos o sociedades listadas. La violación conlleva pena de prisión.
“Nosotros sí tenemos consecuencias para individuos que sean corruptos. Según las leyes estadounidenses, las visas les pueden ser negadas a ellos y a sus familiares. A veces imponemos sanciones para intentar recuperar los bienes mal habidos. Sí hay consecuencias para gobiernos también. Si el gobierno no hace cosa alguna por intentar controlar la corrupción, obviamente no vamos a ofrecer el tipo de asistencia y cooperación que ofreceríamos de otro modo”, señaló.
Al respecto, precisó que la relación con el gobierno panameño es buena. “Es un aliado maravilloso en este esfuerzo” contra la corrupción, precisó.
