Poco antes de que culminaran sus sesiones ordinarias, los diputados de la Asamblea Nacional, aprobaron el proyecto de ley 708, que establece incentivos tributarios para el deporte.
El principal objetivo de esta propuesta es proporcionar “sostenibilidad financiera” a las federaciones y asociaciones deportivas nacionales que estén reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y el Comité Olímpico de Panamá (COP), abarcando sus dos grandes necesidades: los gastos deportivos (nutrición, entrenamientos e implementos, entre otros) e infraestructura.
Certificados
El proyecto de ley permitirá a los contribuyentes adquirir “certificados de fomento al deporte”, hasta por un monto equivalente al 1% de su ingreso gravable en un periodo fiscal, el cual será aplicado como crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta a pagar en dicho periodo.
También dispone que los agremiados a las federaciones y asociaciones deportivas reconocidas podrán recibir anualmente certificados de fomento al deporte, es decir créditos fiscales, que serán emitidos por la Dirección General de Ingresos (DGI), los cuales podrán vender a terceros, con el fin generar recursos para el desarrollo deportivo.
Según el proyecto de ley, los fondos que las empresas privadas o personas individuales inviertan en una asociación deportiva o federación reconocida por Pandeportes y el COP podrán ser considerados créditos fiscales sobre el impuesto sobre la renta causado, a pagar en dicho periodo fiscal, a través de certificados de fomento al deporte. Según señala la propuesta legislativa en su artículo cuatro, la fiscalización será ejercida por la DGI y la Contraloría General de la República, quienes ante la detección de alguna negligencia, podrán sancionar y declarar a la asociación o federación como inelegibles.
El empresario Kevin Harrington, uno de los que impulsó el proyecto de ley, señala que el propósito es el de mejorar la fluidez con la que el sector o la industria deportiva recibe los recursos que necesita, para permitirle al atleta gestionar su máximo potencial.
“Hoy en día, en Panamá, el deporte depende de muchos factores y uno de esos es la buena voluntad del sector privado. Es un reto casi que de supervivencia. [El deporte] también depende mucho de la disponibilidad de fondos del Estado y esos fondos, pues por distintas razones, no están necesariamente disponibles”, explicó.
Aseguró que, a diferencia de otros incentivos que han existido o existen en Panamá, este es el único que obliga a reinvertir el 100% de lo que se recibe en la industria que lo genera.
“Es decir que si yo me llevo 100 dólares producto de este incentivo, yo estoy obligado por ley a volver a invertir esos 100 dólares en deporte. La idea detrás de esto es que tú [federación o asociación deportiva] puedas ir con tu certificado de 100 dólares y vendérselo al sector privado y con ello podrá disminuir su obligación tributaria. Por ejemplo, si yo debo mil dólares en impuestos sobre la renta y yo le compro un certificado a la Federación de Bádminton, entonces yo voy a pagar mil dólares, menos los 100 dólares que pagué”, añadió.
La ley propuesta de incentivos al deporte también controla la cantidad de certificados de fomento al deporte que un privado puede comprar. Los interesados sólo podrán adquirir hasta el 1% de su ingreso gravable. “Si su facturación gravable es de 1 millón de dólares, con el 1% reglamentario solo podrá comprar hasta 10 mil dólares en certificados”, detalló el abogado Adolfo Campos, otro de los que impulsó la propuesta.
Campos agregó que las políticas públicas del Estado deben estar enfocadas en que el sector privado, los profesionales, la industria y el comercio se vinculen al desarrollo del país.
“El Estado es el organizador y debe ser el ente que garantice las condiciones legales de estructura y de funcionamiento. Cuando el Estado se convierte en un Estado inversor que mantiene, que produce, que crea y a su vez tiene que dar mantenimiento y construcción de todas las infraestructuras, pasa lo que está pasando exactamente en nuestro país”, argumentó.
La iniciativa también dispone que las instituciones deportivas que reciban una donación de un bien inmueble, por ejemplo, queden obligadas a construir una instalación para realizar eventos deportivos, con un mínimo de inversión en mejoras de $30 mil. Los trabajos deberán comenzar dentro de los 12 meses siguientes.
En la Asamblea, el proyecto fue presentado por Ana Irene Delgado, hija y suplente del diputado Hernán Delgado.
Control
De acuerdo con la propuesta, son las federaciones y asociaciones deportivas las que presentarán ante Pandeportes y el COP los informes para recibir los certificados de fomento al deporte, mientras que la DGI y la Contraloría serán los encargados de fiscalizar los informes de cada federación y asociación.
Actualmente, las federaciones y asociaciones deportivas reciben fondos de Pandeportes y obtienen recursos de parte de patrocinadores privados, los que invierten en publicidad como un gasto, ya que solo se puede deducir un 25% del impuesto sobre la renta y los recursos para el desarrollo deportivo en el país escasean.
