El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) tiene ahora atribuciones ligadas a la lucha contra la corrupción y el terrorismo.
El nuevo Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA), la recién creada Academia Técnica de Inteligencia y Seguridad Nacional, y el nuevo Departamento contra el Terrorismo estarán a cargo del secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, dijo que los cambios obedecen a estudios llevados a cabo en el seno del CSN que tomaron en cuenta asuntos como la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo.
Severino Mejía, estudioso de los temas de seguridad, coincidió en que las nuevas amenazas globales hacen necesario que el país se prepare, pero insistió en que se le debe dar buen uso a la información que allí se recabe y que no se utilice con fines políticos.
Victoria Figge, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero, piensa que estas tres nuevas organizaciones “tendrán excelentes resultados en la medida en que el personal idóneo se mantenga y que no penetren ni el favoritismo ni la politiquería”. “Ambas lacras abundan en nuestro sistema de gobierno”, añade.
FUNCIONES
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), organismo que en los dos últimos años ha estado en la mira pública a raíz del escándalo por supuesto espionaje orquestado en la administración de Ricardo Martinelli, tiene ahora tres nuevas tareas de alto perfil.
Es el responsable del Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA), creado a través del Decreto 209 del 5 de abril de 2016, y que busca investigar casos de corrupción y delincuencia organizada dentro de las fuerzas de seguridad. En el documento que está firmado por el presidente Juan Carlos Varela, y por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, se establecen cinco funciones específicas para este ente, y deja una sexta totalmente a discreción del secretario del CSN, en este caso de Rolando López Pérez.
Entre las específicas se establece, por ejemplo, que el GIA deberá informar al presidente de la República sobre los casos de corrupción y delincuencia organizada a través del secretario del CSN. Además, tendrá que hacer tareas de inteligencia, planeamiento, búsqueda, procesamiento y divulgación de información para prevenir amenazas. Y en el punto sexto se señala que cumplirá otras funciones “que el CSN le asigne”.
Tres meses después de que se creara el GIA, el Ejecutivo anunció el nacimiento de la Academia Técnica de Inteligencia y Seguridad Nacional (Atisen) y el Departamento de Prevención contra el Terrorismo.
La primera, de acuerdo con el Decreto 326 del pasado 20 de julio, deberá capacitar y especializar a los miembros del CSN en inteligencia y seguridad, mientras que la unidad antiterrorismo deberá buscar medidas preventivas contra el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.
HABLA EL EJECUTIVO
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, niega que con estos tres nuevos organismos el CSN estaría acumulando más poder, tal como lo han sugerido sectores de la población. “En estudios desarrollados por el Consejo de Seguridad Nacional, por políticas y estrategias nacionales establecidas en diversas reuniones, se tomaron en cuenta los aspectos de corrupción, delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, así como la creación de la academia de inteligencia y seguridad nacional, como un fundamento de seguridad integral en el ámbito nacional e internacional”, agrega.
Del GIA, explicó que fue escogido y adscrito “por consenso” entre las instituciones involucradas (Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio de Protección Institucional, Servicio Nacional de Migración y Autoridad Nacional de Aduanas), a fin de establecer una política y estrategia para prevenir la corrupción interna y su posible relación con la delincuencia organizada.
Dice que la Atisen se creó debido a la necesidad de tener un centro de enseñanza para capacitar y especializar al recurso humano ante las amenazas a la seguridad. Y manifiesta que el departamento antiterrorismo busca cumplir con un requerimiento del Grupo de Acción Financiera.
El politólogo Carlos Guevara Mann opina que aunque es importante fortalecer la seguridad y luchar contra el terrorismo, sugiere que hay que cuidarse de no permitir que el militarismo siga adentrándose en el Estado. “Quienes dirijan esas unidades no deben ser militares. En segundo lugar, los protocolos y manuales que utilicen tampoco deben ser militares. Debe haber rendición de cuentas a la autoridad civil y fiscalización de las actividades de las nuevas unidades por los organismos de control”, plantea.
Opina también que el reclutamiento del personal para estas dependencias debe obedecer a “criterios meritocráticos”.
Menalco Solís, quien en el gobierno de Guillermo Endara (q.e.p.d.) fungió como secretario del entonces llamado Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, asegura que la creación de estas oficinas podría depender de las necesidades que tiene el país. “Hay que darles el beneficio de la duda”, opina.
Por su lado, Victoria Figge, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), plantea que el GIA, por ejemplo, es una iniciativa “oportuna”, pero recomienda que debe estar integrada por personas idóneas sin que prime el favoritismo ni la política. “Aunque [el decreto] dice que el personal no será miembro de un partido, sabemos que en otras dependencias las personas han sido designadas perteneciendo a partidos, pero renunciando para poder acceder al puesto”, añade.
Sustenta que le preocupa lo que establece parte del artículo 7 del decreto: “Mantener informado al presidente de la República”.
“No dice qué va a hacer él con esa información. ¿Por qué no ir directamente al procurador, igual que lo debe hacer la UAF cuando detectan una operación de blanqueo de capitales?”, pregunta.
Sobre la Atisen y la unidad antiterrorismo, piensa que también se deben mantener alejadas de la política. “Me parecen iniciativas interesantes y necesarias, particularmente por cómo está el mundo. Estas tres organizaciones tendrán excelentes resultados en la medida en que el personal idóneo se mantenga y que no penetre ni el favoritismo ni la politiquería. Ambas lacras abundan en nuestro sistema de gobierno”, añade.
Mientras que Severino Mejía, estudioso de los asuntos de seguridad y quien durante el gobierno de Martín Torrijos fungió como viceministro de Gobierno y Justicia, aplaude la iniciativa. Dice que es importante que el país se alinee con las coyunturas de las amenazas globales. “Es necesario que Panamá se prepare (...). Nosotros como país no podemos mantenernos al margen de estos fenómenos que aunque pareciesen muy lejanos, no significa que América Latina en un futuro no pueda ser blanco”, añade.
No obstante dice que la percepción de que con estas unidades se le da más poder al CSN es motivada por la probabilidad de que sean destinadas para violentar los derechos humanos, y no exclusivamente para hacerle frente a las amenazas.
“La sociedad tiene que exigir que sean usadas exclusivamente para enfrentar las amenazas que puede tener el país y no como una herramienta política. Creo que los tres entes deben reglamentarse para que la sociedad conozca cuáles son las reglas y las consecuencias de que si un gobierno las utiliza de manera inapropiada, sea castigado”, advierte.
EL JEFE
¿Quién es el hombre que se encarga de dirigir estas tres dependencias, además de cumplir con las funciones propias del CSN? Se trata de Rolando López Pérez, cuya hoja de vida registra que es oficial de nivel superior con 25 años de servicio en la Policía Nacional. Antes de llegar a ese cargo se desempeñó como subdirector del Servicio Nacional de Migración entre 2012-2014. Suele acompañar al presidente Varela a las distintas actividades públicas. A finales de 2014 denunció la pérdida de una máquina espía que fue adquirida con fondos públicos durante el gobierno de Martinelli.
