Al dar su visto bueno para la creación de un nuevo distrito y tres corregimientos en Bocas del Toro, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección de Desarrollo Territorial, le asignó la responsabilidad financiera que conllevan estas nuevas divisiones geográficas al próximo gobierno.
“No tendrá impacto presupuestario sino hasta el segundo semestre de 2024. O sea, que su impacto financiero, mayormente corresponderá a partir de la próxima gestión de gobierno”, dice una carta firmada por José Agustín Espino, director de Desarrollo Territorial del MEF, dirigida al Ministerio de Gobierno (Mingob).
El Mingob es la entidad que preside la Comisión Nacional de Límites Políticos Administrativos, que debió aportar un estudio técnico a la Asamblea Nacional sobre la viabilidad del nuevo distrito de Bastimentos y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte. Estas son las divisiones geográficas que crea el proyecto de ley 796, impulsado por el diputado Benicio Robinson, presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El criterio de la Dirección de Desarrollo Territorial del MEF, a su vez, aclara la opinión de la Dirección de Presupuesto de ese mismo ministerio, que en el memorando MEF-2022-19693 expresó que el nuevo distrito y los corregimientos afectarían el presupuesto del municipio de Bocas del Toro (Isla Colón) y del Estado, ya que éstos no cuentan con fuente de financiamiento.
¿Contrario a la ley?
El distrito de Bastimento tampoco cumpliría con la Ley 65 de 2015, que desarrolla las normas para la creación territorial del Estado. De acuerdo con el artículo 13 de esta norma, para la creación de un distrito se requiere de 25 mil habitantes y mil 500 de ellos deben vivir en la futura cabecera del distrito.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), el actual corregimiento de Bastimento, y futuro distrito si el presidente Laurentino Cortizo sanciona el proyecto de ley, tenía hasta 2020 unos 2 mil 679 habitantes.
El informe técnico del MEF menciona este aspecto, pero lo presenta como un “vacío legal” al compararlo con lo que la Ley 65 dispone en su artículo 16 para la creación de corregimientos.
Esa norma establece que para áreas urbanas se requiere una población residente no menor de tres mil habitantes y en áreas rurales una población no menor a mil habitantes. Sin embargo, al final del artículo la ley contempla excepciones, al indicar que podrán crearse corregimientos con menos base poblacional “por razones de extensión territorial, niveles de pobreza y de difícil accesibilidad”.
Es aquí donde el MEF asegura que “existe un vacío legal para los nuevos distritos”, pues a su juicio “es un contra sentido que se contemple para corregimientos, no así para distritos, cuando en provincias y regiones del interior del país existen distritos predominantemente rurales, insulares, indígenas, integrados por corregimientos a los cuales son aplicables tales excepciones”.
Por último, el documento reitera que “lamentablemente la Ley 65 no contempla para los distritos tales excepciones, a partir de su singularidad o contexto”.
Pese a esto, el informe emitió una “conclusión favorable” para la viabilidad del proyecto de ley. El documento tiene fecha del pasado 20 de abril, cuando ya el proyecto de ley 796 era discutido en segundo debate en el pleno Legislativo. Fue aprobado en primer debate el 29 de marzo, es decir, sin que la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado perredista Javier Sucre, conociera los criterios del MEF.
Algo similar ocurrió con el informe de la Comisión Nacional sobre Límites Político Administrativos, otro de los requisitos que dispone la Ley 65 de 2015 para la creación y organización territorial del país. Ese papel también llegó a la Asamblea el 20 de abril. Aún así, el proyecto fue aprobado en tercer debate con pocas objeciones.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez fue uno de los críticos. Leyó la parte del informe de la Comisión Nacional sobre Límites Político Administrativos, que a la vez cita un documento del Tribunal Electoral, que dice que el corregimiento de Bahía Honda tendría solo 88 electores y el de Solarte, 142. “Un representante de corregimiento que por ley recibe al menos $110 mil del Programa de Inversión de Obras Públicas, por normas de descentralización, que es elegido entre 87 personas, porque el 88 es él o ella, va a recibir $110 mil. Eso es $1,250 al año por habitante. ¿Cómo estamos creando un corregimiento de 88 electores?”, preguntó. Vásquez recordó que el corregimiento más chico en San Miguelito tiene más de 10 mil electores.
Rupilio Ábrego, suplente de Benicio Robinson y quien defendió el proyecto en sus tres debates, dijo que los cuestionamientos de Vásquez “son opiniones políticas”, pues es una persona que no está de acuerdo con ningún proyecto que se presenta en la Asamblea.
El proyecto de ley 796 está en manos del presidente Cortizo, quien debe decidir si lo sanciona o lo veta. Ya en 2020 Cortizo avaló la Ley 172 de 2020, que creó 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro y segregó a Cauchero del distrito cabecera.
Este medio llamó al diputado Sucre varias veces para que hablara del tema, pero no respondió.
