En el calendario judicial y tal vez en la memoria colectiva de los panameños, el 20 de enero de 2025 será recordado como el día en que comenzó el juicio del caso Odebrecht, el proceso de corrupción más emblemático de la historia reciente del país. El juicio del siglo.
Dos expresidentes de la República, seis exministros, un exdiputado, facilitadores, operadores extranjeros, los hijos y la amante de uno de los dos exmandatarios imputados, fueron investigados por lavado de dinero producto de los sobornos que pagó la constructora brasileña, la misma empresa que durante tres gobiernos logró contratos por arriba de los $10 mil millones.
El expediente, un documento compuesto por 915 mil hojas, contiene los pormenores de la ruta de los sobornos que pagó la constructora en el país a cambios de obras estatales, papeles que fueron recolectados durante al menos seis años por el equipo de fiscales del Ministerio Público que investigó el caso. Se trata de registros bancarios, sociedades, asistencias judiciales recopiladas en diversos países, documentos oficiales con movimientos migratorios, compra de bienes, los testimonios de testigos claves para la trama y confesiones.
El esquema funcionaba así: a Odebrecht se le adjudicaba una licitación, la mayoría de las veces con pliegos de cargos manipulados a su favor. La diferencia entre el costo real y el valor abultado declarado por la empresa terminaba en la Caja 2 del Sector Operaciones Estructuradas, que operaba como su oficina de sobornos. Luego, distribuían los sobornos a través de empresas offshore. Una vez pagadas las coimas, la empresa obtenía nuevos recursos mediante contratos adicionales o adendas con precios igualmente inflados, perpetuando el esquema.
Baloisa Marquínez
El proceso será conducido por Baloisa Marquínez, jueza segunda liquidadora de causas penales, quien entre el 12 y el 28 de septiembre del 2022, celebró la audiencia preliminar del caso. En septiembre de 2020, cuando se dio a conocer que la pesquisa quedaría radicada en su despacho, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, alabó la hoja de vida y las competencias de la jueza. Dijo que tenía “vasta experiencia” y conocimiento de delitos financieros y de blanqueo de capitales y “amplia preparación y formación” debido a su “constante actualización”.
“Hay circunstancias en la vida que sitúan a personas ante decisiones históricas. Esta es la situación de la jueza Baloisa Marquínez”, escribió el excontralor José Chen Barría en un artículo de opinión publicado en La Prensa, en octubre de 2022. Eran los días posteriores a la audiencia preliminar del caso y el país entero aguardaba impacientemente sobre la decisión que tomaría Marquínez, ¿llamaría a juicio? Esa duda se despejó el lunes 7 de noviembre de 2022, día en que el Órgano Judicial soltó la noticia más esperada: Marquínez abrió causa preliminar contra 36 personas por el delito contra el orden económico y contra la economía nacional, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Sin embargo, este lunes irán a juicio solo 26 personas. Por ejemplo, cuatro de ellos son diputados del Parlamento Centroamericanon (Parlacen), por lo que los debe juzgar la Corte Suprema de Justicia: Juan Carlos Varela, presidente de la República 2014-2019; los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli: al igual que Jaime Ford, exministro de Obras Públicas.
El resto están prófugos: Evelyn Vargas, Dana Harrick, Liz Elena de Sousa, Javier Díaz Torres, César Miranda y Barry Williams.
La denuncia de Weeden
Un excontralor jugó un papel relevante en esta causa. Alvin Weeen, el abogado que en septiembre de 2015 presentó la denuncia del caso ante el Ministerio Público. Weeden falleció el 14 de diciembre de 2023. Unos meses antes de su partida, La Prensa lo entrevistó sobre este caso.
“Lo que hice fue recopilar toda la información, me comuniqué con un amigo en Brasil que se vinculó a los fiscales; me alimenté con información que salía en cada una de las notas de La Prensa. Mi trabajo, en verdad, no fue nada extraordinario. Lo único que hice fue coger las piezas del rompecabezas y unirlas en un documento. Entonces nació la denuncia que fue dos veces ampliadas a medida que recibía información adicional”, contó Weeden.
Antes de que Weeden pusiera la denuncia, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, (marzo de 2015), había enviado a una carta a la Procuraduría General de la Nación advirtiendo de las investigaciones que se adelantaban en Brasil por supuestas irregularidades en el mecanismo para obtener las obras en Panamá.
Pero al principio esas denuncias fueron desestimadas. Incluso, fueron archivadas. Probablemente por presiones. En la conversación con este medio Weeden contó que se enteró que tres miembros de la plana mayor de Odebrecht, visitaron Panamá y se reunieron “al más alto nivel” para supuestamente pedir que aquí no se atendiera la investigación. “Ellos sabían que los fiscales de Brasil estaban pidiendo información a Panamá y quisieron cerrar esa llave”, narró.
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Su denuncia fue desempolvada a finales de 2016 después que estalló el escándalo en Estados Unidos.
Investigación compleja
La exprocuradora Kenia Porcell, dijo en septiembre de 2023 a este medio que el caso Odebrecht se convirtió en una investigación compleja porque las pruebas no estaban en Panamá. “Se requería de la colaboración internacional, aunado a la resistencia de muchos para que las investigaciones avanzaran. Debo decir que la sociedad panameña, medios de comunicación serios y responsables, y algunos periodistas, jugaron un papel importante para su avance. Nunca debe olvidarse que cada cierto tiempo las investigaciones se paralizaban porque los términos concluían y había que esperar la resolución del Órgano Judicial para continuar. Y pasaban meses”, manifestó.
Para Porcell, el caso Odebrecht, es una investigación histórica que marcó nuevos paradigmas en la persecución del delito y en la forma en que actúa el crimen organizado. “Los fiscales se encontraron con que las pruebas, el dinero, y los testigos estaban fuera del territorio nacional”, contó.
‘Un enorme éxito’
Weeden decía que si este juicio se realiza, representaría “un enorme éxito para la justicia panameña”. “El homenaje que el país le tiene que hacer a esas cuatro fiscales anticorrupción, para mí significa que la justicia se pudo empinar sobre el poder (...)”, agregó.
En mayo de 2020, el entonces procurador Eduardo Ulloa apartó a las fiscales Tania Sterling y Zuleyka Moore del caso. Ulloa alegó que se trataba de un plan de rotaciones que buscaba dar “mayor transparencia y objetividad” al trabajo de la institución. Sorpresivamente, Ulloa renunció al puesto en marzo de 2021. Había llegado a la Procuraduría en enero de 2020, para reemplazar a Porcell.
En noviembre de 2021, con Javier Caraballo como procurador encargado, Ruth Morcillo, otra de las fiscales que comenzó las pesquisas, fue enviada de vacaciones. Esto a raíz de una denuncia interpuesta por la hoy ministra de Educación Lucy Molinar. Pero retornó a la fiscalía del proceso después que se archivara el caso. “El Estado panameño ha sido víctima de este blanqueo”, dijo la fiscal en septiembre de 2022, en medio de la audiencia preliminar del caso.
Recientemente se informó que Mahmad Daud Hasan, quien era parte del equipo de fiscales que lleva el caso, renunció al cargo. El procurador Luis Carlos Gómez, quien reemplazó a Caraballo, aseguró que su salida no afecta el proceso.
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