Operación Jericó: ‘La narcopolítica está disputando el poder al Estado’

La operación Jericó, que resultó en el desmantelamiento de una vasta red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, ha dejado al descubierto una preocupante realidad en el país: la narcopolítica está desafiando al Estado por el control del poder.

Esta es la conclusión unánime de analistas políticos, exfiscales del Ministerio Público y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes advierten que esta peligrosa intersección entre el crimen organizado y la política amenaza con erosionar las bases de la democracia y la justicia en el país.

A juicio del exfiscal Giovanni Olmos, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que el crimen organizado está penetrando los estamentos de seguridad del país, por lo que es necesario ejercer mayores medidas de control.

“En esta última operación [Jericó] detuvieron a funcionarios. No se trata de algo nuevo porque viene ocurriendo desde hace años”, apuntó el abogado.

De hecho, entre los detenidos se identificó a varios empleados públicos, incluyendo a dos agentes del Servicio Nacional de Fronteras, un miembro de la Policía Nacional, una funcionaria del Ministerio de Salud y un exfuncionario del Ministerio de Gobierno.

También sobresale la figura de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, a quien se le acusa de ser la persona encargada del manejo del dinero.

Para Olmos, cuando el crimen organizado penetra las entidades públicas, se puede considerar que “estamos en camino a un narco Estado”.

Deficiencias

Frente a esta realidad, el jurista manifiesta que hay deficiencias en los controles administrativos de prevención. “Hay fallas desde el control en las donaciones y apoyos a los políticos. Allí empezamos a tener ese descontrol”, puntualizó.

Según Olmos, lo que se debe hacer es aplicar la ley, porque se está siendo muy complaciente. “Es una manifestación de la impunidad, y Jericó es solo la punta del iceberg”, advirtió.

Por su parte, el analista político José Eugenio Stoute consideró que la penetración del narcotráfico en la política panameña tiene ya una larga historia. De hecho, recordó que ha penetrado en la Asamblea Nacional, en las alcaldías y en las juntas comunales.

“Lo más grave es su contaminación de los organismos de seguridad, como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Órgano Judicial y la Procuraduría General de la Nación”, dijo Stoute.

Conforme a Stoute, la narcopolítica está disputando el poder al Estado, por lo que, de no enfrentarse firmemente, nos encaminamos hacia un narcoestado.

Problema regional

Sobre este tema, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño subrayó que en América la situación del crimen organizado ha ocupado muchos espacios y recordó lo que viene ocurriendo en países como Colombia, Ecuador o México.

“El crimen organizado ha logrado permear las instituciones, y es una situación que hoy nuestro país está viviendo con elementos muy claros”, dijo la exmagistrada.

Desde su perspectiva, todo el marco institucional del Estado debe tener claro que se debe hacer frente a este flagelo, y eso implica fortalecer el sistema de justicia y los principios de independencia y transparencia en las investigaciones.

“Hay que atacar las células criminales de una manera ejemplar y completa. Esto no puede ser por pedazos”, concluyó.

En la operación Jericó, realizada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Darién, fueron capturados panameños, colombianos y mexicanos.

¿Cómo operaban? De acuerdo con las investigaciones, esta red invertía grandes sumas de dinero para crear empresas. A través de esas empresas recibían y enviaban dinero. Además, recibían la droga procedente de Colombia en puntos específicos en la comarca Guna Yala, Panamá y Darién.

Luego enviaban la mercancía ilícita a través de trochas selváticas para transportarla vía terrestre hasta la frontera con Costa Rica.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor Sociedad