Cinco organizaciones de la sociedad civil alertaron este viernes 21 de abril que el proyecto de ley que busca modificar la Ley 6 de 2002, sobre transparencia y acceso a la información pública, no ha sido consensuado, como informó la Presidencia de la República.
El pasado martes, la Presidencia informó que el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de la Presidencia para que presente a la Asamblea una iniciativa para modificar la actual Ley de Transparencia.
La Presidencia citó unas declaraciones de la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, que indicó en el Gabinete que la propuesta de modificación “es producto del consenso con la sociedad civil, la academia y la Unesco”.
Por esa razón, las organizaciones que forman parte de la Comisión Nacional para el Gobierno Abierto de Panamá aclararon este viernes que desconocen a qué consenso se refiere la directora de la Antai y advierten que ni siquiera conocen cuáles son las modificaciones a la ley, ya que no se les ha proporcionado un borrador del anteproyecto.
“Ante esto, es nuestra responsabilidad aclarar que desconocemos tal consenso y que la Antai no nos ha proporcionado siquiera la versión final del referido anteproyecto”, se plasma en el comunicado divulgado este viernes y que suscriben la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), el Kernel Think Tank, Generación sin Límite y el Movimiento Independiente por Panamá (Movin).
La Comisión Nacional para el Gobierno Abierto contó en su comunicado que la Antai sí se les acercó, en el año 2020, como parte de una consulta en línea para recibir opiniones sobre posibles modificaciones a la Ley 6 de 2002 y a la Ley 33 de 2013. En esa consulta se publicaron algunos comentarios, lo cual alegan que de ningún modo puede interpretarse como una propuesta de anteproyecto de ley.
Después de esa consulta virtual, no pasó más nada, hasta el 27 de febrero de 2023, cuando las organizaciones que forman parte del Comisión Nacional de Gobierno Abierto recibieron una invitación para una reunión el 7 de marzo en la Antai, con la finalidad de presentar opiniones sobre el primer borrador de anteproyecto de ley que derogaría la Ley de Transparencia y la reemplazaría con nueva normativa.
La Comisión, en su comunicado de este viernes, cuentan que les sorprendió que a esa reunión no convocaran a los observadores del Foro: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
De igual forma, la Comisión explica que le expresaron a la Antai su inquietud que una ley importante para las libertades de expresión y de prensa, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática no estuviese siendo consultada ampliamente con otros sectores de la población.
Así mismo, dejaron claro que su participación en aquella reunión del 7 de marzo pasado no significaba un aval o un consenso a favor de los cambios propuestos por Antai, al tiempo que se hicieron observaciones in situ al contenido del borrador.
Desde entonces, han intentado conocer la versión final de la propuesta legislativa pero la Antai no responde sus solicitudes.
“En el contexto preelectoral y ante los retrocesos en el tema de acceso a la información pública de los que el país ha sido testigo en los últimos tres años, nos parece desafortunada la presentación de un proyecto de ley que ha sido trabajado unilateralmente por parte de la Autoridad y más aún que se haga referencia a un consenso que no conocemos”, se señala en el comunicado.
Durante esta gestión presidencial, varias instituciones han invocado la Ley 81 del 2019 (sobre protección de datos personales) para negar información de interés público. Por ejemplo, no se han podido conocer los beneficiarios de los programas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
