La Asamblea Nacional desempolvó el proyecto de ley 625 que adopta la jurisdicción de extinción de dominio de bienes ilícitos en Panamá. En los últimos días, algunos hechos concretos parecen haberle cambiado la suerte a esta propuesta que llegó al Legislativo en abril de 2021.
El pasado jueves 23 de marzo, en el palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea, se celebró una reunión para hablar del proyecto. En ese encuentro participaron el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino; el procurador general, encargado, Javier Caraballo; autoridades de la Corte Suprema de Justicia, y diputados miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, donde reposa el documento.
“Esta herramienta va a servir contra el crimen organizado. Estamos todavía a tiempo de hacer una ley para resguardar la democracia y la gobernabilidad de nuestro Panamá”, manifestó el ministro Pino, quien presentó la propuesta ante la Asamblea.
Pino estaba rodeado ese día por varios diputados oficialistas: Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno; Crispiano Adames, presidente del Legislativo; Kayra Harding, vicepresidenta y Julio Mendoza, todos militantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Choque de poderes
El proyecto de ley 625 empezó el año con mal pie. El pasado 2 de enero, día en que arrancó un nuevo periodo legislativo y los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo emitieron discursos desde el palacio Justo Arosemena, se observó un choque entre representantes de dos órganos por este asunto. Ese día Adames pidió a Pino retirar el proyecto. Sin embargo, Pino nunca dio su brazo a torcer.
En su intento por echarle tierra a la iniciativa, el Legislativo organizó foros ciudadanos sobre la figura, en los que los expositores resaltaron las inconveniencias de una ley de este tipo. La disputa, hasta alcanzó a la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, quien se pronunció a a favor de la extinción de dominio. “Panamá, en algún momento, tiene que unirse a los países del área donde tienen estas herramientas, donde puedan perseguir el dinero ilícito. Estados Unidos le urge a la Asamblea que siga su debido proceso, tenga los debates que sean necesarios pero, al fin y al cabo, aprueben esta ley”, aseguró en una oportunidad. Sus palabras ocasionaron una tormenta entre los sectores que se oponen al proyecto. La acusaron de querer entrometerse en los asuntos de Panamá.
¿El jueves?
Pero ahora existe la promesa de que el próximo jueves la subcomisión legislativa que analiza la propuesta entregue un informe sobre el mismo. Ese grupo está integrado por Víctor Castillo, Emelie García Miro y Fátima Agrazal. Lo anunció el propio presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames. “El jueves se va a discutir a las 10: 00 a.m. La subcomisión presentará un informe e inmediatamente los diputados miembros de la comisión de Gobierno analizarán la extinción de dominio, que para nosotros es un mecanismo de contención y límite al crimen organizado y de delitos que son delitos de lesa humanidad como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico internacional de armas. Sería el primer debate y consecuentemente se producirá el segundo y tercer debate para que sea una ley que demuestre que aquí sí existen ciudadanos transparentes que quieren propiciar al sistema de justicia los mejores elementos para que haya paz social y generaciones que puedan tener una oportunidad”, manifestó el pasado domingo en medio de una gira política de su campaña para obtener la candidatura presidencial del PRD.
Incluso, Adames dijo que coincide con el ministro Pino en que este no es un proyecto impuesto por Estados Unidos. Añadió que la propuesta será parte del ordenamiento jurídico de la Asamblea, antes del próximo 30 de junio.
Leandro Ávila, diputado presidente de la Comisión de Gobierno, adelantó el pasado jueves que una vez la comisión empiece a debatir el proyecto, una mesa técnica revisará cada artículo para que se puedan homologar. “Seguidamente se procederá con la votación de los artículos”, manifestó.
El proyecto de ley 625 se presentó en la Asamblea en abril de 2021, en momentos en que el país se debatía sobre los tentáculos de la narcopolítica en las instituciones del Estado. En febrero de 2022, el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas, expuso un paquete de observaciones a la iniciativa. Por ejemplo, sugieren listar los delitos en los que cabe la figura para incluir los de lesa humanidad, a raíz del aumento del crimen organizado internacional que involucra la trata de personas, delitos de corrupción de menores y delitos contra el medio ambiente.
