José Pablo Morales es el nombre de la persona que la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas identifica como el “contacto colombiano” del grupo criminal desmantelado en la Operación Jericó.
El nombre de la conexión colombiana salió a relucir el pasado martes 10 de septiembre, en medio de la audiencia de control de bienes a varios de los integrantes del grupo.
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El fiscal Joseph Díaz le explicó al juez Mike Zúñiga que José Pablo Morales frecuentaba el apartamento 38B del PH Greengarden, ubicado en la exclusiva barriada Santa María, donde vivía Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, alias Comanche, el cabecilla de la red que se encuentra prófugo.
En el apartamento de Santa María, Sánchez y Morales coordinaban importantes reuniones para mover la droga. En los estacionamientos de ese inmueble, valorado en $780 mil y ahora cautelado, frecuentemente se observaban vehículos que también quedaron en manos de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, entre ellos una camioneta Mercedes Benz, propiedad de Sánchez, y una Honda CRV, de Gregorio Miller, alias Gregori, quien también se encuentra prófugo.
‘Pablo’
Morales tiene un papel vital en esta historia. Es el Pablo de los $90 mil, pues era la persona que iba a recibir el dinero que Abraham Rico Pineda Tejada entregó a Jonathan José Parra Peña en la sede de la empresa Servicios Múltiples Rama S.A., ubicada en Betania, en la capital. El hecho ocurrió el 20 de mayo de este año mientras Rico Pineda estaba con su padre, el diputado perredista Raúl Pineda.
Sin embargo, cuando Parra Peña, también de nacionalidad colombiana, transportaba el dinero por la vía Transístmica, fue detenido por la Policía Nacional. El dinero fue sometido a una prueba de ion scan y dio positivo para drogas. Parra alcanzó un acuerdo de pena con las autoridades judiciales y confesó que el dinero era producto del blanqueo de capitales.
Según audios telefónicos, interceptaciones y acciones de seguimiento de la fiscalía, Raúl Pineda fue quien dio instrucciones a su hijo, Rico Pineda, sobre la dinámica para hacer llegar los $89,985 a Pablo.
“Monstruo, estoy aquí con mi papá (…) nosotros entregamos los 90 (…)”, le dijo Rico a Pablo en una conversación telefónica. También le adelantó que ese dinero llegaría a Colombia a través de “Token”, un mecanismo que, según el fiscal, es usado en el mundo del narcotráfico para transferir dinero.
El 21 de mayo, un día después de que Parra cayó en manos de la policía, Rico Pineda, desesperado, llamó a su padre. “¿Qué hay, papá?… ya me llamó Pablo. Quieren un abogado”, le contó. Le dijo que Pablo quería saber los detalles de cómo Parra terminó en manos de la policía.
Rico le confesó a su padre que temía que Pablo pensara que el operativo en el que había caído Jonathan Parra era una estrategia de ellos para apropiarse del dinero. Todo eso consta en los audios interceptados por los investigadores al hijo del diputado.
Sin embargo, en la audiencia donde se le formularon cargos y se ordenó su detención, sus abogados dijeron que el dinero pretendían entregarle a Pablo era para la remodelación de la casa de Rico Pineda en Albrook.
Fue en ese momento cuando el diputado dijo a su hijo que le pondría un abogado. “Ponle a Anael…”, sugirió.
De acuerdo con la fiscalía, entre los que contribuían a blanquear dinero a través de distintas empresas, además de Rico Pineda, figuran: Edgar Oriel Osigian Rodríguez (condenado por pandillerismo a 10 años de cárcel), su esposa Annyuri Frank Villarreal, Jorge Sánchez Rodríguez (prófugo), Juan Abdiel Chérigo y Neryethe Jaén Chérigo.
“Este grupo criminal tenía el objetivo de crear diferentes empresas fachada para brindarles sostenibilidad económica y así mantener las operaciones del tráfico ilícito de drogas”, se lee en el documento con el que la fiscalía solicitó autorización para allanar distintas viviendas y empresas el pasado 15 de agosto.
La fiscalía también argumentó que creaban empresas y adquirían bienes para facilitar y simular actividades ilícitas.
Abraham Rico Pineda, está detenido en la cárcel la Nueva Joya. Mientras que su padre, el diputado Raúl Pineda, asiste a la Asamblea Nacional regularmente. En un fallo del pasado 11 de julio, con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Corte Suprema de Justicia, órgano que investiga a los diputados, salvó al político del Partido Revolucionario Democrático de ser procesado por su nexos con la operación Jericó. ¿El motivo? falta de prueba idónea.
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