Ayer 6 de diciembre empezó en Washington, Estados Unidos, la 20 Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada principalmente por la organización global Transparencia Internacional (TI), con el apoyo del gobierno estadounidense.
Luego de dos años en la virtualidad, el evento regresó a la presencialidad bajo la temática “Desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos”. La conferencia se llevará a cabo hasta el sábado 10 de diciembre e incluye más de 70 paneles, con expositores entre los que resaltan los presidentes de Estados Unidos y de Moldavia, Joe Biden y Maia Sandu, respectivamente; el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken; la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), Samantha Power, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, entre otros.
También participará la exvicepresidenta y excanciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado. El panel en el que participará, el día jueves, se enfocará en la lucha anticorrupción y su relación con la carrera contra la crisis climática.
Durante la ceremonia de apertura celebrada ayer martes, el consejero de Seguridad Nacional para el presidente Biden, Jake Sullivan, explicó algunas de las acciones que está tomando el actual gobierno para combatir la corrupción, tanto a lo interno del país como con sus aliados democráticos a nivel global.
“Las personas y nuestros problemas están más conectados que nunca”, dijo Sullivan y agregó que “la línea entre la política doméstica y la política exterior es cada vez más difusa”.
Explicó que las acciones que Estados Unidos adopta a lo interno están interconectadas con la forma en la que se relacionan con otros países, particularmente en cuanto a anticorrupción. A nivel global, el combate a la corrupción se ha convertido en un pilar de la política exterior estadounidense.
Hizo una reflexión sobre las “vulnerabilidades regulatorias” de Estados Unidos y citó ejemplos de cómo se aplican normas para impulsar la agenda anticorrupción. “El gobierno de Biden busca imponer requisitos financieros que eviten el lavado de activos... Tiene sentido financiero y común”, remarcó.
Por su parte, Delia Ferreira Rubio, de la junta directiva de TI, resaltó la presencia de jóvenes y mujeres en la conferencia, al igual que de expertos en tecnología y el enfoque innovador de la temática. “Necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia”, concluyó.
Paralelos
La agenda de la conferencia revela que muchos de los temas, iniciativas y esfuerzos anticorrupción que existen en Panamá por parte de la sociedad civil organizada y algunas instituciones van de la mano con la agenda global con la que avanzan gobiernos de todo el mundo y organizaciones internacionales.
Por ejemplo, una de las primeras reuniones agendadas para la mañana de ayer martes trataba sobre bienes confiscados y la innovación que existe a nivel mundial de legislación de este tipo. En Panamá, la legislación que adopta la extinción de dominio de bienes ilícitos, impulsada por el Ministerio de Seguridad ante la Asamblea Nacional, se ha discutido ampliamente y aún espera debate. Algunos sectores consideran que este proyecto de ley se ha dilatado por falta de voluntad para aprobarlo.
Durante el panel, titulado “¿Quién se queda con la mansión y el yate? Innovación en la reutilización social de bienes confiscados”, se puso como ejemplo la legislación italiana, la cual se enfoca en la reutilización social de fondos confiscados. Francesa Rispolli, presidenta de Libera, una oenegé italiana enfocada en anticorrupción y la lucha contra el crimen organizado, explicó brevemente cómo una legislación de este tipo fue aprobada en Italia en 1996. La misma se enfoca en el uso de fondos decomisados (una vez existe una condena) para financiar iniciativas públicas y sociales.
Por su parte, Iris Pilika, oficial de programa en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), explicó el caso del sureste europeo, donde países como Albania y Montenegro han logrado aprobar legislación que permite reutilizar los bienes confiscados para causas y políticas sociales. Puso como ejemplo el uso de mansiones como centros comunitarios y utilizar terrenos para agricultura comunitaria.
Los panelistas también discutieron sobre el trabajo transnacional y el retorno a nivel internacional de bienes confiscados.
Gretta Fenner, la directora ejecutiva del Basel Institute on Governance, con sede en Suiza, sostiene que se debe impulsar legislación que permita, por ejemplo, repatriar fondos que fueron pagados como sobornos por empresas privadas a los países que fueron “víctimas” de obras o contratos incumplidos o con sobrecostos. Su enfoque fue más internacional, pues describió algunos aspectos técnicos de operaciones internacionales que involucran a varias jurisdicciones.
Fenner resaltó también la importancia de estos procesos para fortalecer los sistemas de justicia, pues se crea jurisprudencia y se abren caminos a seguir para casos a futuro. Puso como ejemplo el caso de Perú, donde bienes confiscados se reutilizaron para fortalecer y dotar de presupuesto al sistema de justicia, lo cual ha dado cabida para iniciar y concretar más procesos.
Otros temas clave que se discutirán durante los cinco días de conferencia incluyen las medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción, el crimen organizado transnacional, los mecanismos para evitar el lavado de activos, la libertad de expresión y la relación entre la corrupción y el cambio climático, entre otros.
