Tras un proceso de más de cinco años por haber lavado millones de dólares a través de bancos estadounidenses, los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aceptaron lo que informaron investigaciones periodísticas, fiscalías y era un secreto a voces en el país del Canal. Parados frente a un juez federal de Estados Unidos (EU), minutos antes de conocer el destino de encierro que les espera, dijeron que fue su padre el que los indujo a cobrar, mover y ocultar el dinero de Odebrecht.
Fue la tarde del viernes 20 de mayo de 2022. El día estaba nublado en Brooklyn y, adentro de la sala de audiencias de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ricardo Alberto Martinelli Linares —42 años, empresario, con uniforme de prisionero— y su hermano Luis Enrique —de 40, también con uniforme de prisionero— enfrentaban el día definitivo por un delito que habían aceptado cinco meses antes: conspiración para lavar el dinero de sobornos de la gigante de Brasil que parió el caso de corrupción más grande de América Latina, el Lava Jato.
Finalmente reconocían de quién era la mano que movió los hilos en el país del Canal: su padre, el presidente que entre 2009 y 2014 le otorgó a Odebrecht al menos doce proyectos de infraestructura pública, valorados en más de $5 mil millones: Ricardo Martinelli Berrocal, un acaudalado empresario, principal dueño de una cadena de más de 40 supermercados y desarrollador inmobiliario, entre otros muchos negocios.
Fue el expresidente, repitieron los abogados de los hermanos Martinelli, el que ordenó construir el sofisticado y complejo andamiaje financiero que unió puntos de jurisdicciones opacas como Belice, Islas Vírgenes Británicas y Suiza, con cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma, para esconder, al menos, $28 millones que Odebrecht pagó para garantizarse esos contratos de obras públicas a la medida, acceso al poder, cobros sin obstáculos, sobrecostos de infarto y hasta la recomendación de las obras que se “ganaría” en licitaciones arregladas.
¿Qué llevó a los hermanos Martinelli Linares a delatar al padre que, hasta ese momento, concentraba exitosamente todas sus energías en esquivar la justicia en Panamá para librarse de cualquier castigo?
Cinco años antes, en mayo de 2017, el FBI les había avisado sobre la conveniencia de cooperar. “El primero en traer información obtendrá beneficios”, les dijo un agente a los abogados de los hermanos Martinelli en una reunión en el Departamento de Justicia, en Washington D.C., según publicó La Prensa. Otros de la Procuraduría marcaron el rumbo de la conveniencia: aceptar la responsabilidad y señalar al culpable para reducir la pena.
En EE.UU., un delito federal como lavado de dinero, sostenido de manera sistemática y consciente durante seis años, como lo habían hecho ellos según las autoridades, podía encerrarlos hasta por 20 años. Así que, tras varias artimañas para intentar escapar de la justicia, los hermanos Martinelli hablaron y sepultaron al padre.
“Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso”, dijo Luis Enrique en la audiencia definitiva sobre los motivos que lo llevaron a convertirse en un delincuente. “Fue demasiado tarde cuando me di cuenta de a dónde me había llevado. No había vuelta atrás”, lamentó.
Hubieran preferido evitar ese momento. Y, de hecho, lo intentaron, de muchas maneras y durante mucho tiempo.
Primero, cuando los bancos suizos donde tenían cuentas bancarias les preguntaron el origen de los fondos que recibían, aportaron contratos falsos con Odebrecht, con la esperanza de despejar las sospechas sobre los depósitos suculentos. Pero el ardid no tuvo éxito y las autoridades suizas terminaron acusándolos de lavado de activos.
Después, canalizaron nuevos pagos por otros $30 millones a bancos más acomodaticios. También buscaron refugio en los fueros del Parlamento Centroamericano, para el que fueron electos, intentando jurar como diputados suplentes y así obtener inmunidad automáticamente. Luego, a principios de 2020, mientras negociaban con el FBI un acuerdo, planearon una fuga, y se fugaron.
La huida, como también informó La Prensa, incluyó un traslado en lancha hacia Bahamas, donde abordaron un avión privado con destino a Panamá. Como no pudieron aterrizar, siguieron hacia El Salvador para, finalmente, tras un viaje por tierra en Uber, llegar a Guatemala. Días después, el 6 de julio del 2020, fueron arrestados en el aeropuerto La Aurora de ese país cuando pretendían abordar el avión privado de su padre, nuevamente con destino a Panamá —donde la extradición de sus nacionales está prohibida constitucionalmente— y poner fin a la persecución del FBI.
Las autoridades de Guatemala los metieron presos de inmediato y EU se apresuró en presentar una solicitud de extradición. Meses y varias recusaciones después, los hermanos terminaron en un avión con destino al norte que los juzgó. Ese fue el último capítulo en la sucesión de intentos inútiles por evadir la justicia.
“Culpables por su papel en el lavado de $28 millones de dólares en un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero involucrando a la constructora Odebrecht S.A.”, sentenció el juez Raymond J. Dearie, que los obligó a devolver $18.8 millones y otros activos decomisados, así como a pagar una multa de $250 mil. Los castigaron con tres años de prisión, dos de ellos en libertad bajo supervisión.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares son los primeros panameños de alto perfil condenados por la trama de corrupción monumental que montó Odebrecht en Panamá. En el país donde la empresa cosechó 25 contratos con sobrecostos que superaron los $2 mil millones y donde pagó sobornos por millones de dólares, aún no hay condenas, aunque sí arreglos de pena con algunos testaferros.
La evidencia contra el padre es monumental. Presidente desde 2009 hasta 2014 por el partido que fundó, Cambio Democrático, Ricardo Martinelli Berrocal hizo de la voracidad una personalidad. En campaña, prometió acabar con las mafias y convertir a Panamá en “el mejor lugar para hacer negocios”. Y de cierta manera lo logró, pero para sí. Aún no había asumido el cargo y ya sus hijos habían negociado embucharse $35 millones de Odebrecht, según confesó el entonces superintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabello.
Rabello, cabeza de la empresa brasileña en Panamá, contó los detalles a las autoridades de Brasil el 2 de agosto de 2017. Fueron $4 millones para la carrera presidencial y, cuando resultó electo, otros $35 millones, negociados con sus hijos por un “trato preferencial”, “ventajas” y “resolver problemas”. “Usted quédese tranquilo. Yo sé que ustedes hicieron varios proyectos, espero que puedan tener oportunidades”, le prometió Martinelli a Rabello cuando lo atendió en una oficina del Súper 99, la cadena de supermercados de la que es su principal accionista.
De ahí en más, el ascenso de Odebrecht como la primera contratista del Estado fue meteórico. Pero la historia no empezó con Martinelli, ni terminó con él.
El presidente anterior, el perredista Martín Torrijos (2004-2009), abrió las puertas del país a la empresa en 2006 y le adjudicó cuatro proyectos por $598 millones. A su vez, quien sucedió a Martinelli fue un opositor a ambos, el panameñista Juan Carlos Varela (2014-2019), que asumió justo cuando estalló Lava Jato pero la siguió contratando: unos siete proyectos por, al menos, $2 mil 584 millones.
Odebrecht hundió las garras en toda la región, pero en Panamá encontró una codicia ávida y entrenada como para plantar bandera. Consiguió lo que nadie aquí desde la instauración de la democracia en 1989: unir a tres presidentes de tres partidos en la voluntad de otorgar a una empresa extranjera la exclusividad en la construcción de megaproyectos millonarios que tuvieron sobrecostos igualmente millonarios. Durante diez años, el país conocido por el Canal fue una sucursal del carnaval carioca: Panabrecht.
La historia empezó en 2004
El 1 de septiembre asumió la presidencia de Panamá Martín Torrijos, hijo de Omar, el hombre que recuperó el Canal para los panameños y fundador del PRD, el brazo político de su dictadura. Dos años después, en 2006, anunció la construcción de un proyecto de riego para el agro en una provincia al suroeste del país. Esa fue la primera obra de Odebrecht en el país y fue una muestra de lo que vendría: terminó costando casi $11 millones más del precio por el que se licitó.
Al año siguiente, en mayo de 2007, Torrijos viajó a Sao Paulo en busca de inversionistas brasileños. Habían pasado cinco años desde la reversión del Canal. Panamá crecía y quería convertirse en la nueva vedette del comercio internacional.
En Brasil, Torrijos le dio la mano al entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien luego se convirtió en el gran lobbista del gigante brasileño en la región. Torrijos volvió con “buenas” nuevas: la era de los megaemprendimientos estatales estaba a punto de nacer.
Dos meses después, le entregó la primera fase del llamado emblema de la corrupción transpartidaria: la ampliación de una avenida conocida como la Cinta Costera, obra desarrollada en la ciudad capital y cuyo segundo tramo, que continuó en el siguiente mandato de Martinelli, terminó con un 50% por ciento de sobrecosto y sin solucionar el problema vial que debía resolver. El ingenio popular la bautizó como la “cinta coimera”.
Además, le dio un tramo de la autopista que une la capital del país con la ciudad caribeña de Colón (Madden-Colón). Resultaría uno de los mejores negocios, aún después de Torrijos, gracias al pago que desde entonces le hace el Estado a la empresa en “peaje sombra”, un subsidio por cada usuario que transita por la vía.
Entonces siguió Martinelli: doce proyectos por valor de unos $5 mil millones para Odebrecht. De esos, diez terminaron costando más del precio adjudicado, elevando el monto global unos $1,120 millones en sobrecostos durante su mandato.
Además, el Ministerio de Obras Públicas aprobó una adenda insólita, de $127.3 millones, para construir el tramo de autopista que comenzó con Torrijos (Madden-Colón), en lugar de llamar a una nueva licitación. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos protestó enseguida porque, además, contemplaba obras que no tenían nada que ver con la nueva carretera. Por ejemplo, mejoras a avenidas e, increíblemente, trabajos para recuperar las ruinas de una ciudad del interior y un estadio, todo en un mismo contrato.
Lo mismo hicieron con la Cinta Costera. Para construir la fase II, que llegó a inaugurar el propio Lula da Silva junto a Martinelli, aprobaron una adenda de $52.6 millones.
Martinelli tuvo como vicepresidente a un opositor que convirtió en su aliado: Juan Carlos Varela, líder del Partido Panameñista. Pero en el segundo año de gobierno se pelearon y, en 2014, Varela compitió con el alfil de Martinelli —el exministro José Domingo Arias— por la Presidencia. Y ganó.
Para entonces, Lava Jato ya era un escándalo internacional, cuyo principal actor para Panamá era Odebrecht. Pero las investigaciones en Brasil no frenaron la máquina de facturar millones. Varela le garantizó continuidad con dos de sus obras insignia: la renovación de la ciudad atlántica de Colón y la segunda línea del metro (la primera línea también había sido construida por Odebrecht durante el gobierno de Martinelli).
En Colón, Varela se propuso renovar la ciudad con 5 mil apartamentos de vivienda social, empotrados en monoblocks, con habitaciones pequeñas y escaleras al aire libre, por $537 millones. Al final, costó más de $100 millones más. La segunda línea del metro, con un proceso de licitación cuestionado y hasta impugnado, terminó de hacerse con $205 millones más del precio inicial.
Martinelli y Varela no solo dieron a Odebrecht sus proyectos insignia. También le permitieron convertirse en el propio Estado con la privatización de la gestión social en las megaobras de viviendas en zonas calientes y de extrema pobreza, como el barrio de Curundú, en la capital, y Colón.
En Curundú, donde hay pocos trabajadores formales y la mayoría de los niños viven solo con la madre, la empresa quiso resguardarse recurriendo a Dios y a la espada. Armó una sociedad con pastores evangélicos, encabezados por Luis Altamirano, que dijo al proyecto periodístico ‘Lava Jato Conexión PTY’: “Odebrecht fue la única empresa que se preocupó por nosotros”.
También habló con el Ministerio de Seguridad para ofrecerle la instalación de una unidad de policía comunitaria, a fin de poder construir sin sobresaltos. En el Ministerio dijeron que sí. Así, Odebrecht llevó a unos 160 oficiales panameños a capacitarse en Brasil. En 2012 se instaló la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) en el barrio. Es la versión panameña de la Unidad de Policía Pacificadora de la Policía Militar que opera en las favelas de Río de Janeiro, según informó la Policía Nacional.
¿Cómo logró Odebrecht semejante poder? ¿De qué manera consiguió contratos y réditos combinados que alcanzan los $10 mil millones, que representan $2 mil 500 por cada panameño?
Rabello lo resumió así ante las autoridades: “Panamá tiene mucho de esa cultura de intercambio de favores: Tú me ayudas ahorita, después yo te ayudo. ¿Entendió?”.
Los favores Rabello los concretaba con una fórmula ganadora: plata para las campañas electorales, adaptación a los tiempos políticos —hubo grandes fiestas de inauguraciones a finales de mandatos— y las coimas más jugosas de las que el país tenga recuerdo.
Durante la administración Torrijos, Odebrecht habría efectuado pagos ilegales a funcionarios por unos $6 millones. Según la delación de Rabello, por la autopista Panamá-Colón distribuyeron $10.9 millones entre nueve sociedades anónimas. Sin embargo, los coimeados identificados por el Ministerio Público no serán investigados por la justicia, dado que ese período no pudo abordarse judicialmente.
En la era Martinelli, las cifras treparon y son incalculables. Los datos revelados por investigaciones periodísticas y judiciales indican que los sobornos sobrepasaron los $100 millones.
Al ministro de la Presidencia de ese gobierno, Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu, le pagaron $4 millones entre 2010 y 2012 a través de sus padres. Los papeles de apertura de cuentas bancarias en Andorra mostraron además que recibió unos $10 millones, aunque él negó al diario El País de España haber cobrado dinero de manera ilegal. Sí admitió que sus padres hacían negocios con la empresa.
Al entonces ministro de Economía, Frank de Lima, lo acusan, junto a su esposa, por haber recibido unos $10.7 millones y $3 millones respectivamente entre 2011 y 2014. Y al exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, también, por el cobro de $1.8 millones. Igual que el exministro Federico José Suárez. Todos ellos están acusados de lavado de activos. Lo mismo que Martinelli.
La justicia sospecha que Martinelli habría recibido en sus cuentas personales dinero de Odebrecht a través de intermediarios. Rabello también dijo que a sus hijos les transfirieron al menos $42 millones, aunque tras el juicio llevado a cabo en EE.UU., la suma de las coimas trepó a más de $58 millones. La empresa familiar Importadora Ricamar, S.A., propietaria de los supermercados 99, está acusada igualmente de blanqueo de capitales tras recibir fondos de la Caja 2 de Odebrecht.
Para cobrar y blanquear esos millones, los Martinelli montaron una red aparte de la de la empresa. Una estructura global de sociedades, prestanombres y contratos ficticios, que permitían justificar el flujo de fondos a través del sistema bancario local e internacional, según la fiscalía panameña. Transfirieron de una sociedad en un costado del mundo, a otra en otra punta, para así poder gastar en cosas como un helicóptero, un apartamento de lujo en Madrid y llevar una vida de lujos.
En la lista de cobros sospechosos también figura el expresidente Varela: recibió transferencias de una de las sociedades pantalla de Odebrecht cuando era vicepresidente de Martinelli, a través de terceros. Uno de sus recaudadores de campaña reconoció en la Justicia haber cobrado $6 millones para la carrera presidencial del panameñismo. Al alias “Cachaza” le depositaron $16 millones en sociedades vinculadas a figuras del Partido Panameñista, incluida la de un médico íntimo amigo de Varela.
Odebrecht giraba los pagos desde el Sector de Operaciones Estructuradas, el eufemismo con el que bautizó a su División de Sobornos. Montó un sistema sofisticado y a prueba de escrutinios llamado Drousys, en el que se detallaba el destinatario de los sobornos con “codinomes” o apodos —en Panamá usaron Cachaza, Aguia, Feria, Canario, Explorer, Periquitas y, al menos, unos 20 más—, la cifra y cómo debía depositarse, si a una sociedad de alguna jurisdicción offshore o cheque o efectivo. Cachaza fue el segundo en el ránking de coimeados del istmo, después de Águia, que luego se supo era Martinelli.
Expresidentes negaron haber recibido pagos ilegales
“Yo fui investigado por más de seis meses; mandaron notas a todas las instituciones financieras; vieron todas mis cuentas y al final ordenaron el archivo del caso”, dijo el expresidente Torrijos. “Son cargos políticos de procesos amañados que no tienen ningún fundamento”, dijo Martinelli. Varela se defendió diciendo: “En mi gobierno no se recibió ningún pago indebido de la empresa Odebrecht ni de ningún contratista del Estado”.
Los sobornos alcanzaron a toda una legión de funcionarios: presidentes, ministros, candidatos presidenciales, empresarios que sirvieron como intermediarios, recolectores de fondos para campañas políticas, servidores públicos de mandos medios y hasta periodistas. ¿De dónde sacaba Odebrecht tantos millones? En muchos casos, de los sobrecostos que cobraba por las obras que esos mismos funcionarios les adjudicaban y alimentaban al Departamento de Coimas. En el caso de Panamá, fueron más de $2 mil millones entre 2006 y 2019. Y los sobrecostos se alimentaban, en muchos casos, de las adendas.
En países como Argentina, Perú y República Dominicana, entre otros, una vez que la compañía y sus aliadas locales aseguraban una licitación a un precio auditado, aparecían adendas con cambios en los montos que el Estado debía destinar a los proyectos. En Panamá, las hubo al menos en 20 proyectos. Eso es lo que se sabe. Lo que no, podría ser más.
¿Quién es Cachaza? ¿A cuántos y por cuánto llegó la empresa con su carnaval de los miles de millones de dólares? Odebrecht debía cooperar para saber respuestas a estas y muchas otras preguntas, pero la empresa —o sus exejecutivos y operadores financieros— no lo contó todo. La promesa del intercambio sellado el 26 de julio de 2017 con el Ministerio Público ofrecía impunidad a personas, como el superintendente de Odebrecht en Panamá, Rabello, a cambio de una información que, sin embargo, fue insuficiente para armar el rompecabezas completo.
A Odebrecht la justicia local le impuso una multa de $220 millones, por los sobornos y por abusar del sistema bancario local para blanquear cientos de millones de dólares, los cuales debía pagar en un período de 12 años. Pero la empresa tampoco ha honrado ese trato: apenas ha pagado $52 millones, y el Ministerio Público (MP) ha tenido que pedir seis audiencias por incumplimiento.
No fueron los únicos que no pagaron: aún no hay condenados de alto perfil cumpliendo cárcel en Panamá, el país en el que los tres mayores partidos políticos del país están salpicados por la red de corrupción.
Durante su gestión, Martinelli obtuvo impunidad interviniendo el Ministerio Público; colocando fichas propias en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y comprando diputados. La entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Bárbara Stephenson, lo puso así en un cable de 2009 de WikiLeaks: “La excesiva concentración de poderes en manos de un solo hombre [Martinelli], junto con su intento de implicar a la Embajada en actividades ilegales [el espionaje telefónico de la oposición] y los informes sobre su intimidación a autoridades judiciales son causa de preocupación respecto a la estabilidad de las instituciones democráticas de Panamá a medio plazo”.
La estrategia de Varela quedó expuesta en noviembre de 2019, con la filtración de mensajes de su celular, publicada en una web con el nombre de “Varelaleaks”. El presidente apuró un acuerdo paralelo con Rabello, a través de su hermano, el entonces diputado José Luis ‘Popi’ Varela, que luego institucionalizaba con la jefa de fiscales, Kenia Porcell. Las comunicaciones entre Varela, su hermano y Rabello, revelan manipulación y presiones para favorecer al delator que no lo contó todo y provocó la renuncia de Porcell.
En Panabrecht, la empresa pasó agachada como políticos, ministros, empresarios, testaferros y otros intermediarios, como abogados y bancos. Hasta ahora. La justicia panameña —normalmente tímida, cómplice y excesivamente tolerante— será puesta a prueba a partir del 18 de julio, en el juicio del caso local de Odebrecht que comienza justo cuando se cumplen seis años del surgimiento de Lava Jato. El Ministerio Público, que no inició la investigación de oficio sino por la denuncia de un particular, ha celebrado ocho acuerdos de colaboración eficaz y once acuerdos de pena con sentencia condenatoria.
Hasta aquí, los únicos condenados por la corrupción monumental del caso en Panamá fueron sentenciados fuera del país: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que podrán leer esta historia desde una cárcel federal en Estados Unidos.
El padre, al que los hijos señalaron como el responsable del desfalco millonario al Estado, probablemente la leerá en su lujosa residencia en San Francisco, en el mismo lugar donde esperó la sentencia de sus hijos con una fiesta.
Ese día de mayo, Martinelli invitó a amigos y amigas –caras nuevas que lo rodean desde que los escándalos comenzaron a amontonarse– a parrandear con él. Luego de la sentencia, compartiría un comunicado celebrando “un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales”, pero en la víspera de la audiencia definitiva en la que quedó sellada su participación en el festín ilegal de los millones, el clima era de fin de época.
Esa noche, el expresidente abrió el bar y subió el volumen de la música, en otra fiesta intensa, como carnaval carioca.
*Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
