Panamá busca con terceros países un destino final para los 111 inmigrantes varados en su territorio tras ser expulsados en febrero por Estados Unidos, y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, descarta tajantemente que puedan ser enviados a cualquier destino en contra de su voluntad.
En una entrevista con EFE tras participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU -país del que Panamá es miembro desde el pasado 1 de enero y durante dos años-, Martínez-Acha no quiso desvelar el nombre de los países con los que Panamá está en contacto como destino final de esos inmigrantes, pero especificó que serán lugares donde existan comunidades afines y donde ellos se sientan seguros.
Los 111 inmigrantes son de una decena de países distintos, pero dominan los de Irán (24), Camerún (21), China (12), Nepal (10) y Afganistán (9); todos ellos alegan ser perseguidos por razón de su religión, su etnia o su condición sexual.
En total fueron 299 los migrantes irregulares extracontinentales que fueron enviados en tres vuelos por Estados Unidos en el marco de un acuerdo que convirtió a Panamá en país “puente” para su repatriación. De ellos, al menos 187 retornaron a sus países de manera “voluntaria”, según las autoridades panameñas.
Martínez-Acha resaltó que el traslado de los 299 inmigrantes se hizo “respetando su dignidad y sus derechos”, en una operación supervisada por la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para los refugiados y que a Panamá no le supuso ningún gasto.
Con respecto a si habrá nuevos vuelos similares, el canciller dijo que no están ahora sobre la mesa, pero dijo y repitió que la decisión final compete al presidente, José Raúl Mulino.
Un modelo migratorio “envidiado” en el continente
Martínez-Acha recordó que la gestión de la migración es en su país “una historia de éxito”, pues en los nueve meses transcurridos desde la llegada del presidente Mulino la inmigración irregular ha ido bajando mes a mes hasta llegar a una reducción del 97% de pasos irregulares en el ya famoso paso del Darién.
Recordó al respecto que cuando el 1 de julio de 2024 su Gobierno firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento (MoU) para “promover la colaboración en el manejo de la migración, incluyendo el apoyo a operaciones panameñas de repatriación seguras y efectivas”, Panamá tuvo que afrontar numerosas críticas en el continente.
“Pero ahora, muchos cancilleres me llaman para que les cuente cómo ha sido la experiencia y cómo pedir algún tipo de colaboración con Estados Unidos para atajar el problema de la inmigración irregular”, asegura Martínez-Acha, sin querer mencionar nombres.
Un lobby que ayuda a Panamá en la controversia por el Canal
El canciller dijo que este viaje de un solo día a Estados Unidos se hizo con el único propósito de visitar la ONU -así, se entrevistó con su secretario general, António Guterres, al que invitó a visitar el país-, pero no va a tener un componente bilateral en un momento de tensión por los recurrentes reclamos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Canal de Panamá.
Martínez-Acha confirmó que su Gobierno ha contratado a un lobby (grupo de presión) en Washington para que defienda sus tesis, y dijo sentirse satisfecho de cómo están manejando sus intereses.
Según ha desvelado la prensa estadounidense, se trata de un contrato de un año por valor de 2.5 millones de dólares con el grupo BGR, cercano al Partido Republicano del presidente Trump y al que el Gobierno panameño ya contrató entre 2022 y 2023.
El canciller repitió las tesis que su país viene defendiendo desde que Trump lanzó el primer órdago sobre el canal: que “no hay ninguna fuerza extranjera” en sus aguas, que la gestión es “profesional, eficiente y segura para la economía y el comercio y el mundo” y que entre sus beneficiaros se encuentran antes que nada puertos y empresas estadounidenses.
“Creemos que los diferentes actores en Washington lo entenderán”, aseguró, pero admitió que hay quien “informa de manera incorrecta a los tomadores de decisiones” en Estados Unidos.
El canciller prefirió destacar que con Estados Unidos “tenemos una gran relación, somos su principal socio en la región y tenemos una buena cooperación para atacar el crimen organizado, la narcomafia y la inmigración irregular”.
