En términos generales, Panamá no cumple de forma satisfactoria con los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de Lima, firmado durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2018. Así se evidencia en un informe publicado por el Observatorio Ciudadano de la Corrupción, el cual fue presentado la mañana de este martes 26 de octubre por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
El Observatorio está integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil que se tomaron la tarea de evaluar la normativa panameña y la implementación de la misma en relación a las áreas temáticas de compromisos adquiridos por el Estado en Lima.
Panamá obtuvo una calificación promedio de 1.42 en una escala del 0 al 3. El observatorio trabajó en base a cinco áreas temáticas identificadas. En total, se midieron 19 “mandatos priorizados” del compromiso de Lima. Las cinco áreas temáticas identificadas son: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información y protección del denunciante, financiamiento a la política, prevención de la corrupción en las obras públicas y cooperación jurídica internacional.
La mejor calificación de Panamá se obtuvo en el área de prevención de la corrupción en obras públicas, con un puntaje de 1.65.
De Obaldía hizo hincapié en los avances en este rubro, y aplaudió los avances en digitalización de la Dirección General de Contrataciones Publicas, así como los progresos en la más reciente reforma a la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Sin embargo, explicó que la ley mantiene ciertas excepciones que permiten la contratación directa.
En relación con las contrataciones, De Obaldía también habló de la necesidad de incluir cláusulas anticorrupción en los contratos. Esto, explicó, permitiría al Estado llevar a cabo investigaciones de forma más efectiva y expedita, en caso de ser necesario.
En contraste, el compromiso peor valorado, con un 1.07, fue el de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. El informe califica de “alarmantes” los resultados en esta área temática. La misma incluye compromisos como fortalecer la autonomía e independencia judicial e incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en medidas anticorrupción, entre otros. Se contempla también la transparencia en la contratación de funcionarios y la prevención de conflictos de intereses.
La presentación incluyó un panel, moderado por la periodista Sabrina Bacal, en el cual expusieron sus interpretaciones del informe Alonso Illueca, miembro de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y Carlos Lee, activista y presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Durante su intervención, Illueca resaltó que actualmente existen iniciativas legislativas que podrían ayudar a avanzar en algunos de los puntos evaluados. También habló de cómo la corrupción afecta a la ciudadanía, particularmente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
“No puede haber una sociedad comprometida con la lucha anticorrupción si no tenemos una cultura ética”, dijo Lee. Al no existir esta cultura –añadió– las personas tienen mayor dificultad para percibir las consecuencias y los efectos de la corrupción.
El informe plantea recomendaciones de parte del Observatorio que resultarían en mejores resultados, particularmente en áreas donde Panamá carece de normativa eficiente. Se concluye que Panamá “no cuenta con una estructura permanente que dé seguimiento al cumplimento de los compromisos, así como tampoco se ha definido un mecanismo de coordinación intergubernamental que de manera permanente y sistemática impulse el cumplimiento de los compromisos”.
