El gobierno panameño anunció que investigará y supervisará a todas las personas y sociedades mencionados en los Pandora Papers, la investigación lanzada este domingo 3 de octubre por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que examina más de 11.9 millones de documentos sobre sociedades offshore, gestionadas en distintas jurisdicciones por una docena de firmas, dos de ellas panameñas.
La Presidencia de la República divulgó este domingo un comunicado en el que señala que la Superintendencia de Sujetos no Financieros hará una supervisión inmediata de “los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país”.
Igualmente, la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes (sean personas naturales o jurídicas) en Panamá, señalados en las publicaciones, y también atenderá el intercambio de información que solicite alguna de las jurisdicciones aludidas en las notas periodísticas.
Entre las personas mencionadas hasta ahora por las publicaciones hay políticos de todo el mundo (incluyendo los expresidentes Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela), artistas, reyes y deportistas de élite, entre otros.
El comunicado de Presidencia también advierte que la Cancillería panameña comunicó al ICIJ “que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país”. El boletín cita una declaración del presidente Laurentino Cortizo, que señala que luchará para que Panamá no sea asociada “a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley”.
Desde el 16 de septiembre pasado, el gobierno panameño -a través de una firma estadounidense contratada para estos menesteres- envió una nota al ICIJ, anticipando que los Pandora Papers podrían afectar la reputación de Panamá, como alega que ya ocurrió en 2016 con los Panama Papers, como se denominó la investigación conducida por el consorcio de periodistas sobre las actividades de la extinta firma Mossack Fonseca.
Señala que por incumplimiento de las leyes panameñas, se ha suspendido el registro de 395 mil 415 sociedades y fundaciones, las cuales representan el 50% del total.
Además, se han hecho ajustes al marco legal: ahora es obligatorio que las firmas de abogados que actúan como agentes residentes identifiquen al beneficiario final; las autoridades fiscales panameñas comparten información de los ciudadanos extranjeros con su jurisdicción de origen y se creó la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
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