Luego de conocerse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido a la exprocuradora de la nación, Ana Matilde Gómez la primera audiencia en el caso que interpuso contra el Estado panameño en febrero de 2011, el Gobierno Nacional consideró conveniente retirar su postulación para una de las vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Ante la activación de este caso, el Gobierno Nacional considera conveniente retirar la postulación de Ana Matilde Gómez para una de las vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de manera que tanto el Estado como la demandante puedan actuar con total independencia e interponer todos los recursos y acciones que estimen necesarias para la mejor defensa de sus intereses”, señala un comunicado de la Cancillería de la República.
El pasado 25 de enero, la Cancillería panameña, a través de su misión en la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó la candidatura formal de Gómez como jueza de la Corte IDH para el periodo 2022-2027.
La Cancillería explica que Gómez solicitó la audiencia a la CIDH, la primera en 10 años, antes de conocer su postulación a la Corte y fue hasta ahora que se comunicó al Estado que había sido concedida para el próximo 16 de marzo.
Gómez, y el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario American University–Washington College of Law, la Asociación Panameña de Derecho Constitucional y la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño, interpusieron un reclamo el 16 de febrero de 2011 en el proceso judicial que dio como resultado la separación y condena de la exprocuradora, ya que consideraban que se violaron “los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los principios de legalidad y retroactividad y de protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En 2019, la CIDH admitió la denuncia interpuesta por Gómez, quien fue juzgada y sentenciada por el delito de abuso de autoridad al autorizar interceptaciones telefónicas ilegales cuando fungía como procuradora general de la Nación.