Uno de los proyectos del presidente José Raúl Mulino es la reducción del aparato estatal. Su plan contempla la eliminación y fusión de instituciones públicas con funciones redundantes, con el propósito de hacer más eficiente la gestión gubernamental y reducir el gasto público.
Uno de los casos en análisis es la posible fusión del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) con el Banco Nacional de Panamá (BNP). Al ser consultado sobre el tema en la conferencia de prensa de los jueves, Mulino aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva, pero se refirió a la compleja situación financiera del BDA.

“El Banco Nacional, profesionalmente, es el que tiene más experiencia en créditos agropecuarios en el país. Ellos están haciendo una evaluación de la cartera del BDA. Y así se lo he transmitido al gerente general de ese banco: que coopere. Eso está lleno de plomo, millonario, porque fue un banco explotado políticamente en el tiempo. En este momento, ese banco es un gasto”, afirmó el mandatario.
No obstante, el gerente del BDA, Roberto Barría Stanziola, en entrevista con La Prensa, aseguró que la institución no es una carga y que, en los últimos meses, se han recuperado 10 millones de dólares en créditos vencidos, de un total de 78 millones.
Barría destacó que el banco sigue funcionando con recursos propios y mantiene una cartera activa de 230 millones de dólares, lo que, según él, demuestra que la entidad es rentable y cumple con su misión de apoyar a los pequeños y medianos productores del país.
Un Estado inflado y con funciones duplicadas
El abogado René Pardo, en un artículo de opinión publicado en La Prensa, titulado ¿Es posible reducir el tamaño del Estado sin afectar su eficiencia?, recordó que Panamá tiene una estructura gubernamental amplia en relación con su tamaño y población. Según su análisis, actualmente el país cuenta con: 17 ministerios, 34 instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas, ocho intermediarios financieros estatales, nueve organismos independientes, 78 municipios, 649 juntas comunales y 13 gobernaciones
A su juicio, este modelo administrativo ha sido señalado como burocrático, costoso e ineficiente. En ese sentido, propone trasladar algunas competencias estatales a los municipios, en lugar de seguir creando entidades que solo aumentan el gasto sin garantizar una mejor gestión.
“Eliminar o fusionar instituciones permitiría disminuir el gasto gubernamental, reducir la burocracia y optimizar el uso de los impuestos. También ayudaría a combatir la corrupción, ya que un aparato estatal más grande y con funciones superpuestas genera mayores riesgos de opacidad”, explicó Pardo.
¿Qué instituciones podrían fusionarse o eliminarse?
Algunas de las entidades que podrían ser absorbidas, eliminadas o delegadas, a otros organismos, según Pardo son:
Autoridad de Pasaportes, propone que se reintegre como dirección del Ministerio de Gobierno. También dice que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario debería estar en manos de los municipios. Esta entidad nació en 2010 para reemplazar a la extinta Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud) que estaba bajo el paraguas del Municipio de Panamá.
Mientras que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), a su juicio, es una entidad que podría convertirse en una dirección dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). La Empresa de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, otra de las entidades que surgió en el gobierno 2009-2014 podría operar en coordinación con alcaldías y el MIDA. El Banco Hipotecario Nacional, podría fusionarse con la cartera hipotecaria del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, la iniciativa que está sobre la mesa del Ejecutivo.
Además, Pardo propone que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) sea absorbido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y que la Dirección General de Contrataciones Públicas también se integre a esta entidad.
Otras de las entidades que están siendo evaluadas por la Presidencia de la República son el Ministerio de la Mujer, los Bingos Nacionales y los Correos Nacionales. También se pretende reestructurar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
De hecho, el diputado independiente Neftalí Zamora presentó un proyecto de ley que pondría fin a la operación de los Bingos Nacionales, con el argumento de que representa una carga financiera para el Estado. La iniciativa busca derogar el Decreto Ley N.º 4 de 1982, con el propósito de eliminar un gasto que, según el diputado, es innecesario.

Un proceso con obstáculos
Algunos expertos en administración pública advierten que estos cambios requerirían reformas legislativas e incluso constitucionales, además de negociaciones con sectores que podrían resistirse a perder privilegios dentro del aparato gubernamental.