La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dio a conocer ayer martes 31 de enero, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022.
El país se estancó en la lucha contra la corrupción, ya que obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 (0 significa opaco o corrupto y 100 transparente) y quedó en la posición 101 entre 180 países evaluados. Estos resultados son similares a los de 2021, cuando sacó 36 puntos y ocupó la posición 105.
El puntaje de Panamá está por debajo de 43, el promedio regional. En el continente, los que sí quedaron bien posicionados son: Canadá (74) Uruguay (74) y Estados Unidos (69). Mientras que en las últimas posiciones se encuentran Nicaragua (19), Haití (17) y Venezuela (14).
Este informe se enfoca principalmente en la relación entre los altos niveles de corrupción, la criminalidad organizada y la inestabilidad en las Américas. Al respecto, Delia Ferrara, presidenta de TI destacó que “los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”.
Panamá
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es una mala noticia para el país que su puntuación sea 36 sobre 100. “Esto demuestra que desde que se iniciaron las mediciones en el año 2012, van tres administraciones diferentes que no han logrado hacer cambios contundentes para mejorar la capacidad de lucha contra la corrupción”
Recordó que Panamá no tiene el marco legal necesario para combatir la corrupción y en los casos en que sí existe, no se aplica correctamente para la prevención. “Existe una suerte de vacío, que se convierte en impunidad real o percibida, o hay circunstancias en donde hay adelantos y todavía estamos esperando los efectos prácticos, como por ejemplo Ley 316 de prevención de conflictos de intereses, que debe entrar en la práctica el 18 de febrero del 2023″, dijo.
De Obaldía, recalcó que el entorno del fenómeno de la corrupción tiene dos partes: el corrupto y el que se deja corromper, que tampoco es medido. “En nuestros países nos hace falta un verdadero marco regulatorio robusto contra la participación privada a instancias de la corrupción”, añadió.
‘Bomba de tiempo’
Para Alonso Illueca, profesor e investigador asociado de derecho internacional público y derechos humanos en la Universidad Santa María la Antigua, los resultados que obtuvo Panamá no son los de un país de renta alta con una democracia deficiente como es en la actualidad; si no los de un régimen híbrido que va camino a transformarse en una autocracia moderada y con renta baja.
Illueca afirmó que a nivel de las Américas, Panamá está igual que Ecuador y Perú, con parecidos en “cierto grado”. Entre ellas, “la causalidad de los detonantes relacionados a la crisis social”.
Y a nivel global, se podría comparar con países como Kazajistán, Serbia, Turquía, entre otros. “En su mayoría países con regímenes autoritarios” señaló Illueca.
“(...) que la bomba de tiempo que corre no nos estalle. Lo que sucedió en julio y agosto del 2022, puede que nada más haya sido una pequeña muestra de lo que pueda ocurrir más adelante. Nosotros no estamos reflejando lo que en la práctica debería reflejar una democracia con ciertas deficiencias, si no que reflejamos resultados de un régimen autoritario”, aseguró.
Por su parte, Eguiar Lizundía, asesor senior en gobernanza y anticorrupción del Instituto Republicano Internacional, manifestó que el IPC es una de las herramientas “más poderosas, en la lucha contra la corrupción”.
“Nos da un pantallazo de cómo estamos, en relación al control, prevención y castigo de este tipo de prácticas a lo largo del tiempo. Y parece que no estamos donde deberíamos estar y donde nos gustaría, una muestra del estancamiento a nivel global en la capacidad de lucha contra la corrupción”, agregó.
Por su parte, Enrique de Obarrio resaltó que la corrupción “desdibuja” a Panamá como país. Añadió que se debe reconocer y asimilar el costo de la misma, junto con su relación con la pobreza y la desigualdad, la débil institucionalidad y la crisis de valores. “El combate a la corrupción debe ser entonces integral, y es preciso ponderar la urgencia de mejor educación, de promoción de liderazgos basados en valores, orientados en principios; de subsanar el déficit de ciudadanía existente, y fortalecer la pobre cultura democrática; por ejemplo para elegir mejor en las elecciones generales, y votar realmente a conciencia, que no es otra cosa que votar a favor de quienes consideremos lo harán mejor, en los mejores intereses del país, del bien común; con integridad”, planteó.
