Los ojos del país están puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Lo tienen la juventud que comenzó las protestas y bloqueos de calles, educadores y dirigentes sindicales que se sumaron a las manifestaciones; también la Asamblea Nacional, que desistió de derogar la norma mediante la vía legislativa para esperar el pronunciamiento de la Corte. El ciudadano común que rechaza el contrato, pero que ya está agotado de los cierres. Y los miembros del Ejecutivo, que luego de casi un mes de guardar silencio, en los últimos días han aparecido en conferencias de prensa.

En manos de la Corte, que preside la magistrada María Eugenia López Arias, está la decisión sobre si es o no inconstitucional la Ley 406, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., para la explotación de cobre en Donoso, Colón, norma que ha recibido el rechazo y ha derivado en las últimas semanas en desabastecimiento de alimentos, combustible y gas (en al menos tres provincias), suspensión de clases (en todo el país) y cierres de calles en las principales arterias viales del país.

Precisamente este jueves 23 de noviembre se cumplió un mes de la paralización del país. Aunque los cierres continúan, la intensidad de las protestas ha bajado y se concentra principalmente en Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. El sector empresarial ha pedido insistentemente la reapertura de las vías. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) emitió un pronunciamiento en el que habla de “ausencia de autoridad” para hacer frente a los “grupos que promueven el caos y la anarquía”.

Este miércoles y jueves venció el plazo para que todo aquel interesado presentara sus alegatos en relación a las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 presentadas por los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo. Por esa razón, a partir de este viernes 24 de noviembre, el pleno de la Corte se declara en sesión permanente, “hasta emitir su decisión en el menor tiempo posible”, informó el secretario general de la CSJ encargado, Manuel José Calvo.

En total, a la Corte han llegado 10 demandas contra el contrato minero. Como parte de estas demandas, los procuradores de la Administración y de la Nación, Rigoberto González y Javier Caraballo, respectivamente, emitieron concepto. Ambos opinaron que la Ley 406 es inconstitucional.

Este jueves, en el último día para presentar alegatos, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz −actuando a nombre propio− pidió a la Corte que declare que es constitucional la Ley 406. Señala que Panamá es signataria de una serie de tratados de protección a la inversión extranjera y pone de manifiesto los riesgo de la litigiosidad que generaría volver a dejar sin contrato a la empresa minera.

¿Hay desconfianza?

A pesar de que todos los ciudadanos esperan que la Corte emita su fallo, en su mayoría, en contra de la Ley 406, hay quienes no confían en que eso sea así.

En el pasado, la Corte declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, que avaló la concesión para la explotación de la mina. Lo hizo en 2017, tras un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) en 2009. Aquel fallo fue publicado en Gaceta Oficial cuatro años después, en 2021. En marzo de 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo empezó a negociar un nuevo contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.

La negociación se llevó a cabo pese a los reclamos de ambientalistas y ciudadanos que señalaban que el contrato era nocivo para el país y que contiene los mismos visos de inconstitucionalidad que el de 1997. La situación se tornó tensa con la aprobación y sanción de la Ley 406.

El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.

Tres días después, el 23 de octubre, estallaron fuertes manifestaciones, bloqueos y cierre de calles, que paralizaron el país, ha costado la vida de cuatro ciudadanos y ha dejado una huelga docente que afecta a unos 800 mil estudiantes y que ha puesto en peligro el fin del año escolar. Además, han habido pérdidas millonarias del sector de la construcción, el agro y el turismo, entre otros.

Reapertura a paso lento

Mientras la justicia define lo que sucederá con la Ley 406, los panameños siguen haciendo un doble esfuerzo por llegar a sus labores diarias. Aún se mantiene el cierre de la vía Transístmica, en la capital del país. Este jueves también hubo cierres en la Ricardo J. Alfaro, a la altura de Plaza Edison; también se bloqueó en Howard, vía del Puente de Las Américas. En Colón, los agentes antidisturbios reabrieron la Boyd Roosevelt en entrada a Colón, cerca a Cativá.

La juventud y varios movimientos como Sal de las Redes mantienen una vigilia constante en los predios de la Corte. El lunes pasado, el Ejecutivo a través del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, anunció una “reducción significativa” a la propuesta original del presupuesto general de Estado para 2024, que asciende $32 mil 754 millones, el más alto de la historia del país. Esto, en respuesta a la presión social que han generado los ciudadanos, que cuestionaban también el despilfarro de los recursos públicos.

El Ministerio Público, en tanto, adelanta 190 procesos penales por sucesos de vandalismos, robos, daños a la propiedad, lesiones personales, extorsión, abuso de autoridad y homicidios, vinculados a las protestas.

Además, el miércoles llegaron al MP las primeras querellas penales contra 21 personas que mantienen bloqueos en tierras altas, provincia de Chiriquí. ¿Seguirán los bloqueos? Hay grupos que ya han señalado que todo dependerá de la decisión de la Corte.

Aminta Bustamante

Reportera Política.