La Ley 6 de 2002 de transparencia está sentenciada. El Ministerio de la Presidencia a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) presentó un proyecto de ley para derogar esta norma vital para la veeduría ciudadana. Organizaciones civiles, precursores de la ley y gremios como la Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, han condenado este nuevo paso del gobierno de Laurentino Cortizo.
¿Para qué sirve la Ley 6 de 2002? La lista es larga. Es la que permite a la ciudadanía saber cómo están conformadas las planillas de los ministerios y otras entidades públicas.
Por esta norma es que la gente hoy día puede saber cuáles son los costos en viajes, viáticos y gastos de representación de los funcionarios. Además, por esta disposición es que las entidades públicas están obligadas a publicar sus proyectos institucionales, la estructura y ejecución de los presupuestos, así como la contratación y designación de funcionarios, entre otros datos.
Algunas instituciones publican la información completa, otras apenas dan a conocer lo básico, mientras que un pequeño grupo la ignora.
Solicitudes de información
Entre los aspectos relevantes de la ley está el derecho a petición de la información, figura que está desarrollada entre los artículos 2 y 7 de la Ley 6. Se trata del derecho que tiene cualquier persona de solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, información en poder del gobierno. Solo hay que mandar una carta en papel o a través de correo electrónico, sin formalidad alguna o apoderado legal, detallando la información que se requiere (artículo 5 de la Ley 6). Esta pieza de la ley es la que ha permitido que se conozca como algunos ministerios han gastado millonarios recursos. Por ejemplo, los $416 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) repartió en partidas circuitales durante el quinquenio 2009-2014 a los diputados de la Asamblea Nacional. También es la que permitió conocer quiénes están detrás de los cupos de taxi, o cómo están conformadas las planillas de los diputados.
Alerta
La Fundación Espacio Cívico, por estos días divulga un video en el que precisamente recuerda otros detalles sobre la importancia de la ley. “Permite a cualquier ciudadano pedir información pública sobre temas que sean de su interés. Esto va desde trámites municipales, hasta información sobre becas, actas de reuniones del gabinete, excepto, información de seguridad nacional ¿qué está pasando? El Ejecutivo presentó reformas (en realidad el proyecto deroga la ley) a esta ley avaladas por la Antai. Estas aumentan la burocracia, la opacidad, y disminuyen las sanciones, lo que significa un retroceso de 20 años, todo con la excusa de que el proyecto fue consultado y tiene avances. Lo que no están diciendo es que los retrocesos están maquillados como avances. Cuando el gobierno oculta información es difícil monitorear su gestión, esto permite el abuso de poder. Exígele a tu diputado que no modifique la ley de transparencia sin una verdadera participación ciudadana”, advierte la organización.
Exígele a tu Diputado @asamblepa que no modifiquen la Ley de Transparencia sin una verdadera #participaciónciudadana pic.twitter.com/ue0G1OyhoL
— Espacio Cívico (@espaciocivico) August 23, 2023
La última voz en pronunciarse fue la Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, que preside Adolfo Fábrega. En un comunicado hecho público ayer domingo, solicitó a la Asamblea Nacional postergar la discusión del proyecto de ley 1031, advirtiendo, entre otras cosas, que se requiere una amplia consulta.
“Circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles”, manifestó el gremio.
#CámaraOpina Revisar una ley y hacerle modificaciones no debería ser objeto de mayor controversia, por lo que, en principio, no nos oponemos a ello. Pero, ceñir un debate tan importante sin una amplia y extensa consulta ciudadana, da pie para preocuparnos. https://t.co/9OgQVGWhgK pic.twitter.com/24RYDINUWp
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) August 27, 2023
El organismo que preside Adolfo Fábrega también adelantó que se mantendrán “vigilantes”, por si la intención final “es beneficiar el juega vivo, la politiquería y la opacidad; lo cual es totalmente contrario al espíritu con que se promovió esta innovadora ley hace ya más de 20 años”.
La voz de los impulsores
La semana pasada se pronunciaron los impulsores de esta ley que fue modelo para países de la región. “Se pretende derogar la Ley de Transparencia y sustituirla por la ley de opacidad” manifestó Fernando Berguido, quien como presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, fue coautor del proyecto inicial de la ley de acceso a la información que terminó siendo aprobado en 2002 como la Ley de Transparencia de Panamá.
“Sería un retroceso imperdonable porque echaríamos a la basura una ley que significó un avance gigantesco en materia de rendición de cuentas”, recordó Berguido, quien de paso dijo que la norma no solo fue aprobada por unanimidad entonces, sino que fue la primera ley de acceso a la información de América Latina y un referente de la región.
Más burocracia y opacidad
De acuerdo al proyecto que se discute en primer debate en la Asamblea, se sustituye el actual procedimiento que pauta un procedimiento sencillo, ágil, sin formalidades, ni necesidad de abogado ante los funcionarios que la custodian, así como las acciones de habeas data ante los tribunales en caso de negativa.
En su lugar, el proyecto contempla procedimientos burocráticos, a ser tramitado ante unas “unidades administrativas de transparencia” que pretenden crear en todas las instituciones. El proyecto de ley, además, elimina por completo el régimen de sanciones que contiene la legislación actual.
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La nueva legislación blindaría, por ejemplo, la información concerniente a la entrega de becas y ayudas del Ifarhu, un tema que recientemente ha generado grandes cuestionamientos y controversias.
Se convierte a la Antai en “entidad rectora y garante” de la transparencia, una entidad que es dependiente del Ejecutivo y que la ubicaría en abierto conflicto con la separación de poderes. En el futuro, al solicitante que se le niegue la información deberá ir, primero, a tramitar ante la Antai su solicitud. Solo después de ello podrá presentar un habeas data.
Esta semana es clave para el futuro del proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6, pues el próximo miércoles 30, la subcomisión legislativa que analiza el tema se reunirá. Prometieron que le darán voz a la ciudadanía, ¿cumplirán? La vigilancia se impone.
