La llegada del diputado perredista Jaime Vargas a la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), el 1 de julio pasado, trajo como consecuencia la salida de varios funcionarios de esa entidad. En las últimas semanas, se han dado una serie de despidos a lo interno del Legislativo, como el de Rupilio Ábrego, el diputado suplente de Benicio Robinson y copartidario de Vargas.
La destitución de Ábrego como “asesor segundo” en la Asamblea fue notificada por el departamento de Recursos Humanos, a través del Edicto No. 017 y el Resuelto No. 048, ambos del 14 de julio de 2023.
Ábrego, que devengaba como asesor $3 mil mensuales fue uno de los diputados perredistas que apoyó a Crispiano Adames en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en las primarias del 11 de junio pasado. Adames perdió; ganó el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, a quien apoyó Robinson. Como Vargas es un incondicional de Robinson, le tocó estar con Carrizo.
La baja de Ábrego se suma a la de la exdiputada María Chelita Delgado, quien denunció que se le había despedido de su cargo de asesora en la AN. Delgado subdefensora de los miembros del PRD, también apoyó a Adames.
Para nadie es un secreto que Vargas fue el candidato que Robinson escogió para presidente del Legislativo y que luego la bancada avaló.
Los diputados suplentes solo pueden ocupar la curul cuando son habilitados por el principal. Una estrategia que usan los directivos de la Asamblea para asegurarle un salario a los suplentes es permitirle que ejerzan funciones en otros despachos.
Aunque todavía Vargas no ha hablado del tema pese a que este medio le ha solicitado una entrevista, en los pasillos del Legislativo aseguran que se trata de un “pase de factura” de Robinson a los que apoyaron a Adames.
“Benicio [Robinson] siempre ha sido egocéntrico. Todo se tiene que hacer en función de lo que él crea o considere”, dijo una fuente del Legislativo.
Hace un mes, Adames pidió públicamente a los seguidores de Carrizo, desde el pleno legislativo, que dejen la actitud “anti PRD y anti liderazgo”. Según Adames, se está desconociendo la autoridad con la cual “firmé nombramientos de plazas, creadas por nosotros, satisfaciendo el clamor de muchos sectores que en el PRD o alianzas no habían sido considerados”.
Solo en 2022, cuando Adames era el presidente, la Asamblea $230 millones 558 mil 588, un total de $86 millones 603 mil 72 más de lo que se le había asignado inicialmente en el presupuesto general del Estado correspondiente a ese año. De ese gran total, $201 millones 948 mil 483 correspondieron a funcionamiento, renglón que abarca el pago de planilla.
Durante la gestión de Adames se aprobó la ley 353 de 2023, sobre la carrera legislativa, propuesta por el diputado perredista y miembro del CEN, Raúl Pineda, que establece un procedimiento especial para que cualquier funcionario que tenga al menos dos años en la planilla permanente de la Asamblea Nacional, pueda ingresar a la carrera legislativa, “sin necesidad de concurso”.
Al establecer solo dos años (y no cinco, como era antes) y evitar los concursos -según ha explicado el exdirector de la Carrera Administrativa del Estado, David Montenegro- se blinda a funcionarios nombrados por el PRD, que controla la Asamblea Nacional.
La administración de Vargas está revisando quiénes pudieron ingresar a la carrera legislativa, gracias a la Ley 353 de 2023.
A lo interno del Legislativo. hay quejas de cómo se está llevando a cabo dicho proceso.
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¿Nuevas vacantes?
Para el próximo año, la Asamblea contará con un presupuesto que asciende a $206 millones; es decir, $62.8 millones más que este año, que fue de $143 millones 955 mil 516.
El miércoles pasado, Vargas, solicitó a la Comisión de Presupuesto de la AN, que dirige el diputado Robinson, una partida de $1 millón 59 mil 687, para pagar a 54 funcionarios que se acogieron a un retiro voluntario.
Ahora surge la duda si esos 54 funcionarios que se van serán remplazados. Esto, debido a que en la Asamblea existió el debate de que funcionarios que se acogieron al retiro voluntario querían regresar; al menos así lo indicó el diputado independiente Juan Diego Vásquez.
Vargas aseguró que no se llenarán las plazas, sin embargo, Robinson le pidió al director de Presupuesto General del Estado, Carlos González, que le señalara en qué instituciones la ley permite que personas que se hayan retirado regresen por necesidad. “No hay algo específico que permita el retorno de una persona o devolver la posición”, dijo González.
Esta nota fue modificada el 24 de agosto a las 11:30 a.m., para aclarar que, en el último párrafo de esta nota publicada el pasado sábado 19 de agosto, se escribió la frase: “pero Robinson dejó claro que es de la tesis de que no porque los funcionarios se hayan retirado, no pueden regresar”. En la misma se omitió decir que el diputado se refería a que la plaza de trabajo pueda ser reabierta por temas relativos a servicios médicos, educativos y otros, con fin social.
