Pánico. Con esa palabra Johana describe la sensación que tuvo cuando fue detenida por la policía cuando besaba a su novia, la psicóloga Valentina Hernández, en una calle del Casco Antiguo hace dos semanas.
Mientras su pareja enfrentaba a los policías solicitando una razón legal para la detención, Johana optó por mantener un sepulcral silencio.
El sudor frío y la puntada en el estómago, típicas del miedo, se apoderaron de ella justo cuando 10 funcionarios del Sistema de Protección Integral (SPI) la ingresaban a una camioneta sin identificación, por demostrarle afecto a su pareja.
Por su mente pasaba el recuerdo de dos amigas, una de ellas menor de edad, que cuatro años atrás habían sido ultrajadas por funcionarios policiales al ser descubiertas besándose en la avenida Balboa, “cuando aún no existía la cinta costera”.
Ese abuso policial no fue denunciado por las agraviadas, pues el temor a ser expuestas al escarnio público, el posible rechazo de los padres al descubrir su orientación sexual y el miedo a la posible represalia de las autoridades, pesó más que las ganas de hacer la denuncia.
Pasado el susto de haber sido requisada “desnuda en contra de su voluntad” por parte de una funcionaria policial, y de ser encerrada por varias horas en una celda “oscura y de mal olor”, Johana sintió al día siguiente que ni su historia ni la de sus amigas debería repetirse.
A pesar de temer al rechazo de su familia, el pasado día martes 5 de abril, junto con su pareja acudió a la Defensoría del Pueblo para interponer una denuncia en contra de los funcionarios que realizaron el procedimiento, y de esta manera solicitar una disculpa pública por lo sucedido.
El paso dado por Johana no fue el mismo que dio Arturo, un psicólogo que al igual que la protagonista de la detención en el Casco Antiguo, prefiere no revelar su verdadera identidad.
Justo cuando le susurraba a su pareja un pensamiento, estando en su carro, sintió que un funcionario policial lo observaba. Tras pedirles a ambos su identificación, el uniformado preguntó la profesión de ambos.
“Al escuchar mi respuesta el policía me dijo : ‘¿Qué pasó doctor? ¡Está fallando!”, escribió días más tarde en su blog personal al rememorar lo sucedido.
“Es un tema de prejuicios sociales. Yo tengo varios pacientes homosexuales y me comentan que el tema de los abusos policiales es algo constante. El problema es que si la misma autoridad es la que está abusando, ¿ante quién vas a denunciarlos, ante ellos mismos? ”, se pregunta el psicólogo quien prefiere reservar su identidad por temor a que los padres de varios menores que tiene como pacientes decidan suspender las consultas.
Para atender denuncias de abusos policiales, la Defensoría del Pueblo tiene una oficina de Protección de Derechos Humanos, explica Eduardo Gómez, director de Orientación al Ciudadano de este despacho gubernamental.
Las denuncias en esta oficina pueden ser de dos maneras: anónimamente a través de la línea telefónica (500-9800) o presentándose en las oficinas del despacho en calle 50.
En Panamá no hay un estudio que contabilice a la población de acuerdo a su orientación sexual.
En Estados Unidos, un estudio del Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, en Los Ángeles, dado a conocer por la agencia EFE, indica que en ese país, 9 millones de personas se identifican como homosexual o bisexual.
Sin embargo, “se calcula que 25.6 millones de personas (11% de la población) reconocen que han sentido atracción por otra persona del mismo sexo alguna vez”, añade el estudio.
