El peculado, delito que implica la apropiación indebida de bienes públicos, representó el 63% de los casos por delitos contra la administración pública en Panamá entre 2018 y 2024. Sin embargo, de las 453 personas procesadas por delitos administrativos, el 33% (149) resultó absuelto, y se logró condenas en el 67% (304 sentenciados).
Los datos están contenidos en el Estudio y Análisis de Sentencias por Delitos de Blanqueo de Capitales y Contra la Administración Pública, elaborado por el Ministerio Público y la Dirección de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
¿Condenas insuficientes?
Aunque el 67% de los procesados recibió condena, para algunos conocedores del tema esta cifra es insuficiente frente a la magnitud del daño que representan estos crímenes. El Sistema Penal Acusatorio, implementado en su totalidad en 2016, ha mostrado un mejor desempeño, con el 93% de sentencias condenatorias, mientras que el Sistema Inquisitivo alcanzó el 51%.
El impacto económico de las sentencias tampoco es alentador. Aunque de acuerdo con el informe, se han recuperado más de $50 millones en bienes y efectivo, esta cifra resulta insuficiente frente al drenaje sistemático de los recursos públicos, lo que en consecuencia, afecta directamente los servicios básicos, la infraestructura y el desarrollo del país.
Algunos ejemplos
Por ejemplo, uno de los casos judiciales relacionados con la compra de comida deshidratada implicó un desembolso de $14 millones. El extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) gestionó ese monto supuestamente para alimentar a niños de escuelas pobres del país, pero el asunto derivó en un sonado caso de peculado que implicó a exfuncionarios del período 2009-2014, entre ellos Giácomo Tamburrelli, exdirector del PAN.
También se investiga peculado en el manejo de los fondos asignados al proyecto de la vía Domingo Díaz, una obra que, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría, terminó costando $237.5 millones, aunque el precio razonable de esa infraestructura era de $190.2 millones. En este caso, se procesa al exministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, y al exadministrador de contratos de esa entidad, Jorge Churro Ruiz, por la presunta comisión de peculado.
En agosto de este año, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó al exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Javier Tejeira, a 60 meses de prisión por el delito de peculado doloso, debido a irregularidades en la construcción de la Ciudad Deportiva de David, en la provincia de Chiriquí.
Por el delito de peculado, la jueza Águeda Rentería también aplicó una condena de 72 meses de prisión al exvicealcalde del municipio de Panamá, Iván Arturo Arrocha.
La investigación sobre Pandeportes se inició en 2015, después de que la Contraloría detectó una posible lesión patrimonial de $8.5 millones. Se hicieron desembolsos por $9 millones, aunque el proyecto, que incluía un estadio de béisbol, un velódromo y un gimnasio multiuso, solo tenía un avance del 4.4%.
Tejeira también fue condenado a 60 meses de prisión por peculado culposo debido a irregularidades en la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón.
La corrupción
La corrupción representó el 13% de los delitos contra la administración pública, según el documento hecho público recientemente. Le siguen los delitos contra los servidores públicos (13%), la concusión y la exacción (2%), el tráfico de influencias (1%), el abuso de autoridad y la infracción de los deberes de los servidores públicos (1%), la violación de sellos públicos (1%) y otros delitos (10%).
El día que se dio a conocer el documento, el procurador Javier Caraballo propuso aumentar las penas para los delitos de corrupción, argumentando que, en muchos casos, los implicados no son sancionados debido a la prescripción de los procesos judiciales, que suelen extenderse por varios años y superar la duración de la pena establecida. Destacó que la prescripción impone una gran presión sobre los fiscales, quienes deben concluir las investigaciones de manera rápida, sin comprometer el derecho a la defensa ni las garantías fundamentales de los acusados.
Esto fue lo que ocurrió en el emblemático caso Odebrech, causa judicial en la que venció el delito el delito de corrupción. Esta medida benefició al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. De hecho, la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado a pagar $50,271 a favor de Frank De Lima Vargas, padre del exministro de Economía y Finanzas, dado a que en medio del proceso se le incautó una finca, pues se sospechaba de que había sido adquirida con fondos ilícitos.
Lea aquí: El delito perdido del caso Odebrecht
La otra mirada del incremento de las condenas
A pesar del incremento en las condenas por estos delitos, que pasaron de 30 en 2019 a 90 en 2023 (un alza del 200%), los acuerdos de pena representan un porcentaje significativo de las resoluciones. Aunque útiles para reducir tiempos procesales, estos acuerdos pueden ser interpretados como un mecanismo que favorece penas menores y reduce la percepción de justicia.
En delitos como el tráfico de influencias o el abuso de autoridad, las condenas contra altos funcionarios siguen siendo escasas, perpetuando la sensación de impunidad. La falta de sanciones ejemplares y la opacidad en algunos procesos dificultan la construcción de una confianza pública sólida en las instituciones judiciales.
El blanqueo de capitales
Por otro lado, el blanqueo de capitales sigue siendo un desafío crítico. De las 345 personas procesadas por este delito, el 63% enfrentó cargos relacionados con el tráfico de drogas como delito precedente, lo que resalta el vínculo entre el narcotráfico y el lavado de dinero. A pesar de que el 88% de los procesados fueron condenados, la mayoría resolvió sus casos mediante acuerdos de pena.
En medio de la presentación del informe, Diego Luciani, el fiscal que lideró la investigación que resultó en la condena de la expresidenta argentina Cristina Kirchner, argumentó que investigar casos de blanqueo de capitales y corrupción genera una presión significativa para quienes asumen estas tareas. En su caso, comentó que enfrentó fuertes presiones políticas y mediáticas destinadas a obstaculizar su labor. Afirmó que perseguir estos delitos expone a los funcionarios encargados a constantes amenazas.
Javier Caraballo termina sus funciones en la Procuraduría General de la Nación, el próximo 31 de diciembre. Lo reemplazará Luis Carlos Gómez.
