De acuerdo con las comunicaciones obtenidas por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) utilizando el sistema de espionaje Pegasus, la abogada, diputada y actual candidata presidencial Zulay Rodríguez defendió los intereses de un comerciante beliceño buscado por estafa en Estados Unidos, de un ciudadano puertorriqueño acusado de tramar un plan para secuestrar al entonces presidente de Panamá, de un presunto capo mexicano solicitado en extradición por Estados Unidos y de un venezolano que no declaró unos lingotes de oro mientras hacía tránsito en el aeropuerto de Tocumen, entre otros.
Estas comunicaciones, a las que el diario La Prensa tuvo acceso, fueron obtenidas en los dos últimos años del gobierno de Ricardo Martinelli (2012-2014).
El Enano y Pamago
El más mediático de estos cuatro clientes de Rodríguez seguramente sea el beliceño Lidio Albino Rancharán, presidente del grupo Bannorth, una firma que ofrecía servicios de financiera sin ningún permiso o autorización por parte de las superintendencias de Bancos de Panamá (SBP) o del Mercado de Valores (SMV), entidades que incluso emitieron advertencias. Rancharán conoció a Rodríguez porque supuestamente se la presentó Héctor Rojas (q.e.p.d.), alias El Enano. En 2011, acordaron que Rodríguez -que había dejado de ser juez suplente penal en 2010, se había inscrito en el PRD y ejercía la abogacía- lo defendería en un secuestro civil promovido por Global Cash Costa Rica, S.A., contra el grupo Bannorth. En el camino, la relación se torció y Rancharán empezó a contar detalles de su relación con Rodríguez. Por ejemplo, dijo que la abogada le había pedido dinero para pagar a magistrados y así favorecer el resultado de su pleito legal.
Poco después, Rancharán se buscó un nuevo abogado: Ítalo Antinori. Aquello fue el principio del fin: Rodríguez denunció que Rancharán, de la mano de Antinori, fue recibido en la Corte Suprema de Justicia por José Abel Almengor, quien entonces se estrenaba como magistrado de la Sala Penal. Según ella, la reunión era para influir en el resultado final del caso.
Eventualmente, el 14 de abril de 2011, Almengor (que fue denunciado hasta en cinco ocasiones en la Asamblea Nacional) presentó su renuncia y Rodríguez solicitó la declaratoria de reo rebelde y la expedición de una orden de captura o conducción de su excliente.
Después, en diciembre de 2012, Rancharán y Rodríguez pactaron un “acuerdo privado” en el que el primero se comprometió a pagar $150 mil a su exabogada, “en concepto de indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales causado por las difamaciones, injurias y calumnias cometidas el 6 de julio de 2010, en el programa noticiero matutino de Telemetro Canal 13 y en los diarios La Crítica, La Estrella de Panamá y el Panamá América”, según consta en los documentos obtenidos por el CSN.
Rodríguez, Almengor y Antinori estuvieron ligados a un supuesto plan fraguado desde la Presidencia de la República, para expulsar del cargo a la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Polanco y la querella a Martinelli
En los archivos también hay referencia a Isaac Polanco, un ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico, que fue detenido y acusado en julio de 2010 por tramar un plan para secuestrar al entonces presidente Martinelli. Al año siguiente, Rodríguez presentó una querella penal por supuesta violación a los derechos humanos y extralimitación de funciones contra Martinelli, en la que alegaba que mientras Polanco estuvo en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) fue objeto de múltiples torturas. Incluso contó que Martinelli se presentó en la sede de la DIJ y “lo golpeó mientras se encontraba esposado”.
Polanco, aunque fue sobreseído, fue deportado y, desde Puerto Rico, narró todo esta experiencia en una entrevista con el periodista Álvaro Alvarado, vía Skipe.
El Abuelo
En los documentos también consta que Rodríguez asesoró al mexicano Juan José Juárez Orozco, a.k.a. El Abuelo, miembro del grupo criminal La Unión Tepito, solicitado en extradición por Estados Unidos.
El Abuelo fue detenido cuando hacía una escala en el aeropuerto de Tocumen, el 20 de marzo de 2012 y, acto seguido, contrató los servicios profesionales de Rodríguez. En el acuerdo entre las partes al que tuvo acceso La Prensa consta que la abogada debía gestionar la “defensa, representación judicial e interposición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de incidente de objeciones al proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos de América en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesta implicación en delito de tráfico de drogas y a fin de revocar la Resolución 110-12 de la Procuraduría General de la Nación, que ordena su detención preventiva con fines de extradición y la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que autoriza la extracción de el cliente”.
¿Cómo se conocen Rodríguez y El Abuelo? Según el portal Infobae, que citó esta semana el libro Cartel Chilango, de Antonio Nieto, los presentó El Enano.
Por estas gestiones, Juárez (que fue encerrado en La Joya) acordó pagar un millón de dólares: $400 mil para los gastos y $600 mil como retribución a Rodríguez, según está descrito en los documentos captados por el CSN.
Rodríguez fundamentó su defensa en que su cliente no era la persona requerida en extradición, alegando que Juárez no tenía las características físicas descritas por la embajada de Estados Unidos: hispano de piel blanca, ojos color café y cabello canoso. Su defendido, insistió, tenía los ojos y el cabello negros. Pensaría que esa contradicción daba margen suficiente para pedir la liberación de Juárez, pero no lo logró: el 8 de noviembre de 2013, el mexicano fue extraditado a Estados Unidos desde Panamá y presentado, dos días después, ante un juez de la Corte de Brooklyn, Nueva York, acusado de traficar toneladas de cocaína desde Centroamérica a la costa atlántica de México y, finalmente, Estados Unidos.
El otro oro
El venezolano Juan Mauricio Becerra Cardona fue detenido cuando hacía escala en Tocumen procedente de México y se disponía a abordar un vuelo a Barranquilla, Colombia. Los funcionarios del Departamento de Fiscalización Aduanera le encontraron cuarto paquetes envueltos en papel transparente.
“Al abrirlos, resultaron ser barras de color plateado que, al rasparlos, reflejaron color amarillo y ser láminas de oro”, menciona el recurso de habeas corpus presentado por Rafael Araúz, socio de Rodríguez, a favor de Becerra. Este documento está entre la información captada por el CSN.
“El peso que registró dicho material fue de 39.95 kilogramos” (o 71 láminas), agrega el recurso.
El 10 de febrero de 2010 (el último año en que Rodríguez ejerció como juez suplente penal), el Administrador Regional de Aduanas (zona aeroportuaria) acusó a Becerra del delito de defraudación aduanera, imponiéndole una multa de $2.4 millones, convertibles en días multa (un día de arresto por cada $2), lo cual representó tres años de arresto.
En la base de datos también aparece el contrato (sin firmar) en el que las partes acuerdan que, mientras no se cancele la retribución, Rodríguez podrá disponer de las láminas de oro recuperadas, para cubrir los gastos de honorarios profesionales. El resto se le entregará a los clientes. No se menciona qué valor tendrían en el mercado las 71 láminas de oro que le incautaron a Becerra en Tocumen.
Este caso tiene características muy parecidas al del fallecido mexicano José Luis Penagos.
Rodríguez actualmente es investigada por la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y prevaricato, por apropiarse de 66 kilos de oro incautados a Penagos, cuando hacía escala en Tocumen, rumbo a Colombia.
La diputada ha dicho que se quedó con el oro de Penagos, como pago por sus servicios profesionales.
La audiencia de imputación de cargos no ha podido celebrarse, porque Rodríguez (entre otras cosas) no ha comparecido personalmente.
