La Dirección de Asistencia Social (DAS) mantiene su sede regional en la provincia de Herrera en el edificio Stragos, pese a que la Contraloría General de la República aseguró que el pago del alquiler correspondiente al año 2022 “no procede”, por conflicto de interés.
Es decir, que la deuda y el litigio se siguen prolongando, luego de que la Contraloría advirtió que como Eduardo Cerda Quintero, propietario del local alquilado, es funcionario del Ministerio de la Presidencia desde el 3 de mayo de 2021 y la DAS está bajo el paraguas de esa cartera, esa relación comercial riñe con el artículo 309 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: “los servidores públicos no podrán celebrar por sí mismos o por interpuestas personas, contratos con la entidad u organismos en que trabajen cuando éstos sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan”.
La posición de la Contraloría es consecuente con la opinión del procurador de la Administración, Rigoberto González, quien remarcó que ese artículo de la Carta Magna prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con la entidad en la que labore. También citó el Decreto Ejecutivo 246 del 15 de diciembre de 2004, que dicta el Código Uniforme de Ética de Servidores Públicos, y la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, que advierten lo mismo.
Un comunicado
La DAS, que dirige Francisco Israel Rodríguez, envió ayer miércoles un comunicado, en el que aseguró que “se están realizando las consultas respectivas para determinar si hay o no conflicto de interés”.
La posición de la institución surge pese a que tanto la Procuraduría de la Administración y la Contraloría General de la República ya advirtieron que existe conflicto de interés. El boletín de prensa también dice que, respecto a los arriendos correspondientes al año 2022, “no han desembolsado pagos, hasta que Asesoría Legal no tome una decisión en el caso”.
La Contraloría se niega a refrendar los pagos del alquiler de 2022 de la DAS en Herrera, porque el dueño del edificio es un funcionario del Ministerio de la Presidencia. https://t.co/guoDP9hxbs
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 19, 2023
La entidad también explicó que cuando se realizó dicha contratación, el propietario del inmueble, Eduardo Cerda Quintero, ocupaba un cargo en el gobierno, pero no en la Presidencia: era director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y que luego, en el 2021, cuando se renovó el contrato, pasó a ser funcionario del Ministerio de la Presidencia. Todos estos detalles están consignados en la nota Alto funcionario y contratista; conflicto de interés en las entrañas de la Presidencia de la República publicada en La Prensa, el miércoles 19 de abril.
Por el arriendo del local, la DAS acordó pagar $21 mil 975.60 al año, lo que equivale a $1,831.30 por mes. Cerda, cuyo nombre está en la planilla de la Presidencia de la República, figura con el cargo de director ejecutivo institucional, con un salario mensual de $4 mil y otros $2 mil como gastos de representación; es decir, gana igual que un viceministro.
En la práctica, Cerda es el coordinador regional del Centro de Operación Nacional (CON) en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.
Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad a cargo de Elsa Fernández, sostiene que, según la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, sobre conflictos de interés, es la entidad regente en materia de conflicto de interés y puede investigar, imponer multas y recomendar la destitución del funcionario. Antai, ante una consulta de La Prensa, aseguró que “dará inicio al proceso de investigación correspondiente, a fin de salvaguardar el orden constitucional y legal que debe reinar en las diferentes instituciones del Estado”.
Cerda afirmó a La Prensa que su familia está en el negocio de bienes raíces desde 1971 y a eso se ha dedicado en su vida profesional privada. Insiste que no existe un conflicto de interés en el alquiler al DAD, ya que tiene refrendo de la Contraloría. Sin embargo, aquí no mencionó la negativa de esta entidad a confirmar los pagos correspondientes a 2022, precisamente por conflicto de interés.
Reacciones
El diputado Juan Diego Vásquez coincide que hay un conflicto de interés y pidió sancionar a las partes involucradas.
“El artículo 309 de la Constitución es claro. Cerda trabaja para el Ministerio de Presidencia. El DAS forma parte del mismo ministerio. Están haciendo contratos para favorecerse entre ellos y hacerse de dineros de todo el país... Se debe investigar a ambos funcionarios y sancionarlos de acuerdo a la ley. Hay que dar el ejemplo”, afirmó.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, manifestó que desde el momento en que Cerda empezó a trabajar en la Presidencia, se produce el conflicto de interés.
“Cuando él asume salarios y funciones de servidor público, entra en el conflicto de interés. No hay tal cosa como decir él, que por el hecho de que el contrato se dio anteriormente. Sencillamente, como todo lo que tiene que ver con los fondos públicos, no puede haber esa discrecionalidad. Para eso existe toda esta normativa que está aquí citada. También está en la propia ley de prevención de conflictos de intereses. Por eso la gente hace su declaración de intereses”, resaltó.
De Obadía agregó que “lastimosamente” este tipo de situaciones se ven a menudo y todo se maneja según la “discrecionalidad” de quien otorga el contrato en nombre del Estado.
El profesor de derecho administrativo y experto en contrataciones públicas, Carlos Gasnell Acuña, recordó que la misma Constitución Política prohíbe que los servidores públicos contraten con la institución que laboran.
“La ley de conflictos de interés ayuda a determinar cuáles son los intereses de ciertos funcionarios, para cruzar información. El problema se da cuando alguien que contrata con la institución, luego es contratado por la misma. Las normas deberían prever todas estas situaciones que se pueden dar en la práctica y debería haber una solución legal y razonable para resolver el conflicto de interés sobrevenido”, sugirió.
