Piden a Cortizo retirar el proyecto que deroga la ley de transparencia: ‘Es un retroceso en la lucha contra la corrupción’

Veintiún gremios y organizaciones de la sociedad civil solicitan al presidente Laurentino Cortizo que retire formalmente el proyecto que deroga la Ley de Transparencia de 2002 y remplaza esa norma por una nueva legislación “que favorece la falta de transparencia, la discrecionalidad de funcionarios llamados a protegerla y la burocracia en la búsqueda de información por parte de los ciudadanos”.

“Creemos que este proyecto de ley representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en nuestro país, además de que no cumple con los parámetros de la ley modelo interamericana 2.0 de la OEA”, señala la carta a Cortizo, fechada este martes 5 de septiembre, con copia a Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai); el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, y el procurador de la Administración, Rigoberto González.

También se ha enviado copia de la nota a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unesco y el Sistema del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Panamá.

En la carta también se alega que, cuando faltan ocho meses para las elecciones general del 5 de mayo de 2024, no es momento para modificar la Ley 6 de 2002, porque “el ambiente político electoral que estamos experimentando no favorece el debate que debe contar con la más alta participación ciudadana”.

Las organizaciones y gremios firmantes consideran que la Ley 6, que en enero pasado cumplió 21 años, cumple con las necesidades de transparencia. “El problema radica en la falta de compromiso de los funcionarios en cumplirla”, puntualiza.

En la nota también se le recuerda a Cortizo que, el 29 de enero de 2019, cuando era candidato presidencial, fue firmante del #RetoTransparencia2019, un compromiso que además incluyó en su plan de trabajo y que lo emplaza a actualizar la ley orgánica de Antai y al “estricto cumplimiento y refuerzo de la Ley 6 de 2002″.

Entre los firmantes están la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Cívitas Panamá, la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, las fundaciones para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) y Espacio Cívico y el Movimiento Independiente (Movin), entre otros.

También los gremios periodísticos como el Consejo Nacional de Periodismo (CNO) y el Fórum de Periodistas para la Libertad de Expresión e Información, y ocho ciudadanos particulares: Angélica Maytín, Aurelio Barría, Enrique de Obarrio, Fernando Berguido, Roberto Eisenmann, Juan Antonio Tejada, Juan McKay y Rubén Arosemena.

El proyecto de ley 1031 fue presentado por el ministro de la Presidencia, José Simpson, el 27 de abril pasado y lo impulsa directamente la directora de Antai. Actualmente, está pendiente de primer debate por la comisión legislativa de Gobierno, la cual encargó un informe a una subcomisión que la semana pasada escuchó varias opiniones sobre el proyecto.

Mónica Palm

Jefe editorial.