Piden a la Contraloría vigilar los gastos de representación

La Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís, tendrá que atender una denuncia administrativa sobre presuntas irregularidades en la asignación de gastos de representación en los gobiernos locales.

Un escrito con esta petición fue presentado ayer viernes 3 de junio por el abogado Ernesto Cedeño, ante el despacho del contralor Solís. El documento plantea, entre otras cosas, que en municipios del país hay alcaldes y otros funcionarios cobrando gastos de representación que podrían estar violando la Constitución. Puso como ejemplo el caso del distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí.

En el recurso, el abogado cita la Gaceta Oficial 29544 del 25 de mayo de 2022, donde se publicó el Acuerdo Municipal 012-2022 del 28 de marzo de 2022, en el que el Consejo Municipal de San Lorenzo aprobó aumentar al menos cinco veces los gastos de representación que recibe el alcalde de esa comuna. César Raúl Hernández, el alcalde de San Lorenzo, pasó de recibir $400 al mes en gastos de representación a $2 mil 100. En ese acuerdo se aprobó trasladar $30 mil del presupuesto asignado a los gastos de movilización, al renglón que pagaría ahora los gastos de representación. Además del alcalde, otros funcionarios de la comuna recibirán el beneficio.

La práctica del cobro de gastos de representación surge a raíz de que en marzo pasado, debido a la presión ciudadana, la Contraloría se vio obligada a suspender los gastos de movilización que recibían alcaldes y representantes de corregimiento del país.

Cedeño afirma, además, que estos gastos de representación se hacen con “efectos retroactivos”, cuando esto no aplica, ya que, añadió, “los únicos beneficiados son unos pocos y no la sociedad; por consiguiente, la norma no es de interés social ni mucho menos de orden público”.

El abogado le solicitó a la Contraloría que “ponga ojo” a todos los actos administrativos que promulguen los municipios en la Gaceta Oficial y, sobre todo, los que tienen que ver con gastos de representación, pues, a su juicio, “están buscando la manera burda de aumentar su salario en detrimento de las necesidades del pueblo”.

Quintiq

Cedeño, dueño de la firma forense Estudio Jurídico Cedeño, además pidió a la Contraloría que investigue cómo se dio la contratación del software Quintiq, que adquirió la Autoridad del Canal de Panamá a un costo de $18.5 millones, tema que está en el centro del debate porque supuestamente la tecnología no se implementó.

En el documento, el abogado pide saber si hubo o no una lesión patrimonial. El software se adquirió durante la administración de Jorge Luis Quijano, quien dijo a este medio que no es que la plataforma no funciona, sino que el contratista Platinum no pudo generar las programaciones optimizadas de tránsitos que se esperaban.