La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) hizo un llamado al Ejecutivo para que retire de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1031 que busca derogar la Ley 6 de 2002 de Transparencia, tras considerarlo como un “retroceso” al acceso de la información.
Una vez lo haga, indicó RedLad, debe promover una mesa amplia de consulta ciudadana, nacional y provincial, que incluya a las comunidades de base.
En un comunicado, la red destaca que indudablemente la ley debe ser revisada, pero no reemplazada como se pretende. Señala que debe ser adecuada a la era de la información digital.
Indica que esta ley de transparencia, pionera en la región, ha servido a la población panameña a lo largo de 21 años en la etapa clave de consolidación democrática post dictadura militar.
“Pretenden, en efecto, reemplazar la Ley de Transparencia mediante su derogación, sin consulta ciudadana amplia y democrática, sin reformas a la ley de ANTAI para garantizar su imparcialidad, sin reformas a la ley de protección de datos personales para que no sea usada para ocultar información de naturaleza pública y lo hacen en pleno proceso electoral, a ocho meses de los comicios generales de mayo de 2024″, agrega RedLad.
Múltiples ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, representando a su vez diversos sectores, están alzando “la voz de alarma” ante este proyecto de ley inconsulto, agrega.
RedLad destaca algunos de los retrocesos del proyecto de ley 1031:
- Exime de responsabilidad individual por la entrega de la información a funcionarios y jefes de despacho, además de la eliminación de casi todas las sanciones por incumplimiento, a través de una nueva estructura burocrática de transparencia en cada entidad pública, que implicará más nombramientos en la planilla estatal, centralización y burocratización, desmejorando un proceso de petición que hoy es directo, simple y descentralizado.
- Esta disminución de la responsabilidad de los funcionarios que trae el proyecto 1031 impacta también en la efectividad de dos artículos de la ley de protección de datos personales que priorizan el interés público y la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos cuando la información deba ser entregada por funcionarios por razón de sus obligaciones públicas. Ayudará a blindar aún más informaciones de naturaleza pública que hoy se oculta bajo una interpretación errada de la ley, como el escandaloso caso de los “auxilios económicos” otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos para beneficiar a allegados de figuras políticas y de servidores públicos.
- Elimina el poder de los tribunales que conocen las acciones de Hábeas Data, pues desaparece todo el régimen sancionatorio cuando hay desacato a las órdenes de Hábeas Data que emita el Órgano Judicial. El golpe a la función judicial no se limita a esto, ya que el proyecto erige a la ANTAI como institución rectora y garante, con nuevos poderes para dirimir administrativamente los incumplimientos, las informaciones que pueden declararse de acceso restringido o confidencial y otras instancias que requieren imparcialidad e independencia, y que obligará al peticionario a agotar esta vía administrativa, antes del Hábeas Data, en lo que constituiría una auténtica usurpación de competencia judicial, por una entidad política completamente dependiente del Órgano Ejecutivo.
- Amplía a todas las instituciones del Estado la reserva de información en trámites de todo tipo de procesos y autoridades responsables, y se elimina su apertura una vez estén ejecutoriados.
- Abre la puerta para el uso de la ley de transparencia como instrumento de acoso, hostigamiento y persecución a las organizaciones, asociaciones, gremios y otros que critiquen o cuestionan las decisiones gubernamentales, especialmente aquellas ligadas a la rendición de cuentas y transparencia, incluyéndolos como sujetos obligados con una regla general que no establece limitaciones por su condición de personas jurídicas privadas.
- El laberinto jurídico que crea este proyecto de ley, sumado a la discrecionalidad del nuevo órgano garante, generan un escenario de impunidad asegurada para los funcionarios que elijan la vía de la opacidad, con el consecuente impacto en una merma en la rendición de cuentas y un aumento en los mecanismos ocultos de la corrupción.
