Durante el quinquenio 2019-2024, la Asamblea Nacional destinó casi 134 millones de dólares a la planilla 172, un mecanismo de contratación por servicios profesionales que benefició a diputados y bancadas políticas, operando con poca transparencia.
Conocida popularmente como cashback, esta planilla generó controversia debido a denuncias sobre la devolución obligatoria de parte de los fondos a los diputados, un esquema que se mantuvo en la sombra durante años.
A pesar de los cuestionamientos, su uso continuó hasta su eliminación en julio de 2024, cuando Dana Castañeda asumió la presidencia de la Asamblea, dejando interrogantes sobre el destino de los recursos y las prácticas de manejo presupuestario en el órgano legislativo.
Polémica gestión
Entre 2019 y 2024, la presidencia de la Asamblea Nacional estuvo dominada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con tres figuras clave al frente. Marcos Castillero asumió el cargo el 1 de julio de 2019 y lo mantuvo hasta el 1 de julio de 2021, seguido por Crispiano Adames, quien dirigió el órgano legislativo hasta el 1 de julio de 2023. Posteriormente, Jaime Vargas ocupó la presidencia desde esa fecha hasta el 30 de junio de 2024.
Datos de la Contraloría General de la República revelan cómo se distribuyeron los fondos de la planilla 172 durante estos tres períodos presidenciales en la Asamblea Nacional, destacando un incremento significativo en las gestiones de Crispiano Adames y Jaime Vargas.

El uso de fondos destinados a la planilla 172 experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años, alcanzando su punto más alto en 2023 antes de registrar una reducción en 2024. En 2019, el monto asignado fue de 528 mil dólares, pero para 2020 se disparó hasta los 9.8 millones.
La tendencia continuó al alza en 2021 con 23 millones, mientras que en 2022 y 2023 se alcanzaron cifras récord de 34.1 y 38.6 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2024, la cantidad utilizada cayó a 27.5 millones, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de estos recursos.
Períodos legislativos
Durante las gestiones de Crispiano Adames y Jaime Vargas como presidentes de la Asamblea Nacional, el uso de la planilla 172 estuvo en su punto más alto. Bajo la presidencia de Adames, se dispusieron cerca de 64.9 millones de dólares para todos los diputados, mientras que en el período de Vargas el monto fue de aproximadamente 46.8 millones.
En contraste, Castillero manejó una cifra considerablemente menor, con 21.8 millones. La diferencia en estos montos ha generado interrogantes sobre la distribución y el destino de los fondos, particularmente en los períodos donde el gasto fue más elevado.
Una planilla bajo la sombra
Para comprender el alcance de este gasto, es importante destacar que la Asamblea cuenta con varias planillas, entre ellas la 001, correspondiente a funcionarios permanentes, y la 002, destinada a empleados transitorios. Hasta el 1 de julio de 2024, también existía la planilla 172, utilizada para contratos por servicios profesionales.
Sin embargo, la caja de Pandora se destapó en 2018, cuando, tras investigaciones de La Prensa y exigencias de la ciudadanía, el entonces contralor, Federico Humbert, se negó a refrendar la partida 172, conocida popularmente como cashback (o devolución de dinero).

Las investigaciones revelaron que en esta planilla figuraban exdiputados, familiares de legisladores y funcionarios de administraciones pasadas. En muchos casos, los contratados no prestaban ningún servicio a la Asamblea y, según denuncias, debían devolver entre el 90% y el 95% del monto asignado. Estas prácticas, ampliamente criticadas, convirtieron a la planilla 172 en un símbolo de clientelismo y posible malversación de fondos públicos.
A pesar de la negativa de Humbert, con la llegada del PRD al Gobierno en 2019, se reactivó la planilla 172. De hecho, entre 2019 y 2024, esta planilla representó un gasto total de 134 millones de dólares.